Realmente da pena ajena asistir al tan cacareado “debate” televisivo de algunos aspirantes a la Presidencia de la República sobre uno de los asuntos ambientales más complejos de Colombia: la deforestación.
La falta de conocimiento, y en consecuencia la pobreza argumentativa, sobre un fenómeno de la magnitud que tiene la pérdida de los bosques naturales, hace presagiar que en esa materia seguiremos por la misma senda: desperdiciando cada año, de manera irreversible, una importante parte del patrimonio natural de los colombianos, actuales y por venir, al tumbar un promedio de 160.752 hectáreas/año de nuestros bosques entre 2010 y 2020, que se queman de manera inmisericorde principalmente para el establecimiento de pastos para la cría extensiva de ganado.
Eso sin contar las miles de hectáreas que sufren degradación por la extracción selectiva de especies valiosas, cifra que todavía no entra en las estadísticas gubernamentales.
Este proceso tiene profundas raíces históricas en la falta de tierras y de oportunidades para los campesinos pobres y comunidades afrodescendientes al interior de la llamada frontera agropecuaria, que obligan cada año al desplazamiento de miles de familias que emprenden el camino de desbrozar el monte a punta de sangre, sudor y lágrimas en las zonas más remotas e inaccesibles de nuestro país, principalmente en la Amazonia.
Otro motor de la deforestación son las organizaciones criminales dedicadas al acaparamiento y saqueo de tierras públicas en zonas de reserva forestal, parques nacionales y tierras indígenas, que terminan siendo utilizadas también para el establecimiento de cultivos de uso no lícito.
Estas dinámicas de ocupación, pérdida de los bosques y uso insostenible de la tierra terminan poniendo en riesgo, además, la supervivencia de los pueblos ancestrales que viven en ellos.
Pese a los rimbombantes y periódicos anuncios de los gobiernos de turno de su compromiso con la ambiciosa meta de cero deforestación, empujados más por los acuerdos y la presión internacional que por una verdadera decisión política de defender la vocación forestal del país, seguimos sin una verdadera acción intersectorial que frene esa tendencia suicida.
Aunque a lo largo de los años, los especialistas, los académicos y los funcionarios públicos han avanzado en su construcción, debemos reconocer que aún no contamos como sociedad con una visión de Estado, es decir, de un verdadero pacto social sobre la importancia y el futuro deseable para nuestros bosques y la enorme biodiversidad que albergan, en particular de la región amazónica colombiana.
Por esta razón, la actuación de las distintas instituciones con alguna responsabilidad en la gestión territorial, terminan en acciones desarticuladas y sin potencia para revertir la actual tendencia.
Además, se termina desperdiciando la enorme cantidad de recursos que anualmente invierten los distintos programas de la cooperación internacional, a falta de un norte común que les permita articularse de manera estructural a los fines del Estado en materia de control a la deforestación y la promoción del desarrollo sostenible.
Para no citar los importantes recursos que se canalizan a través de las grandes, y no tanto, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, algunas de las cuales con una muy importante capacidad técnica y científica, a las que es necesario convocar para enfocar dicho esfuerzo en una agenda común.
No nos cansaremos de proponer la creación de una Alta Consejería Presidencial para la Amazonia que, por su carácter supra-ministerial, tenga la suficiente fuerza política para ayudar a construir ese pacto social por la Amazonia y articular la acción estatal, de la cooperación internacional y de la sociedad civil hacia los mismos propósitos, antes que sea demasiado tarde.
*Exsecretario general del Tratado de Cooperación Amazónico y excontralor delegado para el Medio Ambiente
