En 1999 el entonces presidente Andrés Pastrana se reunió con la cúpula de la banca liderada por María Mercedes Cuéllar. En menos de una hora se decidió la creación del 4 por mil con el propósito de recaudar dineros para invertir en gastos del Estado, pero con el veneno de dejarlos en las cajas fuertes de la banca durante un largo periodo, sin intereses significativos, para que los dueños de los bancos dispusieran de efectivo para recuperarse de lo que denominaron “crisis financiera”.
En esa reunión celebrada en el Hotel Casa Medina, las decisiones se tomaron antes que se sirviera el tinto.
Los bancos salieron adelante, los usuarios y el país siguen en crisis.
En el año 2002, al inicio de los gobiernos de Uribe, los miembros de la siniestra Asociación Colombiana de Empresas de Energía Eléctrica, ACOLGEN, acordaron con el Gobierno obligar al usuario a pagar un dinero adicional en el recibo mensual para cubrir costos de eventuales periodos de crisis climática.
Para el nuevo impuesto emplearon un eufemismo: le llamaron Cargos por Confiabilidad. Las decisiones que beneficiaban a las privatizadas empresas de energía eléctrica con perjuicio para el usuario se tomaron en una mañana.
15 billones de pesos después, se presentó la crisis por cuenta del Fenómeno del Niño y la plata para cubrir la eventualidad nunca apareció.
Para hacer más chocante la maniobra, en solo 5 días, el Gobierno decidió incrementar en un 20% la tarifa de energía para evitar un inminente apagón.
En el año 2006, dos Notarías, tres cargos intermedios y cinco minutos encerrados en un baño de Palacio bastaron para reelegir un presidente.
El gremio ganadero, cuyos capítulos Córdoba, Sucre y Bolívar se encuentran involucrados hasta la médula en hechos relacionados con la guerra sucia, ideó un Fondo Nacional del Ganado desde el cual recibiría patrocinio y ayuda del Gobierno.
Ese botadero de plata se creó y recibió financiamiento en menos de una semana.
Desde allí se pagaban los viajes, los cocteles, los hoteles y las escapadas nocturnas de Félix Lafaurie, con las que buscaba un justo reposo a lo que deben ser los amargos días a los que se obligó por su matrimonio con María Fernanda.
Cada uno de esos gremios pidió y obtuvo el apoyo del Gobierno en instantes. Sus peticiones fueron tramitadas en el más alto nivel y las soluciones que reclamaban en todos los casos llegaron de la mano del patrimonio público.
En cambio los indígenas, afros y campesinos debieron poner 4 muertos, un número indeterminado de heridos, decenas de detenidos y el manoseo institucional para lograr que les cumplan lo pactado en la minga de hace tres años.
Estas y muchas otras, constituyen las razones por las cuales las mediciones económicas internacionales califican a Colombia como una de las naciones más desiguales del mundo.
Y los fundamentos necesarios para entender que quienes controlan el poder en este país prefieren matar indígenas, afros y campesinos que enfadar poderosos.
