La UNESCO consagra la educación como un “derecho humano fundamental”, el cual debe garantizarse a la población. Este trae diversos beneficios a la sociedad en su conjunto, los cuales han sido documentados en diversos estudios sobre: el fortalecimiento del capital humano, del desarrollo y de la economía de un país; la reducción de la pobreza, la violencia y la intolerancia; la promoción
de la cohesión social y de una cultura ciudadana; entre otros.
En este entramado se encuentra la educación superior como una de las etapas del proceso educativo y un reto para Colombia en términos de su acceso.
En 2019 sólo el 39,7% de los estudiantes graduados de bachillerato accedieron inmediatamente a la educación superior; mientras que el Ministerio de Educación señala que la tasa de cobertura en educación superior es del 53,94% en población joven. Estas cifras muestran el desafío de Colombia para garantizar el acceso a este nivel de la educación.
En este contexto se presenta la Ley 260 de 2022, o Ley de Matrícula Cero, la cual busca establecer la gratuidad universal en la educación superior, lográndolo en los programas de pregrado de las universidades públicas.
Actualmente la ley está a la espera de su reglamentación. Esta es una ventana de oportunidad importante que permite avanzar en la equidad del acceso; no obstante, este es solo un primer paso en pro de la educación en el país.
La matrícula cero debe ser el inicio para generar condiciones de educación para todas las poblaciones de Colombia; de otra manera, esta solo sería una aproximación económica minimalista del fenómeno, la cual, si bien abre oportunidades a un segmento de la población, excluye otros.
Para comenzar, quedan de lado los gastos que se generan al momento de estudiar el técnico, tecnólogo o carrera universitaria que se escoja. Así, seguirá habiendo grupos que no tendrán condiciones de estudio
similares a las del resto de sus compañeros dependiendo de sus características socioeconómicas.
Lo anterior tiene relación con la misma distribución del sistema de educación superior público colombiano, en el que la calidad está centralizada en los principales núcleos urbanos. No se ofrecen los mismos estándares a lo largo del territorio nacional, hay un incentivo para la migración de estudiantes de las zonas apartadas y persisten dificultades, ante los costos de manutención, de estos en recibir un determinado tipo de educación.
Adicionalmente, es importante fijar los mecanismos por medio de los cuales se va a ampliar la oferta de cupos de calidad en las instituciones de educación superior públicas, así como los criterios de selección diferenciales que tengan en cuenta las desigualdades estructurales al aplicar a este tipo de instituciones. Esta preocupación se refleja en la brecha de aprendizaje que existe entre niveles socioeconómicos, viéndose en la prueba saber 11 de 2021, en la cual los de nivel socioeconómico
más bajo tienen en promedio 79 puntos menos en calendario A y 17 en B que sus pares de niveles más altos.
Situación similar se presenta entre los colegios públicos y privados, teniendo los segundos 41 puntos más en promedio en la misma prueba. Igualmente, poblaciones como los migrantes, comunidades afro, indígenas, víctimas del conflicto armado, entre otras, atienden a un contexto todavía más complejo en el que son mayores las desigualdades.
A estas inquietudes se suma la necesidad de fijar mecanismos de financiación claros y sostenibles en el tiempo, los cuales permitan el pago de la matrícula de los estudiantes, a la vez que se refuerza la inversión en las instituciones de educación superior pública.
Son variadas las inquietudes sobre el futuro de la educación; sin embargo, como hijo de la universidad pública, soy consciente del cierre de brechas que permite la educación superior, cuantitativa y cualitativamente. La matrícula cero es solo el primer paso de esta tarea para ampliar las posibilidades en la educación superior en Colombia. Sin embargo, en la medida que esta se concreta, es importante continuar incentivando formas de acción comunitarias e institucionales, las cuales ayuden al
fortalecimiento de las poblaciones más vulnerables para que tengan este tipo de oportunidades.
Dos ejemplos de ello se encuentran en Bogotá: El Preuniversitario Público y Gratuito de “Prepárate para la U” de Tunjuelito, y “Jóvenes a la U” del distrito. En el primero hay un enfoque por consolidar los conocimientos necesarios para presentar los exámenes saber 11 y de acceso a las universidades, así como hay un fortalecimiento de la infraestructura educativa; de esta manera, se logró que fueran admitidos a la Universidad Nacional 107 beneficiados de la localidad de Tunjuelito.
Asimismo, con"Jóvenes a la U" Bogotá ha logrado fomentar el ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior, yendo más allá de la matrícula y dando formas de sostenimiento, llegando a más de 30 mil jóvenes, por lo que es uno de los programas más grandes de América Latina con este enfoque.
Ambas son estrategias innovadoras y flexibles que promueven la reducción de las brechas de acceso en educación superior. Con este tipo de programas se puede continuar con el proceso con el que se dan pasos como matrícula cero. La educación superior es la llave para el cambio en Colombia.
