A mayorías parlamentarias, mayorías populares

A mayorías parlamentarias, mayorías populares

"La sociedad colombiana deberá enfrentar a los poderes que la han mantenido marginada durante más de 200 años"

Por: Jade Arenas
julio 30, 2018
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A mayorías parlamentarias, mayorías populares
Foto: Presidencia

El 20 de julio del 2018 quedará registrado en la memoria reciente de los colombianos como la fecha en la cual ocho de los dirigentes del Partido de la Rosa tomaron posesión de sus curules junto a los otros 270 congresistas que se posesionaron ese día, a excepción de Jesús Santrich e Iván Márquez quienes no pudieron hacerlo por falta de garantías políticas y de seguridad.

Posterior a la instalación de la nueva legislatura periodo 2018-2019 por parte del presidente Juan Manuel Santos, se procedió en plenaria a elegir las mesas directivas de Senado y Cámara. El resultado obtenido al final de la jornada marcó la pauta de cómo y a favor de qué intereses va a funcionar el legislativo durante los próximos 4 años.

Los resultados de la votación que definieron los nombres de los parlamentarios que presidirán las mesas directivas del Congreso dejaron lo suficientemente claro que la extrema derecha, encabezada por el hasta ahora senador Álvaro Uribe Vélez, cuenta con una correlación de fuerzas a favor dentro de Cámara y Senado, escenarios que facilitarán que dicha bancada impulse cómodamente las iniciativas que deseen, entre ellas la modificación estructural de los acuerdos de paz.

El Centro Democrático se hizo a la presidencia del Senado con 81 votos de 108, a favor de Ernesto Macías, miembro de este partido. Por su parte, el Partido Liberal logró la presidencia de la Cámara con 155 votos de 177, a favor de Alejandro Chacón, quien hace parte de la bancada que conformó el CD. Es decir, que la derecha y la extrema derecha además de presidir el ejecutivo, acaparó también la presidencia, vicepresidencia y otros importantes cargos del legislativo.

El contexto descrito deja con estrecho margen de maniobra a la bancada por la paz conformada por diversas fuerzas de izquierda y progresistas, entre ellas el Partido Verde, que a pesar de esto y amparado bajo las garantías que brinda el Estatuto de Oposición (impulsado gracias al acuerdo de paz) obtuvo la segunda vicepresidencia en Senado y Cámara. Dicho panorama legislativo hace improbable que la coalición por la paz logre concretar fácilmente sus iniciativas en defensa del acuerdo de paz.

Los efectos de dicha correlación de fuerzas no se han hecho esperar. Pocos días después de su instalación, el partido de gobierno y sus más allegados propenden por controlar la conformación de las comisiones de trabajo legislativo más importantes, donde se definen temas tan trascendentales para el país como los relacionados con las políticas agrarias, de seguridad, paz, entre otras. En los próximos días sabremos en qué términos concluyó el actual pulso parlamentario, a lo que se le suma el llamado a indagatoria de Álvaro Uribe y los efectos que este hecho pueda generar en el Centro Democrático y en la coalición del nuevo gobierno.

Este Congreso y sus directivas, junto al próximo ejecutivo, han cubierto con un manto de incertidumbre el deseo mayoritario de paz y justicia social, si tenemos en cuenta que la implementación de dicho anhelo depende en gran medida de las decisiones y la acción política presidencial y parlamentaria.

De allí que no sea descabellado presagiar que Colombia se dirige rápidamente hacia el despeñadero de la guerra, ya que los cambios anunciados por Iván Duque terminarán de destruir los acuerdos de paz, lo que implica en la práctica la profundización de las causas que generaron el alzamiento armado de un sector del pueblo, cerrando con ello de hecho toda posibilidad de tramitar el conflicto interno colombiano por vía diplomática y pacífica.

Si durante el mandato del Nobel de Paz, y fundamentalmente después de la firma del acuerdo final, han sido asesinados más de 400 líderes, dirigentes y reincorporados de Farc —y tan solo se ha implementado el 18% de lo pactado en la Habana, quedando aún en el tintero nada más y nada menos que el desmonte del paramilitarismo, la reforma rural integral, y la reforma política entre otros puntos—, ¿qué puede augurar la sociedad colombiana con el retorno al poder de los adictos a la guerra, quienes gobernarán con el control de las mayorías parlamentarias prestas a cambiar cualquier “articulito” que deseen?

Nada bueno. Los colombianos de a pie, es decir las mayorías colombianas, ven cómo el poder excesivo de la clase política y económicamente dominante les pisa los talones, dejando como únicas certezas: el retorno de las masacres, los falsos positivos, la represión a la protesta social, la limitación de derechos y garantías sociales.

Sin embargo, emerge otra incuestionable certeza: la sociedad colombiana deberá enfrentar a los poderes que la han mantenido marginada durante más de 200 años como único camino para cimentar un país que transite hacia la apertura democrática, en donde prevalezca la inversión social, el desarrollo sostenible con el medio ambiente, el empleo, los salarios dignos, es decir la paz que anhelan la mayoría de los colombianos, aunque no las actuales mayorías parlamentarias.

 

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