Los agobiantes problemas que cargan sobre sus hombros los habitantes de Medellín nos obligan a adelantar un debate estructural, serio y bien argumentado en torno a problemas tan acuciantes como la inseguridad, la movilidad y el derecho que tienen los ciudadanos a gozar de un medio ambiente sano.
Los estudiosos del urbanismo han dicho que se requieren siglos de un proceso lento y continuo para que un pequeño pueblo se convierta en ciudad, un todo socioespacial orgánico y hasta cierto punto coherente. Pero en Medellín, como en el resto de las urbes del país, ocurrió todo lo contrario a esta máxima: su crecimiento fue brusco desordenado y anárquico. De Medellín se puede decir que sufrió una hinchazón, de los 59.815 habitantes que tenía en 1905, pasó a 358.189 en 1951. En 1951 Medellín todavía era un pequeño pueblo, pero a partir de esta fecha su crecimiento fue abrupto, resultado que se le puede atribuir a tres factores predominantes: uno, a la violencia política y económica que expulsó a las personas del campo a las metrópolis; dos, no menos importante que el anterior fue el desarrollo industrial en las décadas de 1950, 1960; y tres, las pocas posibilidades que tenían los jóvenes del campo, para estudiar y trabajar. Para el año 1970 Medellín contaba con más de un millón de habitantes. De 1970 a 2017 el salto fue vertiginoso llegando a 2.508 452 habitantes, muchos de ellos ubicados en las laderas.
Los miopes funcionarios públicos y las autoridades en general buscan el ahogado río arriba. ¿Cómo no va a existir violencia en Medellín con el grado de hacinamiento en que vive buena parte de la población? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que como mínimo se destinen 10 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, y en Medellín no se llega a los 2 metros cuadrados por cada uno. En la imagen que corresponde a la comuna más conflictiva de Medellín, la 13, las viviendas están una sobre otra.
El crecimiento urbanístico exponencial de Medellín actualmente obedece a que la historia tristemente se repite, pero con mayor crueldad. Colombia es un país de ciudades y todas ellas llevan el sello de la injusticia social y la desigualdad. La violencia política desatada con posterioridad a al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, expulsó a los campesinos a los centros urbanos, demandando, vivienda, educación, empleo y salud, porque la infraestructura existente resultó insuficiente para satisfacer la necesidad de estos servicios, y en el caso de Medellín se empezó a ver lo que en su momento se denominó cinturones de miseria, pero no en la periferia como ocurre hoy, sino en sectores más céntricos de la ciudad.
Hoy cuando se analizan los conflictos urbanos por parte de los gobernantes y los medios de comunicación, lo explican de mil maneras cuidándose mucho de no atribuirlo a la nueva versión de la violencia política ejercida en algunos casos por el estado y las estructuras armadas. Estamos hablando de más de 7 millones de desplazados internos que como en el caso de Medellín, muchos de ellos están ocupando las laderas con la consecuente deforestación. Las viviendas que se construyen son muy precarias, sin acueducto y alcantarillado. Se calcula que en Medellín más de 40 mil familias no tienen agua potable, ni redes del alcantarillado, y lo que resulta más insólito, debido a esto y a la falta de cobertura de las Empresas Públicas de Medellín, contaminan todas las quebradas de la ciudad.
Tres son las causas que explican el grave deterioro en la calidad de vida de los habitantes de Medellín; el modelo económico neoliberal, la corrupción administrativa y la coexistencia de dos poderes en una misma unidad geográfica. El neoliberalismo, por ejemplo, no solo es un depredador de la naturaleza y el medio ambiente, sino que como todo lo convierte en dinero, no permite una planeación ordenada del desarrollo urbanístico de la ciudad, dado que orienta su crecimiento en vehículos, edificios, vidrios y cemento, alejándola en cierta medida de toda cultura urbana. El neoliberalismo no es sustentable, económica, ecológica y culturalmente.
Hablar de otro poder en Medellín no es un acto irresponsable o salido de toda lógica, sino que tiene su origen en la alcaldía de Sergio Fajardo Valderrama. En su administración que se inició en el año 2004, se emprendió un proceso de copamiento de las comunas por parte de las estructuras armadas. Era tan notoria esta presencia y el control de toda la vida política, económica y de las relaciones ciudadanas que la sabiduría popular acuñó la frase de la donbernalidad, es decir que Fajardo firmaba los decretos y Don Berna gobernaba. Estas estructuras armadas que no son simples delincuentes, son un factor real de poder que cumplen muchas de las funciones del Estado, cobran tributo, venden seguridad a los comerciantes, cumplen el papel de comisarías de familia, Inspección de Policía, jueces de paz y civiles. Por ejemplo, cuando un inquilino no paga el arriendo, lo conminan a que entregue la vivienda o que compre el ataúd. El control territorial de estas estructura armadas es reconocido por las mismas autoridades cuando entran a explicar algunos homicidios, los que atribuyen a disputas territoriales. Si hay reyertas territoriales y otros se las quieren arrebatar es porque tienen control territorial, a nadie le riñen lo que no tiene.
