Para nadie es secreto que la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia del COVID-19 ha representado importantes problemáticas para la población del país que se debate entre conservar la vida a través del confinamiento y el aislamiento físico, y arriesgar su existencia al salir a la calle a rebuscarse los medios materiales por medio de los cuales pueda garantizar su subsistencia. Situación que aqueja principalmente a las familias de clase media y baja, clara evidencia de las gigantescas brechas de desigualdad, pobreza y exclusión social de carácter estructural presentes en nuestra sociedad.
Es bajo la consigna de que la elección para los estudiantes de las diferentes IES públicas del país y sus familias no puede ser “hambre o educación”, que en todo el territorio nacional se viene levantado la voz de las comunidades universitarias exigiendo al gobierno nacional, principalmente, y las administraciones regionales, que asuman por lo menos durante esta época de crisis económica, el costo de las matrículas de los estudiantes de las universidades públicas del país.
Por su parte, el gobierno nacional ha respondido a las exigencias del movimiento estudiantil y universitario, con una destinación presupuestal de 97.000 millones de pesos que serán distribuidos por concepto de apoyo para matriculas, entre las 63 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas del país. Cifra que es a todas luces insuficiente y que pone nuevamente a las IES a asumir las responsabilidades que el Estado debería asumir en medio de las actuales condiciones por las que atraviesa la población.
En el caso particular de la universidad de los bogotanos, la Distrital, el estamento estudiantil en compañía del profesoral hemos venido organizándonos y exigiendo matricula cero así como garantías académicas y de bienestar universitario, especialmente en términos de conectividad y apoyo alimentario, dos temas esenciales a la hora de enfrentar un semestre desde la modalidad virtual por los verdaderos y poderosos desafíos que representa para la comunidad universitaria, más aún cuando el 98% de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Es decir, los sectores más afectados por la crisis económica y social.
Hasta el momento los estudiantes hemos conquistado a través de la presión y la agitación, que la administración de la universidad garantice de manera parcial y con dificultades, los apoyos de conectividad y alimentación a cerca de dos mil quinientos estudiantes. No obstante, hace falta aún la principal reivindicación que venimos solicitando a la administración de la institución, al gobierno nacional y distrital, sobre la gratuidad en la matrícula para los 27.000 estudiantes que cursan el actual semestre académico 2020-1 y el próximo semestre 2020-3.
Así pues, desde el estamento estudiantil, se han presentado diferentes alternativas y propuestas para que la administración de la universidad, y especialmente, el gobierno distrital en cabeza de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destinen los recursos suficientes (11.000 millones) que, sumados a los 2600 millones provenientes del gobierno nacional por concepto de apoyo para matrículas, garanticen que la universidad del distrito capital, la ciudad con mayor músculo financiero del país, y que posee un presupuesto global para educación en el año 2020 de 3,9 billones de pesos; brinde matrícula gratuita a los estudiantes de la institución para el primer y segundo semestre del año, tal y como lo han alcanzado universidades en diferentes regiones del país como la Universidad de Cundinamarca, Unillanos, Unimagdalena, Univalle, entre otras.
Ahora bien, es preocupante e inadmisible la posición asumida por la alcaldía de Claudia López, quien salió al ruedo en días pasados, dirigiendo una carta al rector de la universidad, Ricardo García, en la que le solicita que del presupuesto que la universidad aprobó el año pasado para la vigencia 2020, se busque la forma de asumir el valor de la matrícula de los 27.000 estudiantes de la institución. Esta posición demuestra poquísima voluntad política por resolver esta situación, recordemos además que el presupuesto para la vigencia 2020 de la Distrital fue aprobado con un déficit cercano a los 88.000 millones de pesos, por lo tanto se vuelve incomprensible que la alcaldía de Bogotá deje a la universidad a la deriva y a la comunidad estudiantil viendo un chispero.
Recordemos que una de las propuestas de la actual alcaldesa fuera la de fortalecer la Universidad Distrital y privilegiar la educación pública. Hoy se lava las manos y raya en la incoherencia. No tiene ningún sentido permitir que una institución estratégica para la ciudad como la Distrital asuma sola la justa demanda de los estudiantes, cuando lo que se debería estar desarrollando es una profunda estrategia de fortalecimiento de la universidad para que sea esta una de las pioneras en contribuir a la solución de los problemas sociales surgidos gracias a la pandemia, y materializar realmente el primer propósito del plan de desarrollo distrital: Un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social.
Además, vale la pena insistir en que el gobierno Duque debe entregar los recursos suficientes para garantizar matrícula gratuita a los estudiantes de las diferentes universidades e instituciones de educación superior públicas del país, especialmente a aquellas en las que aún no se les ha resuelto el tema de la matrícula. Estos son solo algunos de los síntomas que se han agravado debido al COVID-19, pero que revelan una cruda y dolorosa radiografía de lo que es nuestra realidad nacional, en sus diferentes niveles, pero que se deben a la infame enfermedad del neoliberalismo, modelo que viene siendo aplicado por más de 30 años en nuestra nación y que hoy nos muestra con más claridad que nunca los gigantescos estragos que ha causado.
Finalmente, es bueno advertir al gobierno nacional, que el movimiento estudiantil, así como los diferentes sectores de la sociedad, hoy somos conscientes de la inconveniencia en las políticas que viene desarrollando y que en medio de la contingencia se han profundizado. No nos queda de otra a quienes nos hemos propuesto cambiar las condiciones del país que optar por la unidad y la organización para enfrentar las políticas y decisiones que en nada se corresponden con el clamor y la realidad nacional.