Nos quedamos esperando que el plan de desarrollo de la ciudad de Medellín, que ha de regir para este cuatrienio, diera respuestas adecuadas y de emergencia a la crisis humanitaria que ha sobrevenido con la pandemia del COVID-19. Creemos que en esa materia, la alcaldía no leyó correctamente la nueva situación que está afrontado la ciudad y los alcances sociales de la crisis.
La pandemia desnudó las profundas inequidades que aquejan la vida cotidiana y la estructura social de la ciudad de Medellín. Desde los primeros días de encierro se corrió el telón y quedó expuesta una realidad que siempre se quiso tener oculta con lenguajes edulcorados y políticas públicas ajenas a la carne y hueso de la ciudad mayoritaria: la que trabaja, la que estudia, se rebusca y sufre las consecuencias de la marginalidad.
Esa otra ciudad que muchos están viendo por primera vez, con sus trapos rojos o en el silencio del hacinamiento, reclama el espacio que siempre se le ha negado en los proyectos y programas de gobierno. Tenerla en cuenta o negarla por enésima vez era lo que iba a determinar la semejanza o la diferencia, la continuidad o la ruptura en esta discusión del proyecto de plan que acaba de concluir con una amplia mayoría a favor.
La coyuntura pandémica se ha vivido de formas diferentes en todo el mundo. Comparada con otras dentro y fuera del país, nuestra ciudad ha salido relativamente bien librada hasta este momento en cuanto a infecciones y muertes causadas por el virus. Pero la cuarentena sí hizo sus estragos desde los primeros días, poniendo de presente la extrema vulnerabilidad social de Medellín.
La ciudad sigue esperando un gobierno que quiera y sea capaz de reformular en profundidad su política social, que ponga todo el patrimonio institucional, social, cognitivo y material al servicio de la vida humana. La primera línea estratégica del nuevo proyecto de plan, por lo tanto, no podía ser otra que un paquete de programas y proyectos directamente orientados a dignificar la vida de los centenares de miles de personas que solo han recibido limosnas de anteriores políticas y administraciones.
La complejidad de Medellín es alta, es entendible por lo tanto la complejidad de las políticas públicas y los planes de gobierno necesarios. No estamos abogando por un plan monotemático; necesitamos reactivación económica para modernizar el aparato productivo y recuperar el empleo, medio ambiente sano para reducir la mortalidad y la morbilidad, educación y convivencia, y desde luego, mucha ciencia y mucha actualización tecnológica para que todo lo anterior alcance los resultados óptimos.
Nuestra propuesta es priorizar la vida como razón de ser del Estado, las políticas públicas y los saberes, con un enfoque de derechos. Es reconocimiento de derechos lo que dignifica a las personas y libera sus capacidades para hacer vida social y económica. Ese reconocimiento del derecho a la dignidad, que en este caso es también derecho a la ciudad, debe orientar las estrategias del desarrollo de Medellín. Con cuarta revolución industrial o sin ella, con software o sin él, con logaritmos o sin logaritmos, la ciudad reclama unas políticas redistributivas que hagan diferencia real con la vivida hasta hoy.
Salir de la actual crisis implica reactivar el aparato productivo, pero tal reactivación solo puede venir de la capacidad de demanda que pueda recuperar un grupo significativo de consumidores. Uno de los nudos gordianos de la economía colombiana, sobrediagnosticado por los mejores economistas es ese, que las mayorías son solo subconsumidoras, y su capacidad de demanda no alcanza a poner en movimiento el aparato productivo, por más potente o tecnificado que sea.
Cuando no hay una decidida política para estimular el empleo y la capacidad de los pobres para consumir, se cae en la vieja estrategia del goteo, según la cual la riqueza se filtra hacia abajo de la pirámide social como si fuera un líquido. De esa manera se han hecho en Medellín grandes capitales, pero la desigualdad y la pobreza igualmente han crecido a un ritmo acelerado. El Estado local no ha tenido en nuestra ciudad una función redistributiva del ingreso, y sus actuaciones se han diluido en una retórica esnobista alrededor de la competitividad, el emprendimiento y la innovación.
La nueva retórica de esta alcaldía sobre la cuarta revolución industrial y el valle del software, que transversaliza todo el plan de desarrollo para el cuatrenio 2020-2023, está presa como las anteriores de la estrategia del goteo ya descrita.
La recuperación del liderazgo industrial que perdió la ciudad hace medio siglo, no es posible hoy a partir de políticas locales de ámbito municipal. La competitividad que perdió Medellín como centro industrial se originó en lógicas globales asociadas a los modelos de acumulación de capital que se deciden más allá de las fronteras nacionales. Esas lógicas implican también modelos espaciales que privilegian a unos territorios y excluyen a otros en función de los mercados internacionales. Medellín fue víctima de ese reordenamiento espacial de los negocios capitalistas, así lo entendieron sus élites dirigentes, por lo cual han transformado la ciudad en un centro de servicios y negocios especulativos e inmobiliarios. En este contexto, plantear la recuperación del liderazgo industrial perdido, abre más interrogantes que certezas.
Si se formula en un contexto realista y dentro de las proporciones, lo que sí es válido es una modernización del aparato productivo y una tecnificación de los procesos administrativos, en función de generar oportunidades laborales y educativas para la población mayoritariamente joven llamada “ni-ni”, o que simplemente se rebusca el sustento sin acceso a seguridad social y a futuro.
Todas las revoluciones científicas, tecnológicas e industriales, han generado riquezas incalculables a las sociedades que las han emprendido. Ellas desplazan fuerza de trabajo y abren nuevos oficios y líneas de producción y de servicios. No es ingenuo preguntarse, cada vez que se introduce un adelanto tecnológico, a dónde van a ir los beneficios económicos, quiénes los van a captar y cómo se hará su distribución. Esta es ni más ni menos, la pregunta ácida para el alcalde y su círculo de entusiastas.
El valle del software podría consistir en un ejército de personas capacitadas como fuerza laboral para empresas que tengan músculo financiero y emprendan proyectos de modernización. También puede serlo una masa de emprendedores que logren tecnificar su producción o sus servicios. De todos modos, la cruda realidad demuestra que no es el uso de tecnologías el remedio para la precarización del empleo ni las bajas remuneraciones. Ellas son un factor más de la producción, que en cuanto sea monopolizado y apalancado por el capital, genera más sobreexplotación y despojo de derechos. Es decir, los avances tecnológicos no son por sí mismos redistributivos de ingreso ni generadores de bienestar colectivo.
Las grandes empresas modernas, y aún las medianas que incorporan tecnología, liberan tiempo de trabajo, pero en lugar de reducir las jornadas laborales para que sus empleados dignifiquen sus vidas, despiden a cuantos pueden para reducir costos y así se apropian de la totalidad de los beneficios. El valle del software que nos ofrece el plan de desarrollo para Medellín no se plantea metas ni se atreve a nada en ese terreno.
Las utilidades de la modernización económica de Medellín no gotearán hacia las clases populares y sectores más vulnerables. La revolución tecnológica beneficiará a quienes puedan hacer grandes inversiones en ella. El plan Medellín futuro 2020-2023 no contempla estrategias ni propone normas que canalicen excedentes económicos de la transformación tecno-industrial hacia la municipalidad o hacia las clases populares.
Cuando se promueven las innovaciones y el uso intensivo de tecnologías, se está pensando necesariamente en sus aplicaciones, sea en el medio ambiente, en la educación, en el aparato productivo o en las finanzas. Un asunto que aparece como gran beneficiado de esos avances en el plan de desarrollo es la seguridad. La pandemia actual no es el punto de partida del “seguritismo”, pero sí ha servido para poner de presente y abrir un debate público sobre los alcances de la vigilancia estatal y la invasión de la intimidad que los gobiernos están practicando a nombre de la protección a la salud pública. Ya hubo una demanda jurídica sobre abusos de esta alcaldía en relación al derecho a la intimidad que asiste a los ciudadanos, incluso a la hora de recibir ayudas gubernamentales.
No será este el primer gobierno municipal que trate los problemas de seguridad de una manera instrumental, con más presupuesto, más pie de fuerza, más vigilancia, y ahora, más tecnología. Ha habido una esquizofrenia gubernamental frente a ese problema que ha impedido, como frente a los de la pobreza y la corrupción, hacerse cargo de las causas y asumir las soluciones aunque sean de largo plazo. Más policías, más cámaras y más cárceles podrían en el mejor de los casos, mejorar los indicadores a lo largo de un cuatrenio, pero la ilegalidad y el delito seguirán siendo una opción para muchos jóvenes mientras no haya para ellos educación universal gratuita y oportunidades de empleo. La pobreza y la falta de oportunidades son para el delito, lo que es el agua para los peces.
Aunque hay unos desajustes entre el plan de desarrollo del alcalde Quintero y su programa de gobierno, indudablemente más ambicioso, ambos obedecen a la misma matriz conceptual que han profesado administraciones pasadas, donde el derecho a la ciudad y la ciudad como territorio de derechos, no son el punto de partida para las políticas públicas. Medellín se sigue definiendo a partir de unos indicadores que sus élites consideran muy buenos, dentro de las justas proporciones y las viejas inercias, donde solo cambia la retórica que trae el administrador de turno.
No es cierto que Medellín Futuro sea un plan “histórico” o ambicioso; lo que tiene es un presupuesto abultado de 22.7 billones de pesos. Ambicioso hubiera sido acoger la propuesta de una renta monetaria mínima durante estos meses críticos para los centenares de miles de familias que sufren hambre en la ciudad, o por lo menos, haber asumido el costo de los servicios públicos domiciliarios para los estratos bajos. Hubo oídos sordos para estas ideas y faltó la generosidad siempre ausente cuando de redistribuir se trata.
Se discute ahora si el plan de desarrollo refleja o no el programa de gobierno. Sí lo refleja en su fe ciega en que los avances tecno-científicos elevan el bienestar y el progreso social, y en la carencia de un principio conceptual organizador como el derecho a la ciudad, o la ciudad como obra humana que compendia el paso de las generaciones, una ideología (aunque se escandalicen los posmodernos) que aporte un contexto de espacio y tiempo en el cual situar la función de los saberes en el gobierno de la ciudad.
Vienen tiempos de “vacas flacas”. No todo será responsabilidad del gobierno, pero serán muy necesarios los consensos para sobrellevar la crisis. El futuro inmediato también depende de los ciudadanos y entre ellos, los votantes del alcalde Quintero decepcionados o no, que en cualquiera de los casos no podrán aceptar que las políticas sociales y económicas en Medellín sigan teniendo un techo tan bajito para los pobres.
