El pasado domingo 28 de junio fui hurtado por dos sujetos en inmediaciones de la Cancha Sucre, en inmediaciones del ITM de Boston y relativamente cerca de la estación de policía Villa Hermosa y el CAI Pablo Tobón Uribe. Eran aproximadamente las 11:50 p.m. y me encontraba realizando un domicilio en el sector, dado que por la pandemia fue la única labor que me permitió tener alguna fuente de ingresos.
Laborando, como lo hacen millones de colombianos (no se incluye el Congreso ni el Ejecutivo), quedé a merced de dos delincuentes que en una moto Boxer CT gris no tuvieron la capacidad de comprender el derecho a la vida, la propiedad y la libre circulación.
El luchar de los hechos era un lugar oscuro y sombrío, tal como la realidad político-social de nuestra ciudad y del país en general. Tuve más conciencia de ello cuando instauré, dos días después, la denuncia por robo en la Sijín de la Fiscalía. Dos días después porque el lunes 29 de junio, un día festivo, presumí que la delincuencia, fiscales y policías tienen una relajación de sus actividades.
Reportar a la Policía es entonces un mero procedimiento burocrático que se asienta cuando se demanda en la Fiscalía. Los hombres de la policía están tranquilos, más pendientes de ver memes en Facebook o preocupados por el desayuno. Todo ello ocurre a raíz de que el Estado y sus instituciones no tienen una voluntad política real para combatir el crimen. Solo basta ver el cambio en el discurso político contra la lucha del narcotráfico u otros flagelos de nuestra sociedad. Siendo así, de nada valen las cámaras, camionetas Duster o el aumento en el número de uniformados en la ciudad.
Me gustaría decir que todo ello contribuiría a mejorar la seguridad de Medellín, pero lamentablemente los escenarios de cotidianidad en los distintos barrio, muestran que la jurisdicción y el alcance efectivo de las decisiones de la alcaldía se limitan solamente al área del Centro Administrativo de la Alpujarra. Por lo demás, el resto de la ciudad está desde hace mucho tiempo a rienda suelta de los combos, mientras sus ciudadanos quedan en un limbo donde la impotencia reina por la falta de la presencia estatal.
Ese paraestado con el que convivimos no es para nada un secreto, su papel en la regulación social, las labores de "seguridad", control del microtráfico, sicariato, fleteo y demás, ya son parte del paisaje. El problema radica en que como narcoestado (arrodillado a los intereses de grandes empresarios y terratenientes), los procedimientos democráticos y los planes de un sostenible y real cambio en nuestro país, quedan limitados a maquinarias políticas donde los intereses de las personas del común nada valen en medio de favores políticos, contratos multimillonarios, procesos de corrupción, lavado de activos y muchos más elementos que han desconfigurado a la que se presupone una república democrática.
Medellín mantiene entonces un statu quo donde Estado y paraestado tienen amplios beneficios en sus zonas de influencia. A su vez, la carencia de un auténtico proyecto nacional y de una definitiva unificación y control de todo el territorio, junto con una política económica que perpetúa la pobreza y desigualdad social, han estimulado una y otra vez que delincuentes como los que me atacaron, puedan seguir haciendo de las suyas con una confianza plena. La ciudad se puede visualizar entonces de muchas formas: como una urbe de innovación y cambio o como un territorio donde la construcción social del miedo, la falta de soberanía estatal y la realidad social de sus comunas te hace pensar en que caminas diariamente en una Medellín bajo las sombras.
