La profesión médica es de las peores remuneradas en Colombia. A pesar de tener un extenso plan de estudios, ser de exigente rendimiento y sacrificio; su retribución económica no es proporcional al desgaste físico, emocional y psicológico que conlleva.
Pasado el jolgorio «del día del grado», inicia el calvario del galeno recién egresado. Por sorteo le asignan el sitio menos esperado para realizar el Servicio Social Obligatorio con un sueldo mensual no mayor a cuatro salarios mínimos. Y luego, terminado el «año rural», a rebuscar empleo como médico general sujeto a todos los atropellos laborales que plantea la Ley 100. El porcentaje de trabajadores de planta en las instituciones es mínimo, en su mayoría administrativos. El personal asistencial se encuentra vinculado por modelos ilegales de tercerización.
Las EPS-IPS, a su vez subsidiadas por el Estado, son empleadoras por intermedio de falsos sindicatos, cooperativas, asociaciones, contratos a término fijo o pago por órdenes de servicio (a destajo), con ingresos en promedio de $ 4 millones mensuales. Con esto burlan los compromisos constitucionales: salud, pensión, subsidio familiar, vacaciones y demás obligaciones. Añadir a estas irregularidades, la vulneración a la autonomía profesional, el incremento de horas de trabajo, de pacientes y de turnos presenciales sin pago de recargos nocturnos, festivos o dominicales. El médico ve la necesidad de dos o más empleos con el fin de redondear un salario digno a expensas de mayor deterioro físico y mental. Y de ñapa, agreguemos la separación familiar, el retraso en la cancelación de la mesada, los insultos, agresiones, filmaciones y demandas por parte de los usuarios.
Si el profesional, ya titulado, desea especializarse en un área de la medicina es otro sendero espinoso. Se denomina médico residente o estudiante de postgrado. Debe superar pruebas de admisión, entrevista personal, aptitud psicológica y poseer una hoja de vida bien calificada. En Colombia hay cerca de 5.000 de ellos y es el único país del mundo donde su trabajo es completamente gratuito; regidos por convenios docente-asistenciales inicuos, sometidos a turnos esclavizantes y agotadores; eso sí, personajes garantes de facturación e ingresos a las EPS-IPS al son de los parcializados acuerdos; y aparte, deben pagar una matrícula que oscila entre $ 5-10 millones semestrales en universidades públicas y el triple en privadas. Su desempeño es de dedicación exclusiva; es decir, deben renunciar a cualquier labor anterior, no es permitido trabajar en otros centros clínicos y pasan a ser, de nuevo, un encarte de mantenimiento y financiero para la familia. Solo reciben una insuficiente beca-crédito equivalente a dos salarios mínimos mensuales, reintegrable una vez culminen la especialidad.
En la actualidad se encuentra radicado un proyecto de ley que busca, entre otras reivindicaciones para los residentes: el reconocimiento como médicos graduados en ejercicio (en el momento, son vistos como estudiantes en formación). Remuneración mensual con no menos de tres salarios mínimos más todas las prestaciones legales. Creación del Fondo Nacional de Residencias, un ente gubernamental que manejaría recursos públicos de las EPS y encargado del pago directo al profesional sin considerarse una carga salarial. La abolición del cobro de matrículas por las universidades. La no adjudicación de funciones diferentes a las contenidas en el pensum académico.
Todos invocamos el derecho fundamental a la salud, al bienestar del paciente, a la calidad de atención, al fortalecimiento económico y administrativo de las instituciones, a la erradicación de tanta corrupción que las desangra, pero nadie aboga por los derechos de los trabajadores de la salud.
