Como planteé en la pasada columna, dedicaré este espacio a reflexionar a propósito de las propuestas del Paro Nacional de 2021, que se han radicado como proyectos de ley, para este cuarto año legislativo de la era Duque. Si bien se sabe de sobra que las mayorías gobiernistas ni siquiera darán trámite a las exigencias de la calle, estas reivindicaciones nacidas de las protestas nos marcan el rumbo de para un plan de gobierno alternativo, y deben igualmente definir los compromisos para las labores parlamentarias –o constituyentes- de quienes acompañen un nuevo gobierno. Parafraseando la consigna: A parar para avanzar, y a avanzar para gobernar.
Inicio con la propuesta de la Matrícula Cero, debate acuciante cuando ya se cursa en la mayoría de planteles de educación superior el cuarto semestre bajo los rigores de la pandemia. Esta necesidad de las jóvenes generaciones que piden educación para cambiar sus condiciones, de vida viene siendo una promesa burlada por el presidente Duque desde el Paro Universitario de 2018. El Gobierno Santos le legó a Duque un déficit de 18 billones de pesos para las instituciones estatales de educación superior -calculado por el mismo SUE-, y claramente detrás de la charlatanería de su “economía naranja” el mandatario uribista mantiene hasta hoy inamovible la política de gasto neoliberal que desprecia lo social, mientras privilegia el presupuesto militar y la deuda pública, acrecentando el pasivo de la educación superior. De los 350 billones del presupuesto general de la nación propuesto para 2022, la deuda pública se come 78 billones y el gasto militar 41.9 billones, -más de una tercera parte del total en estos 2 cánceres- cuando para la educación superior apenas se destinarían 4.3 billones (el 1.2% del Presupuesto ) casi 10 veces menos que para la Fuerza Pública, y casi 20 veces menos que para los grandes acreedores del sector financiero.
Muchos de las y los jóvenes tachados de “vándalos” por el Gobierno Duque y tratados como enemigos internos por la insania del Esmad, simplemente exigen oportunidades para acceder a una educación superior de calidad y de forma gratuita. Pero cada vez más en Colombia esto se torna un privilegio. El problema de la educación superior es estructural. Su crisis de financiación nos lleva cuando menos a la aprobación bajo el gobierno de Gaviria de la Ley 30 de 1992 que sometió a las universidades públicas a la lógica del mercado, ampliando la cobertura para poder competir por unos escasos recursos públicos que se mantenían constantes, en detrimento de la calidad académica y de las garantías laborales del cuerpo docente y de trabajadores universitarios. La mayoría de universidades estatales se financian de matrículas y de venta de servicios, es decir se autofinancian, sometiendo incluso la educación pública a lógicas privatizadas. Mientras tanto, han proliferado instituciones educativas de regular calidad que se lucran bajo modelos flexibilizados a estudiantes de sectores populares que no pueden ingresar a la universidad pública.
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El neoliberalismo convirtió el Icetex de una entidad que promovía los estudios en el exterior de jóvenes talentos a un banco chupasangre digno del grupo Aval
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Los recursos púbicos, de por sí escasos y desproporcionados con respecto al gasto en represión se destinan a la financiarización de la educación superior. El neoliberalismo convirtió el Icetex de una entidad que promovía los estudios en el exterior de jóvenes talentos a un banco chupasangre digno del grupo Aval. Así pues, el presupuesto asignado a la educación superior no va a suplir las necesidades de los planteles educativos frente a infraestructura, personal o bienestar estudiantil, si no son dirigidas a programas de subsidio a la demanda. O para ser más exactos de préstamo a quienes demandan educación superior, para garantizar el respectivo lucro del sector financiero, con los recursos públicos, como si no le bastasen los 78 billones que se van a embolsillar por pago de la deuda. Por este negocio para el usufructo privado, entre 2010 y 2016 (Gobierno Santos) los aportes de la Nación para el Icetex aumentaron en 677 %. En cambio, los aportes de la Nación para la oferta educativa apenas subieron un 50,4 %, quedando claro la cartilla neoliberal para el sector educativo que se sigue desde el fallido Plan de Desarrollo de Pastrana.
La pandemia catalizó la gran crisis del neoliberalismo en Colombia, alcanzando cifras inéditas de desempleo y decrecimiento en el 2020, que han redundado en una importante merma de la matrícula universitaria tanto en instituciones públicas como privadas, que empieza a derivar en una reducción de oferta educativa y personal docente. Para Ascun entre 2019 y 2020 hubo una reducción del 18.5 % en matrícula de estudiantes nuevos. El gobierno nacional expidió el Decreto 662 del 14 de mayo de 2020, “por el cual se crea el fondo solidario para la educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus covid – 19 en el marco de la emergencia económica social y ecológica”, el cual destina $217.874.504.953 en su artículo 3 Uso de los recursos, numeral 4 establece: “4. Auxilio económico para el pago de la matrícula para los jóvenes en condición de vulnerabilidad en Instituciones de Educación Superior Pública”.
Amparado en esta legislación de excepción, el Gobierno Duque destinó para el segundo semestre de 2020, 97.500 millones de pesos para 63 IES públicas que cubren más de 776.444 estudiantes de las IES públicas estudiantes. Si tenemos en cuenta que los costos de matrícula por semestre superan los 700 mil millones, las medidas de Duque aportaron menos del 12% del costo total de la matrícula, situación que se repitió para el primer semestre de este año. Los recursos restantes para cubrir a los estratos 1, 2 y 3 en pregrado han tenido que asumirlo las Entidades Territoriales ($83.590 millones) y las propias IES, aumentando el déficit crónico de ambas instituciones. Ósea que detrás de la Matrícula Cero de Duque se profundizó fue un Déficit Infinito para departamentos y universidades públicas. Doblemente castigadas las universidades por la política educativa estatal: primero por ser obligadas a autofinanciarse, y ahora por quedar compelidas a pagar de sus paupérrimos recursos lo que ya se autofinanciaban
La negativa a la gratuidad de la educación superior a través de la financiación del gobierno central, muestra su mayor mezquindad cuando se revela que en medio del mismo insuficiente rubro del Fondo Solidario para la Educación (2.5 billones de recursos del Fome) se privilegió promover el endeudamiento de las y los jóvenes. Se le entregó su manejo al Icetex y los recursos allí dispuestos se han destinado casi exclusivamente a líneas de crédito y sólo el 3,9 % del mismo a auxilios de matrícula. Peor aún, mientras las y los universitarios no consiguen la voluntad de Duque para continuar estudiando en medio de esta crisis, los Cacaos del empresariado sí reciben dádivas del Gobierno. Firmas de los conglomerados Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Gilinski, Ardilla Lülle y el Grupo Corona recibieron subsidios del Programa de Apoyo al Empleo Formal, Paef, durante la pandemia. Según Confecámaras, el 80 % de las empresas más grandes de Colombia obtuvieron el beneficio estatal, en comparación con solo el 9 % de las mipymes que accedieron al Paef. En siete meses se giraron 2.3 billones de pesos dirigidos a 3.012 grandes empresas con más de 200 trabajadores, incluyendo las de estos grandes grupos empresariales sustento político del Centro Democrático.
Buscando dar cumplimiento a las exigencias del movimiento universitario se presentaron el año pasado, los proyectos de ley 254 de 2020 Cámara “Por Medio Del Cual Se Garantiza Matrícula Cero” y el 326 de 2020 Senado “Por medio del cual se modifican disposiciones contempladas en el decreto legislativo 662 de 2020 y se crea el Programa Matrícula Cero”. Ninguno de los dos proyectos logró continuar su trámite legislativo y fueron archivados por falta de voluntad política de algunos congresistas. El nuevo proyecto hijo del Paro Nacional de 2021, aunque fue radicado el pasado 20 de julio aún espera iniciar su trámite en esta legislatura marcada por el ausentismo, la temprana campaña electoral y el desinterés parlamentario.
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La matrícula cero, para que sea sostenible y avance hacia la gratuidad de la educación superior requiere igualmente una reforma universitaria democrática y estructural
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Hace 10 años las y los estudiantes enterraron la propuesta de contrarreforma educativa de Santos. Surgió la MANE y las esperanzas de muchos y muchas para que al calor de la movilización se pudiera avanzar en el derecho a la educación lo que el Congreso no quería. No obstante, la MANE naufragó cuando construyó su reforma de educación superior y se la entregó a un parlamento de espaldas a sus intereses y el de la mayoría de colombianos y colombianas. Esta nueva generación que ha resistido en las calles, no puede repetir nuestros errores del pasado. La matrícula cero exige de la movilización permanente, en medio del doble trámite legislativo en curso letal para los intereses de clases medias y sectores populares: el presupuesto de 2022 y la nueva reforma tributaria. La matrícula cero, para que sea sostenible y avance hacia la gratuidad de la educación superior requiere igualmente una reforma universitaria democrática y estructural que responda a los problemas de nuestro país en pleno siglo XXI. Y a riesgo de decir verdades de Perogrullo, la matrícula cero –y la reforma universitaria- serán posibles solamente en medio de un cambio político de fondo que incluya que avancemos a ser gobierno. Por ello, propongo desde ya que un nuevo gobierno que quiera responder al Paro Nacional y sus exigencias, decrete la emergencia económica sustentada en el desastre que heredará del Gobierno Duque, y que incluya dentro de sus medidas prioritarias la expedición por decreto ley de matrícula cero para las instituciones públicas de educación superior.
