“Estamos en El Salado ¡no joda! Salgan, partida de guerrilleros, que todo el mundo se muere hoy” dice uno de los sobrevivientes que fue lo primero que gritó uno de los 450 paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, que en ese aciago febrero de 2000 perpetrarían la masacre de 93* campesinos y campesinas.
La Comisión Colombiana de Juristas, una ONG con estatus consultivo ante la ONU, responsabiliza al Estado colombiano por dicha matanza: “tanto por acción como por omisión”, porque presumiblemente, un helicóptero del Ejército y 25 Infantes de Marina habrían apoyado la “operación para-militar”.
No obstante, 15 años después, el Estado colombiano no quiere admitir su culpa en los hechos, a pesar de pruebas y declaraciones aportadas por cientos de sobrevivientes y paramilitares desmovilizados, como Juancho Dique, comandante de la operación asesina, quien ante Justicia y Paz dijo que la masacre contó con la aprobación y el respaldo de políticos, empresarios y militares de la región.
Pero ese grotesco baile de la muerte que los paramilitares amenizaron con música y licor entre los días 16 y 21 de febrero de 2000, no solo se realizó en el corregimiento de El Salado, distante a penas 18 kilómetros de El Carmen de Bolívar, sino que la orgía de sangre se extendió a las veredas La Sierra y El Balguero y; a los corregimientos de Canutal, Canutalito, Bajo Grande, El Cielito, Pativaca y Flor del Monte del municipio de Ovejas, Sucre, en una extensa y rica región de los Montes de María.
Lo paradójico de todo es ¿por qué no hubo una respuesta de parte de los militares de la Primera Brigada de Infantería de Marina, Brim1, de la Fuerza Naval de Colombia, con jurisdicción en la zona, si ya habían recibido información de habitantes que habían logrado huir el primer día de iniciarse el horror?
¿Por qué razón llegaron solo seis día después a El Salado, si la base está en Corozal, Sucre, a escasos 46,58 kilómetros en línea recta de El Carmén de Bolívar, donde fácilmente en helicóptero hubiesen llegado en cuestión de minutos?
Bueno, supongamos que en el momento no disponían de un helicóptero, entonces ¿por qué no se movilizaron inmediatamente en camiones, si por carretera están a 603 kilómetros y el tiempo estimado de viaje es de 1 hora con 15 minutos?
“Los enfrentamientos eran entre paramilitares y guerrilleros” fue la infame excusa que esgrimieron los altos mandos militares.
Mientras la Infantería de Marina hacía nada, en El Salado, poblado donde se contabilizaron 66 víctimas y donde los paramilitares realizaron vejámenes inhumanos como obligar a los pobladores a presenciar en la cancha y frente a la iglesia, el horrible espectáculo de ver morir asesinados a familiares, amigos y vecinos.
Para seleccionar a las víctimas, además del señalamiento de supuestos desertores guerrilleros, los paramilitares hicieron rifas o “sorteos” de la muerte; también “desmembraron personas, empalaron a una mujer y estrangularon a otra”**, solo por la sospecha de ser las novias de insurgentes.
También asesinaron a niñas y niños, ancianos, madres comunitarias, enfermos mentales y profesores y profesoras de la escuela. Todo al son de música y licor.
El mensaje era claro, los 4 mil habitantes que quedaban en El Salado se tenían que ir inmediatamente si querían salvar sus vidas porque esas tierras que por años cultivaron y habitaron ya no les pertenecía.
Desde los años 80 los Montes de María había sido la zona de operación de los frentes 35 y 37 de las Farc, sin embargo, desde mediados de los 90, con la llegada de los paramilitares, los enfrentamientos por el territorio no se hicieron esperar. Entre el fuego cruzado quedaron los campesinos inermes.
La primera masacre perpetrada en El Salado atribuida a los grupos paramilitares ocurrió en 1997, cuando asesinaron a cinco personas, entre ellas a una maestra; entonces los aproximadamente 7 mil habitantes huyeron aterrorizados.
Tres meses después empezó el retorno masivo, pero escasamente volvieron a sus predios 4 mil personas.
En diciembre de 1999 desde un misterioso helicóptero cayeron sobre el poblado cientos de planfletos amenazantes en los que se leía: “Cománse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año porque no van a disfrutar más”.
Meses antes, 400 reses propiedad de Enilse López, La Gata, habían sido hurtados por la guerrilla y transportado por El Salado, por lo que se presume que la toma paramilitar de febrero de 2000 se hizo como retaliación.
Lo cierto es que una estratégica, extensa y rica zona de los Montes de María fue despojada a sus humildes dueños y quince años después, los títulos de propiedad de 70 mil hectáreas (a 2009) aparecen misteriosamente a nombres de grandes inversionistas privados.
Lo peor de todo es que los sobrevivientes de la masacre no han sido reconocidas por el Estado colombiano como víctimas, por lo que sus plenos derechos constitucionales a la verdad, a la justicia y a la reparación integral aún no se hacen efectivos.
Peor aún, las víctimas han sido revictimizadas “mediante amenazas, hostigamientos, asesinatos, detenciones arbitrarias y otra serie de violaciones por parte de grupos paramilitares e integrantes de la fuerza pública, así como de guerrilleros”.
Son quince años de impunidad, de sufrimiento y zozobra para los campesinos y campesinas que fueron desarraigados de sus tierras por la violencia, la avaricia y el poder de militares, políticos y empresarios de la región.
Son años en el que las víctimas, noche tras noche, al cerrar sus ojos para tratar de dormir, reviven el horror que les tocó presenciar y sufren en el alma la herida de la impunidad con el que la justicia colombiana cubrió el crimen de sus familiares, amigos y vecinos.
@adolfoflorezg
NOTAS
* La cifra exacta de muertos en los hechos que se han denominado la Masacre de El Salado difiere en las diferentes entidades consultadas, unas cifras dicen que fueron 60, otras que fueron 66, otras que más de 100, para la Comisión Colombiana de Juristas las víctimas fueron 93.
** En: "La masacre de El Salado: diez años después, las exigencias de verdad, justicia y reparación siguen vigentes"; Comisión Colombiana de Juristas; 18 de febrero de 2010. Para consultar el texto completo visite el sitio web: http://bit.ly/Us0n5J
