Uno de los principales argumentos de los gremios por medio de los cuales no se defiende un aumento superior a un dígito en el salario mínimo es el hecho de que ello degeneraría en mayores cifras de desempleo en tanto desincentivaría a los empresarios a contratar mano de obra por los costos generados por ello, lo cual aumentaría el número de personas que se desempeñan en el sector informal.
En contraste, se pensaría, según los gremios, que reducir los salarios e incluso generar salarios diferenciales por departamentos incentivaría el empleo, conduciría al país a la formalidad en tanto un mayor número de personas estaría contratada en las empresas; nada más lejos de la realidad.
Según indica el Dane, la economía al tercer trimestre de 2021 creció 13,2 % por encima incluso de las expectativas del mercado, hecho que refleja que diversos ramos de la economía tuvieron un buen año, principalmente el comercio y la manufactura.
No obstante, ello no se ve reflejado en la cifra de desempleo, que se eleva a 11,8 % según reporte del Dane, valor superior a las cifras de desempleo presentes en la región que para tercer trimestre ascendieron en Perú a 5,3 %, en Ecuador a 6,2 %, en Bolivia a 6,3 %, en Paraguay 8,2 % y Chile 8,5 %. Países que, sin embargo, se encuentran en cifras superiores que Colombia en salarios promedio reales, deslegitimando así el argumento de que a mayor salario mayor desempleo.
Otro de los argumentos que se esgrime es que el hecho de generar un aumento muy elevado en el salario mínimo incrementa la inflación, hecho que desde la teoría económica tiene su sustento. Sin embargo, cabe preguntar si un aumento de 91.474 pesos es un aumento exagerado en medio de una crisis provocada por la pandemia; si un salario mínimo de un millón, cifra que se pedía a finales de 2020 por parte de las Centrales Obreras como salario para 2021, es suficiente para que trabajadoras y trabajadores tengan la capacidad adquisitiva suficiente para la subsistencia, con un IVA del 19 % y tres días sin IVA al año; si un auxilio de transporte de 117.172 pesos es lo necesario para transportarse, cuando el costo del galón de gasolina ronda los 9000 pesos y el precio del transporte público en Bogotá asciende a 2500 pesos en Transmilenio y 2300 en los buses de SITP, sin tener presente el aumento que quizá se genere para el 2022.
En este contexto, es necesario analizar qué es lo que requiere el país, no solo por la coyuntura por pandemia, sino en términos de lo que ha venido sucediendo frente a las garantías para trabajadoras y trabajadores, cuando las cifras de informalidad siguen en aumento y la capacidad adquisitiva se ve reducida; evidenciar quiénes son los que se benefician ante el crecimiento de la economía, que según hemos comprobado en las cifras, no son los trabajadores ni la ciudadanía en general, en un país cuyo gobierno niega la renta básica, criminaliza la protesta social y que saca pecho de una reactivación económica a costa no solo de los muertos por la pandemia, sino también de quienes perecieron en medio de las manifestaciones, las diferentes víctimas a quienes fueron violados sus derechos básicos.
Se debe hacer así un alto y percatarse que sí, es necesaria una reactivación económica, pero que ponga en primer lugar la vida y el mínimo básico de subsistencia, que se requieren políticas de empleo que beneficien de manera principal a los sectores más vulnerados en este aspecto: mujeres y jóvenes; y que se debe garantizar a la ciudadanía el derecho básico a protestar, sin que ello implique perder la vida en el intento.
