Me enteré por las noticias de la polémica armada en torno a las solicitudes del general Maza Márquez y del exsenador Alberto Santofimio, para que sus sentencias condenatorias pasen a ser examinadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Con relación al primero de ellos, se presentó incluso un choque entre la Sala Penal y la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
El Procurador General Fernando Carrillo también intervino condenando la petición.
Asimismo, la Corporación Excelencia en la Justicia también terció, la JEP “no debe ser la puerta para que crimínales (sic) condenados por delitos distintos a aquellos [hechos relacionados con el conflicto armado], tengan la posibilidad de acogerse a los beneficios Jurídico penales dispuestos para quienes se sometan a esa jurisdicción especial”. Y apoyó al señor Procurador, el homicidio de Luis Carlos Galán "obedeció a un contexto de criminalidad relacionado con el narcotráfico".
La Corporación remata así: “la petición de ambos condenados, pretende evadir el rigor de la condena impuesta por la justicia ordinaria por esta misma vía espuria”. Buscando el significado de tal término encontramos que se usa en forma despectiva, para hacer referencia como es comúnmente conocido a los hijos bastardos. Los sinónimos de espurio son ilegítimo, adulterado, falsificado, imitado, fraudulento, falso, entre otros. ¿Así es como entienden todos ellos la JEP?
Yo no sé si Alberto Santofimio Botero o el general Maza Márquez sean efectivamente responsables penalmente por el asesinato de Luis Carlos Galán. Lo cierto es que así lo sentenció la Corte Suprema de Justicia tras una larga investigación. Lo que quedó fijado en la mente de la inmensa mayoría de colombianos, es que los dos sentenciados hicieron parte en algún momento de sus vidas de la organización narcocriminal encabezada por Pablo Escobar Gaviria.
Y los que tenemos suficiente edad para haber vivido y sufrido esa nefasta etapa de la vida nacional, sabemos que la organización del señor Pablo Escobar trabajó en conjunto con la de otro perverso narcotraficante, el señor Gonzalo Rodríguez Gacha. Esta asociación para delinquir fue la responsable directa del sinnúmero de asesinatos contra el movimiento popular. Cabe mencionar las muertes de Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, a manera de recordación.
Ocurridas todas para la misma época en que se produjo la de Luis Carlos Galán, en medio de un mar de atentados con carrobombas y asesinatos políticos a granel. Y lo que es peor, en el marco de una estrategia de guerra sucia que asoló el país, y de la que cabe exigir responsabilidad a altos mandos militares y policiales de la época, implicados en esa horrorosa alianza narcoparamilitar. De la que también tomaron parte reconocidos jefes políticos, pares del desgraciado señor Santofimio.
Lo que se dio en Colombia para entonces fue la más descarada alianza entre mafiosos, jefes políticos, autoridades y paramilitares para imponer un modelo de Estado narcoterrorista, que habría de configurarse a plenitud una década después. A Galán, como a Lara Bonilla, lo matan por encabezar la lucha de la clase política “decente”, contra esa tendencia que se imponía lentamente en el país, y de la cual hasta el día de hoy no hemos podido desafortunadamente librarnos.
No creo descabellado entender que todos esos crímenes
hicieron parte del conflicto que enfrentó a las guerrillas y a fuerzas sociales y políticas alternativas, contra esa maquinaria asesina que se apoderó del Estado.
Así que con todo el respeto que puedan merecerse tan excelsos juristas, no creo que sea tan descabellado entender que todos esos crímenes sí hicieron parte del conflicto colombiano que enfrentó a las guerrillas y a un enorme caudal de fuerzas sociales y políticas alternativas, contra esa maquinaria asesina que terminó apoderada del Estado. Suele decirse que los delitos relacionados con el conflicto son la rebelión, la sedición, la asonada y los conexos con ellos.
Lo cual es completamente cierto, pero no es toda la realidad. Para que hubiera conflicto se requería que esas guerrillas y fuerzas alternativas se enfrentaran a alguien, al Estado, que entonces actuaba con toda clase de brazos, los legales, como las fuerzas armadas, los organismos de seguridad y la rama judicial, y los ilegales, como las alianzas tenebrosas entre narcos, latifundistas, paramilitares, políticos y claro, los militares, policías, jueces y demás funcionarios cómplices.
Eso lo sabemos todos los colombianos mayores de cincuenta años. Así que no podemos creernos la versión de que esas mafias no tenían nada que ver con la política y el conflicto armado. Lo que faltaría ver de las peticiones de los dos personajes, es si solo los mueve el interés de que otro tribunal falle su inocencia, o si están realmente dispuestos a contar toda la verdad con relación a la red criminal de la que hicieron parte, y que implicó a gran parte de ese país “decente”.
La sola posibilidad debe tener aterrado a más de uno. ¿Cuánto saben y pueden contar el jefe del DAS y el político más importante de la época? Una excelente prueba para la JEP.
