Por estos días, con ocasión de la crisis artificial que el Grupo Económico Antioqueño (GEA) ha creado alrededor de EPM, se ha hecho más evidente la falta de una respuesta clara, precisa y contundente en cuanto al futuro de la entidad por parte de quienes sin sonrojarse dicen que son concejales. Esta falta de liderazgo y de claridad frente al manejo que se le tiene que dar a la empresa parece confirmar la tesis que de tiempo atrás venimos defendiendo y que apunta a señalar que Medellín no tiene concejo sino una junta administradora local bien remunerada; cuando decimos onerosamente pagada es porque a los contribuyentes les cuesta más de 28.000 millones de pesos (cifra para este 2020) sostener este inútil organismo.
En mi opinión, estos, en su mayoría ineptos concejales de Medellín, eligen contralor hecho a su medida; es decir, también incapaz y complaciente con los corruptos, cuando no cómplices de ellos. El funcionamiento de la inútil Contraloría General de Medellín les cuesta a los contribuyentes más de 38.000 millones de pesos (cifra para este 2020).
Además, los mismos concejales de Medellín también eligen personero de la ciudad. Y da la impresión de que los candidatos preferidos son los que padecen del mal de la ceguera: esto es para que no vean u oculten lo que está pasando en la ciudad. A Medellín se la han estado robando en sus narices y solo se limitan a producir declaraciones insulsas. El funcionamiento de la Personería de Medellín les cuesta a los contribuyentes más 25.000 millones de pesos (cifra para este 2020).
Así pues, para sostener los tres supuestos órganos de control hay que destinar más de 90.000 millones de pesos. Si los suprimieran, se podría destinar ese dinero para darle comida a muchas personas que se acuestan con hambre. Y aunque algunos podrán decir que esta es una propuesta descabellada y antidemocrática, de ninguna manera: lo antidemocrático es mantener estos inútiles organismos para aparentar que vivimos en un régimen democrático.
Los ciudadanos por falta de conocimiento o por apatía no hacen uso de los mecanismos de participación democrática, que no solo se expresan en la toma de decisiones sino en un patrón de comportamiento social y político, en el pluralismo, la tolerancia y la participación responsable de la comunidad en la búsqueda de solución de sus problemas y, lo que es más importante, en el control social a todos los actos de los funcionarios públicos.
Un ejercicio interesante para el constituyente primario sería preguntarle a cada uno de los que se hacen llamar concejales de Medellín si saben qué funciones tienen los concejos municipales y cuáles desempeña cada uno de los integrantes. Este interrogante resulta pertinente, pues hace pocos días estaban discutiendo si le daban facultades extraordinarias al alcalde Quintero para modificar el objeto social de EPM, pero al parecer no habían leído los estatutos que pensaban autorizar cambiar. Ahora bien, si los leyeron no los entendieron, porque estos, según el artículo 29 del Acuerdo Municipal N° 12 de 1998, solo los puede transformar el concejo y no el alcalde por decreto:
Artículo 29. Competencia. Las reformas de los presentes estatutos solo podrán llevarse a cabo mediante acuerdo expedido por el Concejo de Medellín, previa iniciativa del Alcalde Municipal”. Aclaro que no todos los artículos de esos estatutos pueden ser modificados por el Concejo de Medellín.
Entre la función más importante de los concejos municipales está la del control político, para que se gobierne bien y para combatir la corrupción. En síntesis, los concejales son los representantes de la comunidad y esta no los elije para que le soben el saco al alcalde o para que estén a sus pies esperando a que les arroje unas migajas o un mendrugo de pan.
