Una noticia divulgada ampliamente ha sido la captura de cuatro personas acusadas de ser responsables de los actos vandálicos realizados durante las jornadas de protesta en Bogotá. La Fiscalía y la Dijin afirman que se tomó la decisión después de un largo proceso de seguimiento (1.600 horas de escucha y 112.000 actividades en redes), concluyendo finalmente que las personas capturadas pertenecen, supuestamente, a un colectivo urbano con intereses terroristas.
Durante la audiencia, el fiscal presentó los extractos de las conversaciones interceptadas y algunas imágenes. Curiosamente, en ninguna de ellas se observa o escucha la participación directa de estas personas en los hechos violentos por los cuales se les está acusando; hechos que se encuentran grabados en un buen número de videos.
El fiscal se limitó a presentar una exégesis o interpretación de lo que se escucha en los audios, dando a entender que esa es la única explicación posible de lo que decían los acusados y, a partir de esos supuestos, aseguraba que en Bogotá existe una red de terroristas urbanos vinculados a las disidencias de las Farc. Sin embargo, las pruebas presentadas no son contundentes y, a pesar de esto, los medios de comunicación hicieron una amplia difusión de la noticia juzgando culpables a estas personas; quienes no han tenido el derecho a defenderse y que en la audiencia de imputación de cargos negaron su participación en los hechos.
La búsqueda de culpables
Cuando la sociedad se enfrenta a un conflicto, es común que se inicie la búsqueda de culpables y las instituciones son presionadas a hacerlo; por ello buscan el apoyo de los medios, con quienes se activa un engranaje especializado en alimentar opiniones.
La estrategia del fiscal era hacer que el juez aceptara su análisis como hipótesis válida y razonara siguiendo el método deductivo, donde a partir de unas hipótesis se llega a una conclusión; el objetivo es que el juez dictaminara la culpabilidad de los acusados; sin embargo, las personas no pueden ser condenadas por lo que han dicho, sino por lo que hicieron y no fue presentada ninguna prueba: audio o imagen que los inculpe directamente con las acciones vandálicas ocurridas durante las marchas en Bogotá.
Una red nacional organizada
La fiscalía aseguró que durante la investigación encontraron bases de datos que incluían los nombres de 1.370 posibles terroristas ubicados en el centro del país, cifra que algunos medios aumentaron a 2.000, y afirmó que los acusados hacían parte de un “colectivo” o “unión solidaria” que dirigía un disidente de las Farc. Lo extraño es que, de acuerdo con esta información, existirían por lo menos 300 “uniones solidarias” haciendo fechorías en la región con el objetivo de ejecutar actos vandálicos, ataques a la fuerza pública, movilizaciones y bloqueos en las ciudades.
La Fiscalía indicó que detrás de los “colectivos” hay una organización nacional que tiene contacto con grupos internacionales y, en especial, de América Latina. Que las decisiones se toman en asambleas y que actúan de acuerdo con unos estatutos; también indica que poseen manuales para fabricar artefactos explosivos y crear comandos urbanos; sin embargo, no se aportó ninguna prueba y por el contrario, la noticias informan que no hay unión entre las disidencias; están enfrentadas a muerte.
Mano dura, garrote y balas
El despliegue de los medios masivos hacía este caso envolvió a los ciudadanos en un sentimiento de temor y reforzó que se estaba cumpliendo la promesa de las capturas hecha por el ministro de Justicia; fue un despliegue que dio legitimidad y aceptación a la institución castrense; sentimiento que toma relevancia en la época preelectoral cuando se le ofrecen a los ciudadanos los ideales de la democracia.
Afirmó el fiscal que logró interpretar uno de los modus operandi de estos “colectivos”: disfrazarse de policías, filmar actos indebidos y subirlos a las redes sociales; sin embargo, los policías de los videos que han sido publicados ya han sido identificados por la misma policía. Es conocido que la Institución abrió el primer semestre 1.474 casos por presunto abuso de autoridad.
Después del despliegue mediático la ciudadanía quedó satisfecha; se había encontrado a los “culpables” en una decisión tomada sin jueces y sin importar el debido proceso. Quedaron en el olvido situaciones extrañas que se derivaron a partir de la tesis desarrollada por la fiscalía; a continuación, se enumeran algunas de ellas:
1. Narró el representante del ente acusador que en febrero de 2019 fueron incautados en San Vicente de Caguán: estatutos y manuales de las Farc en los que se daban lineamientos para la creación de estos ‘colectivos’ o ‘uniones solidarias’. La Fiscalía aseguró que esta era una iniciativa criminal de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ desconociendo que las “uniones solidarias” fueron implementadas por las extintas Farc hace 31 años; ¿sería que el fiscal se estaba refiriendo a los manuales y estatutos de este grupo y de esa época?.
2. La fiscalía aseguró que las personas que ingresan a estos colectivos son llevadas al Guaviare y entrenadas militarmente en el uso de las armas y capacitadas en estrategias para una guerra de cuarta generación (uso de redes y manejo de las TIC); actividades propias de los jóvenes; sin embargo, dos de los acusados son personas de la tercera edad. Pareciera que están mezclando el entrenamiento de las “uniones solidarias” indicado en el reglamento de 1989 de las extintas Farc con los supuestos “colectivos” a los que pertenecen los capturados; sería interesante saber como la fiscalía sacó esas conclusiones.
3. El fiscal indica que el cabecilla Martín estaba operando los colectivos desde la cárcel; sin embargo, posteriormente informa que este fue capturado solo hasta febrero del presente año pues estaba delinquiendo en el Tolima; lo curioso es que en su juicio no se le imputaron cargos por organizar guerrillas urbanas. En septiembre de 2019, había sido enviado al Tolima con el fin de recuperar las zonas de influencia que tuvo la guerrilla de las Farc en el sur de ese departamento. Fue capturado cuando hasta ahora estaba iniciando esta labor.
Surge el temor que estas personas sean sindicadas para mostrarle a la opinión pública que las afirmaciones del ministro de Justicia son verdaderas y que en las protestas populares hay grupos terroristas infiltrados; de esta forma se justificaría la mano dura por parte de la policía.
