La periodista María Jimena Duzán publicó en su nuevo canal de YouTube un video denuncia titulado Así funciona el sicariato judicial denunciado por Gustavo Moreno y el escándalo de Llanopetrol, dando a conocer con impresionantes testimonios y detalles el funcionamiento de esta tenebrosa modalidad de “sicariato” que corroe la integridad e imagen de la Fiscalía General de la Nación, particularmente en los periodos de sus dos últimos directores.
No puedo menos que manifestar el terror que me sobrecogió ante el impactante video periodístico, y más aún, al leer la columna de opinión titulada ¿Fin de la carrera pública de Martínez Neira?, de la periodista Cecilia Orozco Tascón, publicada en el diario El Espectador, donde igualmente desnuda la pasividad del mismo Estado, las Cortes y hasta la Iglesia, frente al “ventilador” de la corrupción encendido por el exfiscal Luis Gustavo Moreno.
Pues bien, estas dos publicaciones periodísticas sirven no solo para ratificar los procedimientos y actuaciones irregulares de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, sino para mostrar —por enésima vez— el calvario que he tenido que soportar ante el espeluznante “sicariato judicial” del exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett, atentado judicial que deseo mostrar nuevamente a la opinión pública nacional.
Pero, previamente, quiero compartir el contundente artículo de Cecilia Orozco en referencia al video denuncia de María Jimena Duzán.
Cómo me “jodieron”
Con el respeto y anuencia de quienes leen estas líneas, permítaseme emplear, que no usar o utilizar —porque no me abrigan sentimientos corruptos—, algunos términos de la jerga usada por los indeseables funcionarios de la cuestionada fiscalía para titular mi tortuoso proceso.
Como introducción a la historia de los atropellos de que fui víctima por parte de los tramposos y sucios "sicarios judiciales" del exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, recurro también a lo expresado por María Jimena Duzán en una columna suya publicada en la revista Semana, en donde dice que “… el exfiscal Eduardo Montealegre será recordado no solo por sus contratos millonarios, sino por haber puesto la Fiscalía al servicio de los ladrones de cuello blanco”.
A lo que se puede agregar lo manifestado por Álvaro Jiménez, columnista de la misma revista, cuando escribió: "No más fiscales de bolsillo al servicio de saqueadores de la economía, representados por eruditos que no tienen respeto por lo público y mucho menos por la dignidad que inspira el noble oficio de administrar justicia",
Y qué cierto es, salvando —hay que decirlo— la administración de justicia llevada a cabo por funcionarios honestos y diáfanos en sus conceptos como son la mayoría de ellos en la Fiscalía.
Justamente entrando en materia con mi proceso, debo reconocer esas virtudes de claridad y honestidad en el exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, doctor Mauricio Martínez Sánchez, a quien no conozco personalmente pero sí por su trayectoria como hombre de gran sapiencia jurídica siendo doctor (PhD) en derecho de la Universidad de Roma, Italia, y de la Universidad de Berlín en Alemania.
Ahora bien, para Montealegre Lynett este fiscal delegado fue un verdadero obstáculo en sus intenciones de poder maniobrar y "joder" en mi proceso. El entonces fiscal general, conocedor de todos los atajos y triquiñuelas del "sicariato judicial" se encontró con este bastión inexpugnable en la Fiscalía Séptima Delegada, donde estuvo sepultado mi olvidado y veraz proceso que desde hacía quince años había pasado por todos los anaqueles de la justicia, sin que nadie se atreviera a tocar esa “papa caliente” con intereses de muy alto orden ejecutivo y económico.
Y, amables lectores, después de diez años de incansables viajes desde la provincia de Pasto a Bogotá escuchando las más odiosas excusas sobre el desarrollo de mi proceso, por fin un día recibí la más increíble noticia: La Fiscalía 106 Delegada, había restablecido mis derechos y ordenado la vinculación por estafa agravada a todos los personajes allí involucrados, quienes pertenecen a las directivas de una importante fiduciaria.
Pero, apresuradamente, grandes firmas de prestantes abogados apelaron e impugnaron la juiciosa y trascendental decisión judicial, y a pesar de eso todo quedó en firme, concediéndosele la razón jurídica a la Fiscalía 106 Delegada.
Entonces aparece el “sicariato” en referencia dentro de mi caso, cuando los corruptos ante la imposibilidad e incapacidad jurídica de echar por el piso los conceptos de una fiscal honesta, utilizan los servicios de los "sicarios judiciales" en una especie de multinacional "asignadora" de procesos, donde el jefe máximo Montealegre Linett, de momento el más alto funcionario de la justicia en Colombia, parece un verdadero especialista pues sin ninguna clase de vergüenza, ni menos razón, trasladó mi proceso a su oficina mediante órdenes escritas y firmadas por él mismo. Así, descaradamente, le aplicó un “raponazo” a mi proceso despojando sin ninguna base a la fiscal 106, quien estupefacta recibió la Resolución 0899 del 13 de marzo del año 2013 y dio cumplimiento a lo ordenado y firmado por Montealegre Linett y su grupo de "sicarios judiciales".
Prácticamente —como lo describió el exfiscal Moreno— se le suministró el “chaleco antibalas” a la contraparte corrupta y se entregó el caso a una funcionaria "preparada" y “blindada” para tal procedimiento sin someter el proceso a reparto alguno. Inclusive, en el perentorio y terminante documento se resolvió variar la asignación de la investigación 833772 adelantada por la Fiscalía 106 Delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá.
La “obediente” funcionaria encargada para su cometido por parte del fiscal general Montealegre fue la fiscal Martha Luz Reyes Ferro, quien cumplió a cabalidad su tarea dentro del temible servicio de "sicariato judicial" denunciado al interior de la Fiscalía General de la Nación y propinándole un violento garrotazo jurídico a la cabeza de mi proceso, dejándolo tambaleante y en mi caso, bien "jodido" y a un paso de la cárcel. Y muy en serio, me quisieron “joder” con la disposición de los famosos “fiscales obedientes”, que mencionó el corrupto exfiscal Moreno, y que supuestamente le ordenó buscar su jefe inmediato Néstor Humberto Martínez, el sucesor de Montealegre.
Bueno, pero por fortuna mi angustiosa apelación llegó a las manos del honesto fiscal Mauricio Martínez Sánchez, quien profundamente asombrado frente a tan profana y remendada decisión de la mencionada funcionaria, se pronunció destacando estos apartes:
Consecuente con lo anterior se revoca la compulsa de copias ordenada por él a quo en contra del denunciante Isidoro Medina Patiño, en la medida que existen como se ha venido consignando dudas y serios vacíos en la investigación que obliga por mandato constitucional a ser disipado por el ente acusador antes de precipitarse a adoptar cualquier decisión.
De otra parte, no solo resulta apresurada sino además desproporcionada la compulsa de copias cuando no existe prueba alguna que demuestre La mala Fe del denunciante quien de paso es importante decir no en vano lleva más de diez años acudiendo a varias instancias en pro de la defensa de sus intereses y del derecho a la propiedad, sin que a la fecha la justicia le haya resuelto nada en concreto frente a sus pretensiones.
No es posible llegar a esta conclusión teniendo como presupuesto un solo ángulo o una sola arista de la actuación procesal porque ello desnaturaliza la función y por sobre todo podría afectar ese caro principio de la imparcialidad, máxime cuando la censura que se le hace al denunciante lejos de atacar con argumentos jurídicos se subestiman con apreciaciones meramente subjetivas, desviándose la esencia del debate o la dialéctica jurídica, que se circunscribe (salvo el caso de la defensa material) a la confrontación de tesis jurídicas entre quienes constitucional y legalmente tienen la función y obligación de sostenerlas, entiéndase los sujetos procesales en su conjunto.
Sin embargo, el exfiscal general Montealegre Linett, demostrando ser un viejo zorro y baquiano diestro en rutas y atajos jurídicos estratégicos, no se quedó quieto por lo que astuta y ágilmente aceleró la expedición del Decreto 018 del 2014, del día 6 de enero, creando cuatro nuevos cargos para prestar servicios en el extranjero bajo la denominación de "consejero judicial" en países como Reino Unido, Estados Unidos, España y Alemania, y a donde al parecer debían “desplazar” a funcionarios “incómodos” o quizás “desobedientes” frente a las determinaciones o actuaciones interesadas del fiscal general.
La trama se había urdido y en opinión de uno de los fiscales de “bolsillo”, “en ese cargo quedaría muy bien el honorable jurisconsulto Martínez Sánchez, quien se pronunció en favor de Isidoro Medina, cerrando cualquier decisión contraria sin caer en un posible delito, motivo por el cual debemos andar con mucho cuidado para no pisar una mina antipersonal”, según el "sicario judicial".
Así fue como enviaron al fiscal Martínez Sánchez al exterior, quien lejos de intuir un oscuro tramado en mi caso, no salía de la felicidad y asombro por su repentino e intempestivo nombramiento como "consejero judicial" en Alemania, con una asignación de veintidós millones de pesos, más comisiones y demás "puntas", como se dice en el habla popular.
Y sin duda debemos manifestar que el fiscal Martínez Sánchez, pulcro servidor desde siempre, no tiene ninguna culpa al ser nombrado directamente por el fiscal general, que lo sacaba del país y de paso se sacaba una piedra del zapato. Es más, el fiscal Martínez Sánchez en su nueva función fue el único que salió bien librado de su tarea cumplida con honradez y según se lo dio a conocer a El Espectador que había pedido información al respecto mediante derecho de petición.
Y no sobra hacer referencia en este caso al periódico capitalino, que tocó el asunto de los mencionados cargos y nombramientos del fiscal Montealegre, sobre lo que tituló e informó así:
El fin de las millonarias “embajadas" de la fiscalía de Eduardo Montealegre
… Durante su período se creó la figura de consejeros judiciales, cuatro personas a las que les pagarían un sueldo de $22 millones más comisiones para gestionar convenios de cooperación internacional. "Se trató de la designación de Mauricio Martínez Sánchez como Consejero Judicial en Alemania, quien fue designado bajo el decreto 06 15 del 2015 para que entre 6 de abril y el 31 de diciembre del mismo año, estuviera como delegado en el país europeo”.
En la respuesta al derecho de petición del periódico, el consejero judicial en Alemania explicó que "Procuró el acercamiento entre el Instituto de Medicina Legal de Alemania (Rechts Medizin Institut) y la Fiscalía General, con el fin de desarrollar un convenio bilateral".
Continúo hilando la historia. Mientras nuestro jurisconsulto Martínez Sánchez se desempeñaba en Berlín en su importante cargo, provisionalmente se nombró a la fiscal Adriana Cecilia Alarcón Gallego, a quien le acomodaron por vía exprés la reasignación de mí ahora importante proceso con todo el engranaje judicial, direccionado por aquel birlador de derechos y manipulador de procesos Montealegre Lynnet.
Para acabar de “joderme”, la fiscal Alarcón Gallego cumplió al pie de la letra el encargo de su hábil y tenebroso superior y en una acomodada decisión de marzo 13 del 2015 revocó y confirmó lo actuado, favoreciendo los intereses de una poderosa entidad financiera, buscados preferencialmente, pasando por encima de los conceptos en derecho de nuestro ilustre "embajador" en Alemania.
La oscura trama siguió y como había que nombrar otra fiscal en propiedad, designaron a Flor Alba Torres Rodríguez quién con fecha 24 de febrero del 2016 resuelve precluir la investigación basada en hechos y conceptos que jurídicamente son una vergüenza, parte de los cuales incluyo en este escrito como prueba de la interpretación amañada con fines perversos.
Veamos, la fiscal Torres conceptúa "doctrinalmente" así:
Pues a raíz de la liquidación de Fidubancoop, era imperioso acudir a esta figura a efecto de realizar modificaciones que, en últimas, no alteraron la esencia del contrato en sí mismo. Y, si bien, no estaba inicialmente claro el ejercicio de la cesión fiduciaria, sí lo es, que la misma se fue disipando como quiera que necesariamente había que modificarla, en tanto antes no existía cesión y había que realizarla con todos los elementos propios a ese ejercicio, lo que implicó la existencia de cambios, los cuales, contrario a lo expuesto por el censor, —se insiste—, no alteraron ni la naturaleza del contrato, ni las acreencias y menos aún las garantías.
Para la eminente e ilógica conceptualista jurídica, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Flor Alba Torres, la Cesión Fiduciaria se disipó y al disiparse se borró, se evaporó, se eliminó sola; y siguió "doctrinando" reconociendo con infalible certeza dos notorios hechos debidamente sustentados en su leguleyo argumento aquí anotado con mayúsculas: “si hubo modificaciones, pero se disiparon”.
Lo más grave y aberrante de esta fiscal Torres —poseedora y estudiosa de mi humilde proceso— fue su ceguera, ocular y mental, de lo conceptuado por nuestro ilustre fiscal Martínez Sánchez, enviado a Alemania, quien con erudición plasmó su criterio absoluto de la jurisprudencia así:
En segundo lugar, no se entiende cómo se inserta un verdadero contrato en otro prácticamente culminado, pues es claro que el primero prácticamente había finalizado, al menos en cuanto a la redacción de las cláusulas. Aquí caben dos interrogantes: el primero, ¿Por qué en lugar de elaborar un nuevo contrato, el cual se disfrazó de "modificación" pero que en el mundo real es un verdadero acuerdo de voluntades, no se dio continuidad a las cláusulas, es decir, pasando a la novena y no empezando otra vez desde la primera?; el segundo, ¿por qué no se anuló la primera actuación o contrato para elaborar el segundo?
Desde otro punto de vista se tiene que presuntamente a Jhon P. Rubio Cortés se le otorgó poder especial, que no general, porque este debe ser por escritura pública para que en nombre y representación de los esposos Medina Mariño, firmara y adelantara los trámites relacionados con la cesión del contrato.
Aquí está la cereza del pastel y lo dice nuestro ilustre fiscal Martínez Sánchez: “se le otorgó poder especial que no general”. Pero no hay peor entendedor que el que no quiere entender y en mí proceso a ninguno le convenía "entender".
Así tampoco lo entendió Adriana Cecilia Alarcón Gallego, la fiscal encargada en la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, quien en su pronunciamiento de marzo 13 del 2015 acomodó esta protuberante y vergonzosa interpretación jurídica, preguntándose: "Ahora, otro de los cuestionamientos a resolver es si la figura de la Cesión en materia Fiduciaria Mercantil resulta lícita frente al ordenamiento jurídico colombiano o si por el contrario no lo es". Es decir que ella no conoce los sinónimos de “cesión” (traspaso, entrega, compraventa, enajenación, adquisición).
Ni tampoco era fiducia mercantil, pues mi negocio era una fiducia en garantía que sí pertenece al ordenamiento jurídico colombiano y que tiene unos pilares extraordinarios, en los cuales se apoyan los empresarios y la economía del mundo cómo son: la buena fe, la honestidad y el total profesionalismo.
El exfiscal genera Néstor Humberto Martínez —sucesor de Montealegre y continuador de mi tormento judicial, de mi injusticia— era un erudito en fiducia y experto conocedor de una cesión fiduciaria y la diferencia de un poder especial frente a uno de carácter general, el cual tiene que efectuarse por escritura pública para poder hacer modificaciones que no se borren o se vayan "disipando" en el tiempo, cómo vulgar y fronterizamente lo sostiene nuestra administradora de "injusticia" Alarcón Gallego, favoreciendo omniscientemente al "sicariato judicial", que ventiló el corrupto exfiscal Moreno.
Pero todo este calvario que se inició en la Fiscalía Delegada 106 de Bogotá, cuando el fiscal general Montealegre Lynett se birló mi proceso, tuvo entierro de pobre (pues presenté una denuncia penal en su contra) y al avocar conocimiento el Congreso de la República allí otra vez se "engavetó" como sucede con la mayoría de procesos de aforados.
Al respecto, la jurisprudencia colombiana se ha pronunciado así:
La libertad extrema en la asignación y reasignación de investigaciones penales a fiscales delegados, genera dos consecuencias graves para el carácter judicial de la Fiscalía: la mecanización irrazonable del investigador como un simple operador, a quién se lo ubica o reemplaza por el mero arbitrio de una autoridad superior, y por consecuencia, la desaparición por completo de cualquier indicio de independencia y criterio propio de un servidor judicial, lo que evidentemente merma la transparencia en el compromiso de una función judicial.
Este pronunciamiento del alto tribunal fue hecho al anular una resolución de septiembre de 2011, expedida por la entonces fiscal general Viviane Morales para cambiar al fiscal de la investigación. La demanda instaurada en contra de esa resolución, señalaba que en el 2011 se ordenó la reasignación de una investigación que adelantaba la Fiscalía por estafa, hurto agravado y falsedad.
Dicho proceso se inició con la denuncia presentada por el señor Manuel Rincón, esposo de la excongresista Lucero Cortés, en contra de quienes fueran sus socios en una desaparecida empresa. Según la demandante, dicho proceso fue reasignado sin que existieran razones objetivas para adoptar tal decisión lo cual la llevó acudir al Consejo de Estado.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, estudió el caso y encontró que antes de la reasignación del proceso un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia había señalado que no era conveniente cambiar el fiscal que conocía del caso; sin embargo, se ordenó el cambio. Esa situación "configura un grado de contradicción suficiente para habilitar la presencia de un vicio de nulidad por falsa motivación".
Y así, con similares irregulares procedimientos, fue como Montealegre Lynett y su combo de fiscales de bolsillo y abogados practicantes del "sicariato judicial" lograron precluir mi proceso en beneficio de todos los altos funcionarios del sistema financiero, y sin vergüenza alguna enviaron al exterior a un funcionario honesto que conceptuó en justicia y derecho a favor de mi caso, sin importarles los grandes recursos del Estado invertidos con fines perversos en los "sicarios judiciales”.
Considero pertinente traer a colación estos aberrantes hechos en momentos en que la periodista Duzán, en su canal de YouTube, entrevista al destacado abogado litigante Iván Cancino, a quien le pregunta: "¿Sicariato Judicial hay o no hay?”. Y responde Cancino: "Maria Jimena, claro que hubo…. claro que existió", "que hay sicariato judicial, claro", "en la administración de Néstor Humberto a quién conocía como un tratadista... y a la de Montealegre que también fueron... y que hay sicariato judicial, claro".
Denuncié todos estos hechos que fueron conocidos por otro fiscal delegado dizque ante una de las altas cortes y de más alta graduación, a quien estúpidamente le confesé mis dudas sobre la imparcialidad jurídica de todos los mismos que aparecen aquí en mi iluso escrito, cuando me angustié al enterarme de que existía un "cartel de sicariato judicial".
En mi desesperación y terror de morir, busqué la protección del tal fiscal que amablemente me ofreció hacer justicia, pero quien —increíblemente— después de un largo y tenebroso tiempo falló no encontrando ni rastros ni méritos probatorios en mi denuncia.
Al poco tiempo volví a saber de ese administrador de justicia en las páginas rojas del "sicariato judicial", como lo denunciara el diario El Tiempo en su edición del 19 de febrero de 2020, titulando e informando:
Exfiscal de "cartel de la toga" no irá preso y pagará $34 millones
"Se encuentra objetivamente probado que el entonces fiscal Betín Sierra retardó un acto propio de sus funciones, como era hacer la formulación de imputación en contra de Juan Carlos Abadía, dentro del proceso seguido por los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por contar desde varios años antes con los elementos probatorios y evidencia necesarios para ese propósito", dice el fallo.
Coletilla
Dr. Eduardo Montealegre Lynett y demás fiscales de “bolsillo”: ustedes, con sus triquiñuelas jurídicas y torcidas actuaciones le ganaron a la justicia terrenal, pero no lo harán con la divina.
Sí, señor exfiscal general Montealegre Lynett, desde la provincia de Pasto, donde aún trato de recuperarme económicamente luego de haber sufrido en carne propia sus aberrantes actuaciones y habilidosos procedimientos muy bien ejecutados por su organizada banda de “sicariato judicial”, le digo que, a pesar de las oscuras intenciones de “joder” y destruir mi tranquilidad y de mi familia, atropellar mis derechos, y ofender mi dignidad y mi pluma, estas, dignidad y pluma, quedaron incólumes y seguiré utilizando como únicas armas en defensa de la justicia y contra la corrupción de un ser abominable, reseñado en la historia amarga de los malos colombianos… “con ciertos asomos de bellaco; pero todo lo cubre y tapa la gran capa de la simpleza mía"... "y más bellaco que tonto y que valiente"... todo un… "don bellaco", como lo expresara en alguna de sus andanzas el Caballero de la Triste Figura, Don Quijote de la Mancha.
