La ciudad de la eterna primavera, la que dejó de ser industrial para convertirse en una plataforma de servicios y la que se muestra ante el mundo como la más innovadora, esconde una realidad dura para sus pobladores: Medellín es una ciudad que recibe con amabilidad a sus turistas, pero que excluye a sus habitantes.
En el debate del Concejo de Medellín, el pasado martes 6 de noviembre de 2018, quedó en la retina de los visitantes una cifra contundente: mientras que en 2017 hubo cerca de 3.349 personas desplazadas por desplazamiento forzado (según Medellín Cómo Vamos), la ciudad ha hecho desplazamiento por el tan anhelado “desarrollo” con una cifra alrededor de 5.924 personas, de acuerdo con la organización Redipaz.
Luz María Múnera, la concejal citante, atendió a todas las entidades en una sola ponencia para dar a entender la magnitud de esta problemática: a planeación, a la Edu, al Isvimed, al concejal que ayudó a que pagaran bien a los que vendieron a la comunidad de La Paralela para sacarlos del barrio, a la alcaldía y, en últimas, a la administración que pone el contrato y el dinero por encima del derecho fundamental a una vivienda digna.
Intervenciones de la concejala
“En La Paralela a dos o tres ciudadanos les pagaron muy bien las viviendas porque eran los líderes que tenían acompañamiento político de un concejal (¿será uno que fue presidente del Concejo?) Ellos ayudan a dirigir y cooptan la participación ciudadana para intervenir con sus obras en los barrios”.
“Para la administración el contrato está por encima de la dignidad humana”.
“Planeación no existe ¿de qué planeación estamos hablando? No es porque Ana no quiera, es que lo despedazaron porque no son secretaría, solo son dirección, sabiendo que son la columna vertebral de la ciudad. No hay planeación porque primero dicen traigan la plata, que tan rico, ¿cuántos contratos son? Y luego miran cuánto son los afectados. Es residual para atender a los afectados, por eso se amenaza con la expropiación y luego los “sociales” amedrentan las comunidades porque como desconocen las leyes, les dicen que si no se van, les va a ir peor”.
“Una Edu (Empresa de Desarrollo Urbano) que se convirtió en el agujero negro, eso entra y entra plata y nadie sabe qué pasa con ella. Un Isvimed con el programa que se llama fomento a la autoconstrucción e iniciativa de vivienda. Iba a hacer 193 viviendas en este gobierno de Federico Gutiérrez, y apenas lleva 14 en su período”
“Ausencia de política pública de protección a moradores haciendo cambiar el estudio de la Universidad Nacional, muchas veces porque no se acomodaba a los criterios de la administración municipal. Contratos de la alcaldía con la Universidad de Antioquia para censar y sacar los pobladores de sus lugares de origen, usualmente de sectores populares. Más de 38 normas violadas para despojar a las comunidades de su territorio ¡Eso es ilegalidad!”.
“¿Cuál ética? Entregar contratos a la ilegalidad para que tumben las casas en el sector de La Paralela, y sean ellos quienes presionen a la gente para que salgan de sus casas”.
El relato de las comunidades
Luz Estela Jaramillo muestra indignada la carta y la carpeta donde se encontraba la imagen de la que sería su nueva casa. Por esos días la invadía la felicidad, no creía que la alcaldía, en cabeza de la Edu y la constructora, les iba a dar una nueva vivienda, tampoco que saldría de su barrio en Moravia, dado que el puente Madre Laura se llevaría la casa en la que habitó por más de 50 años. Sin embargo, pasó el tiempo y desde que se construyó el puente solo les pagaban el arriendo, apenas les dieron 54 millones de pesos para comprar en la periferia y quedar endeudados.
"Nos convertimos en vecinos, somos vecinos afectados por el desarrollo. ¿Cómo es posible que la Lonja desconozca el parqueadero de mi propiedad, diciendo que es una área transitoria? Si uno busca en las constructoras es un área movible, es decir, la cual se puede trasladar de sitio. ¿Cómo pretenden que me lo lleve para la zona que me están despojando?, ¿no tienen en cuenta estudiantes que estamos estudiando por presupuesto participativo y que si nos vamos de nuestras comunidades perdemos el beneficio? Estos ladrones me están quitando mi futuro y mi vivienda, entonces ¿qué futuro y vivienda voy a tener si luego no tengo estudio?" inquirió Julieth Gómez, habitante de La Paralela.
Por su parte, Juana Cardona leyó una carta explicando que el Metro de Medellín dinamitó el barrio con un saldo de más de 150 casas para construir el tranvía de Ayacucho, lo que desencadenó la pérdida de vivienda con la connivencia de las instituciones que se volvieron en verdugos implacables de los habitantes del barrio San Luis con sus políticas de desarrollo urbano.
Como si fuera poca la humillación, la administración se defendió con vídeos en que las personas hablaban de las bondades con que salieron como consecuencia de las obras públicas. En este trasegar he evidenciado mujeres cabeza de familia sin hogar en Moravia, niños en situación de calle como ocurrió con la comunidad de Los Ranchitos, adultos mayores que perdieron el derecho a una vivienda digna en el barrio San Luis por el tranvía de Ayacucho, núcleos familiares de La Paralela que reciben compensaciones económicas cercanas a los 30 millones de pesos y quedaron sin la cuota inicial para una nueva casa (por la obra del metrocable El Picacho, a la cual no nos oponemos, sino a la manera en que se saca a la gente de su vivienda). Estas son las consecuencias y las escenas gráficas de lo que han producido las administraciones municipales de turno: obras públicas que generan un desplazamiento intraurbano más grande que el conflicto armado interno de la misma ciudad.
Nota aclaratoria: no pertenecemos a ningún partido político, ni somos seguidores de la concejala (porque tiene aspiraciones a la alcaldía de Medellín), pero reconocemos su labor de denuncia a favor de las comunidades más vulnerables. Además, creemos que amerita darle voz a esta problemática que tiene en jaque a muchas comunidades en la ciudad.
