Desde hace algún tiempo la atención de todos los representantes elegidos y de los partidos y dirigentes políticos y candidatos presidenciales, no solo a escala regional sino también internacional, se ha dedicado al tema de la corrupción y a la lucha contra la misma, en su doble dimensión de la prevención y la represión.
En el debate político en materia de corrupción el concepto de prevención es un elemento complementario de la política de represión. En tanto que las intervenciones de represión tienen por objeto, esencialmente, impedir los comportamientos delictivos o criminales y de riesgo, y castigar a los delincuentes con responsabilidades explícitas definidas, así como la actividad de prevención abarca tanto la evaluación, minimizar vulnerabilidades y riesgos, como evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) el impacto adverso de la existencia de estas distorsiones (amenazas) potenciales. De hecho, garantizar que las decisiones gubernamentales no han sido indebidamente influenciadas por los intereses privados de los funcionarios públicos es una preocupación legítima y creciente en todo el mundo.
La corrupción ha sido un tema que ha generado opiniones ambiguas y algunas veces expectativas poco realistas, pero poco a poco Colombia ha tomado conciencia de la necesidad de combatir el problema. Los candidatos presidenciales se han embarcado en un importante programa de reforma del sector público para combatir la corrupción, éstas se hallan en una fase de propuesta y tienen aún que llevarse a cabo. Estos son también los criterios según los cuales juzgamos al candidato.
Las medidas anticorrupción en el programa de Iván Duque
En el sector de la prevención, tanto en el sector público como en el privado, el candidato presidencial I. Duque ha hecho un esbozo de una propuesta de estrategia anticorrupción relativa a una serie de medidas que se han de adoptar con el objetivo de evaluar, prevenir el riesgo y reducir o eliminar la corrupción. A continuación se exponen resumidamente algunos aspectos claves de todas las medidas preventivas: como se menciona en la propuesta se trata de aplicar medidas tales como iniciativas que promuevan la transparencia y la integridad en el sector público, garantizar sistemas apropiados de contratación pública, promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las finanzas públicas (presupuestos públicos con participación ciudadana), velar por un régimen reglamentario y de supervisión adecuado para prevenir y detectar las actividades de blanqueo de dinero e involucrar a la sociedad civil en los esfuerzos de lucha contra la corrupción y difundir información relativa a la corrupción, así como la prevención que incumbe a la educación y a la sensibilización, que abarcan las campañas dirigidas a crear conciencia del problema y a movilizar apoyo para medidas destinadas a contrarrestarlo entre la población en general, así como ciertos esfuerzos con objetivos más precisos encaminados a poner en guardia a grupos específicos o incluso a individuos que se considera expuestos a un alto riesgo de corrupción.
Además de los requisitos esenciales de las políticas preventivas, la propuesta incluye medidas preventivas para el fortalecimiento de la capacidad de cabildeo, facilitación de la denuncia de corrupción y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios, que permite la manipulación de publicidad de gobierno. Finalmente, garantizar la transparencia en los procedimientos públicos para la contratación de los miembros de corporaciones de elección popular (Contratación transparente obligatoria) y limitar los periodos en cargos de elección popular.
Entre las medidas más importantes en el ámbito punitivo (tolerancia cero frente a la corrupción y “cárcel a los corruptos”) en la propuesta del candidato podemos enumerar la famosa extinción de dominio exprés (confiscar el producto de sus pillajes), la punición ejemplar contra las empresas corruptas (castigarlos severamente) y la muerte política o administrativa para los representantes legales, miembros de junta y funcionarios que sobornen o reciban sobornos para que sirva de escarmiento a los demás.
Como se puede observar, se trata de un programa completo de reforma, legalmente confiable, pero al mismo tiempo está claro que necesita precisarse en algunos aspectos, y en este sentido se tendrían en cuenta los acuerdos internacionales existentes en lo relativo a la prevención y lucha contra la corrupción (por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, OCDE, Convención Interamericana Contra La Corrupción y el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos etc.).
Principales observaciones sobre la propuesta
Todas estas propuestas son positivas y factibles para su futura adopción y aplicación. Desde esa perspectiva, se justifica plenamente emprender una reforma a fondo y completa de la administración pública. Hay que tener en cuenta asimismo que en consonancia con el principio de gestión saneada y con las buenas prácticas administrativas, se debería privilegiar aquellas que puedan contribuir efectivamente a la transparencia de la administración y promover una gestión pública basada en la honestidad, rectitud y responsabilidad, como, por ejemplo, la simplificación de los trámites burocráticos, la supresión de documentos inútiles y redundantes, mejorar la gobernabilidad, la sensibilización y formación, por citar sólo algunas.
Por supuesto se habla de reformas, para ello, se necesitará un liderazgo político audaz y con determinación que hace falta hoy en Colombia, y un apoyo internacional permanente para ejecutar este programa ambicioso, incluido un compromiso efectivo para encararlos. Estas propuestas son fundamentales para hacer frente a la corrupción en la administración pública, todas las cuales deben utilizarse combinadamente para aumentar su eficacia y lograr mayores repercusiones a largo plazo.
Estas propuestas son realistas y prudentemente ambiciosas, y suponen una mejora, en mi opinión, de la consulta nacional pública anticorrupción (avalada por el pleno del Senado) en la que se incluyen una serie de preguntas que todos los ciudadanos deben contestar con un simple “sí” o “no”. Sin desconocer la importancia de las consultas cerradas a la hora de buscar soluciones a problemas específicos, y otras razones objetivas, tal y como he dicho, no creemos, sin embargo, que esta sea la sede para abordar el creciente problema de la corrupción: ni están justificadas, en especial en las actuales circunstancias económicas.
Colombia solo superará la crisis como la que estamos viviendo en estos momentos si los ciudadanos tienen fe en su presidente: un mandatario que hable alto y claro y sin rodeos, sea creíble tanto en el ámbito internacional como en el nacional y adopte las medidas políticas y las sanciones penales y administrativas necesarias.
Esperamos que la Colombia, con su nuevo presidente, sepa dar a esta política el apoyo adecuado y su capacidad para resolverlos. Gracias
