Virgilio Hernández Castellanos y Daniel Hernández Martínez estudiaron derecho y se hicieron fiscales con la idea arraigada de defender los valores por los que lucharon sus padres, víctimas de la masacre ocurrida el 18 de enero de 1989 en un paraje de la vereda La Rochela, en el Bajo Simacota santandereano.
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Virgilio llegó a ser director de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la experiencia y conocimiento acumulados le valieron para convertirse luego en instructor de los jueces que condenaron a la horca al dictador iraquí Sadam Husein por sus crímenes contra civiles indefensos.
Daniel llegó al bunker como un reputado investigador y como fiscal se especializó en temas sensibles de corrupción, en medio de una lucha llena de contrastes y sobresaltos que a comienzos de diciembre de 2022 lo tenía al borde de ir a la cárcel.
Hijos de Virgilio Hernández Serrano, secretario hasta su muerte del Juzgado Cuarto de Instrucción Criminal Ambulante de San Gil y de Luis Orlando Hernández, investigador especializado en criminalística, respectivamente, Virgilio y Daniel se llaman entre sí “hermanos” porque se sienten unidos por los hilos filiales de la sangre que derramaron sus papás durante uno de los peores ataques contra la administración de justicia en Colombia.
Hay cierto paralelismo en sus vidas, aunque el curso caprichoso de sus destinos ha resultado distinto.
Profesor de los jueces de Husein
Virgilio Hernández hijo se enteró de la emboscada fatal en La Rochela, en la que murieron 12 servidores de la justicia, a través de una llamada que recibió aquel 18 de enero de 1989 mientras hacía sus prácticas de derecho en un consultorio jurídico. A Pastor Virviescas, periodista y profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) -su alma mater- le contó que vio por última vez a su padre dos días antes en el Palacio de Justicia de la ciudad pidiéndole al funcionario que ordenó el viaje de la comisión judicial que terminó siendo atacada, que por favor aplazara la misión porque no había garantías de seguridad.
Doce funcionarios judiciales que investigaban crímenes atroces en el Magdalena Medio fueron víctimas de la Masacre de La Rochela, ocurrida en 1989
La comisión debía viajar a una zona controlada por grupos paramilitares del Magdalena Medio para recoger testimonios y pruebas sobre una escala de asesinatos y desapariciones que se venían presentando en el Bajo Simacota. A juzgar por las amenazas que venían recibiendo, los ‘paras’ sabían que la justicia los iba a rondar. Se confirmaría luego que estaban preparando y que la masacre fue planeada en Barrancabermeja, que contó con el apoyo omisivo de mandos militares y que entre sus instigadores habría estado un congresista interesado en que los escuadrones armados robaran unos expedientes que lo vincularían con turbios contratos hechos para financiar a las llamadas autodefensas.
El clamor de Virgilio padre no fue atendido. La comisión partió en carros viejos y la única seguridad con la que contaba eran tres revólveres que portaban agentes del CTI que la integraban. Los atacantes asesinaron a los funcionarios ráfagas de fusiles y ametralladoras.
Este Toyota fue uno de los vehículos en los que se movilizaban las víctimas de la masacre La Rochela, en la que asesinaron a 18 personas.
Ta graduado, Virgilio hijo fue invitado por su paisano Alfonso Sarmiento, recién nombrado fiscal general, a que se integrara a su equipo en el búnker de la Fiscalía. Allí dirigió la Unidad de Derechos humanos y como fiscal trató con mano dura a paramilitares, a militares asociados con ellos y también a guerrilleros que cometieron masacres como la de Machuca, donde el ELN produjo un atentado en el que murieron 84 personas.
Cuando las decisiones afectaban a oficiales de las Fuerzas Armadas le llovían rayos y centellas. Encabezados por el columnista Plinio Apuleyo Mendoza, sus críticos lo acusaban de tomar decisiones con odios, sesgos y ánimos de venganza. En medio de las crecientes amenazas y sin poder llevar una vida sin la presencia de escoltas, Virgilio hijo aceptó el cambio que le propuso Alfonso Gómez Méndez, asesor de la Fiscalía, y aceptó ponerse al frente de la Unidad Anticorrupción. El cambio atemperó transitoriamente los ánimos en su contra, pero no resolvió de fondo la situación.
Por eso el fiscal aceptó una propuesta hecha por el gobierno de Estados Unidos y con el auspicio de las Naciones Unidas visitó, en calidad de instructor, las fiscalías de varios países de América Latinas. Sus conocimientos le valieron ser tenido en cuenta para una misión mayor: enseñar doctrina y jurisprudencia sobre genocidios y otros crímenes de lesa humanidad a los jueces que habrían de sentenciar a la pena capital al dictador Sadam Husein por letales ataques con armas químicas contra el pueblo kurdo. Su centro de instrucción fue establecido temporalmente en Amán, Jordania. De ahí para acá su vida transcurrió entre exilio y actividades profesionales con bajo perfil.
Investigador por heredad
Daniel Hernández Martínez era el principal admirador de su padre, Luis Orlando Hernández, avezado criminalista que hacía parte de la comisión atacada en La Rochela. Cuando la masacre Ocurrió Daniel tenía diez años y se aferraba al sueño de ser algún día investigador de las mismas calidades de su padre.
Virgilio Hernández Castellanos y Daniel Hernández Martínez
Estudió derecho e hizo sus primeros pinos en la fiscalía con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI), con lo que de entrada cumplía su viejo sueño. Al igual que su padre, destacado en investigaciones atravesadas transversalmente por el tema de la corrupción, fue distinguido más adelante con la posición de Fiscal. Pese al cúmulo que manejaba, siempre estaba al día en sus procesos y obtenía las más altas calificaciones en sus evaluaciones periódicas.
Por eso el fiscal Néstor Humberto Martínez lo tuvo en cuenta siempre que se trató de investigaciones de delitos contra la administración pública y corrupción. En ese contexto, el escándalo de Odebrecht fue para él mucho más que un caso rutinario. Si bien el fiscal general tuvo que declararse impedido por haber asesorado a un grupo económico relacionado con el caso, Daniel hizo parte del equipo de fiscales de apoyo a una investigación que, en términos económicos, es de las más grandes que ha llegado al bunker.
Todo parecía ir viento en popa para él, cuando se produjo el cambio de administración y llegó a la cúpula de entidad Francisco Barbosa. Primero mediante anónimos y luego por versiones de algunos procesados, Daniel Hernández fue acusado de haber actuando según las indicaciones que desde la sombra le daba Martínez Neira y de haber dado un tratamiento preferencial a brasileros comprometidos en el escándalo, hasta el punto de que fue imputado por presunto prevaricato.
Según señalas dadas por el FBI, el gobierno de Estados Unidos, que antes lo valoraba también como a su excolega Virgilio, lo mira ahora con un tanto de recelo y espera que un juez decida su destino.
El algo coinciden ahora Virgilio y Daniel: sienten que pese a una condena contra el Estado impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la masacre de La Rochela o es suficiente para que se diga que con ellos y con otras víctimas se ha hecho justicia.
