En el recinto del Congreso de la República, el pasado jueves se llevó a cabo una audiencia pública para discutir sobre el terrible flagelo del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Fueron varios los que acudieron a la cita del senador Senén Niño Avendaño y otros tantos los ausentes. Aun así, ignorada por los grandes medios de comunicación, la audiencia estuvo cargada de argumentos de altura y de un tecnicismo impresionante, por lo que me parece apenas injusto que la ciudadanía en general no se entere de que existen estas iniciativas que tienen como fin la protección de nuestros hijos e hijas.
La principal conclusión, para la sorpresa e indignación de muchos, es que hemos estado perdiendo el tiempo firmando planillas para apoyar medidas como la pena de muerte, la cadena perpetua o la castración química. Por unanimidad, los ponentes dejaron claro que estas medidas hacen parte de ese fenómeno —medio electoral, medio jurídico— llamado “populismo punitivo”; es decir, que toda política que vaya encaminada al aumento de penas, conformación de delitos y sanciones más duras como única salida, no solamente no sirve al propósito que pretende servir sino que agrava ya la aguda situación de vulneración de derechos humanos en el país. Bueno, quizás estas medidas sí beneficien a alguien: a los políticos que pretenden acceder al poder gracias a la mezcla de ingenuidad y de indignación pasajera y mediática de la ciudadanía en general, pero a los niños y niñas no, eso es seguro.
Así las cosas ¿qué se puede hacer? El aporte más valioso en mi opinión, la hizo el mismo senador que citó a la audiencia, puesto que dejó claro que lo que busca es el apoyo tanto de entidades del Estado, como de organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, sector salud y educación, e incluso la misma unidad familiar, para el diseño de una gran política pública integral de prevención y erradicación del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Tarea titánica por decir poco.
De las cinco horas y media que estuve escuchando atentamente las intervenciones, también pude concluir que era necesario enfocar diferentes esfuerzos, tanto para controlar y castigar a quienes hoy por hoy ya son graduados en delitos sexuales contra menores, como para prevenir la creación de nuevos violadores de niños.
Para todos es claro que la ley penal trae en su haber todo un conglomerado de conductas que constituyen delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. También lo es que con el Código de la Infancia y la Adolescencia se incluyeron principios rectores que repercutieron en lo penal e impiden que jueces otorguen rebajas o beneficios a estos delincuentes. Así que aquí no está el problema, la política criminal principal está bastante bien, no así la política criminal secundaria, por cuanto la justicia en general se ha quedado corta respecto a su capacidad operativa para investigar y llevar a juicio a los abusadores y, como si fuera poco, actúa casi como una rueda suelta porque carece de un apoyo articulado y armónico con otros sectores, como el de la salud y la educación ¡Qué diferente sería todo si los colegios tuvieran una cantidad adecuada e idónea de profesionales expertos en detectar estos abusos! ¡Sería maravilloso si todos los hospitales conocieran la ruta de atención que se debe otorgar a los niños y niñas violentados sexualmente!
Ahora bien, la prevención es por lejos mucho más difícil de diseñar. Debe contener medidas que busquen modificaciones de aspectos culturales que los colombianos hemos pasado de generación en generación. Evitar asignar roles con base en el género de los niños y niñas. Criarlos para que acepten y entiendan la diferencia, y que por ende la respeten. Derrumbarles la idea de que las mujeres son posesiones de los hombres y darles una adecuada, completa y franca educación sexual para que adquieran hábitos de autocuidado y protección aun en ausencia de los adultos responsables.
Puede ser polémico, pero necesario también, que el Estado se acerque a las personas pedófilas, no con represión sino con comprensión. Como dijeron los expertos psicólogos de la audiencia “no todos los abusadores sexuales son pedófilos, así como no todos los pedófilos son abusadores sexuales”. Derrumbar esos imaginarios colectivos contra el que es pedófilo pero nunca ha abusado de nadie, podría ayudar a que estas personas tejan redes de apoyo que estén pendientes del desarrollo de su parafilia, de la misma forma en que los que luchan por no recaer en el alcoholismo se ayudan entre ellos.
Espero como ciudadano, que tengan en cuenta la olvidada y abandonada cuestión de la salud mental. Como dijo el Director de Medicina Legal “el asunto es un problema de salud pública” ¡Cuánta razón! Si se implementara una política de chequeo periódico de nuestras facultades mentales, de la misma forma en que las mujeres tienen la conciencia de visitar anualmente al ginecólogo por su salud, se podrían prevenir muchos otros males de la sociedad.
Reitero, no es nada fácil la tarea que se ha encomendado a sí mismo el senador Senén Niño. También celebro que estas iniciativas surjan lejos de la coyuntura del momento y de las indignaciones pasajeras de los colombianos, que solemos recordar que violan niños cuando se registran casos como el del criminal Uribe Noguera y nos limitamos a querer lincharlo, pero nada más.
Le deseo la mejor de las suertes a la sociedad colombiana en esta ardua empresa, pero no esperemos pasivamente a que los resultados se den por sí solos. Si tomamos parte activa del proceso, puede que no necesitemos tanta suerte.
