Los 12 billones de impuestos que fueron recaudados de menos en el primer trimestre de este año son consecuencia, en primer lugar, de una reforma tributaria con la que se abrigaba la esperanza de recaudar al menos 29 billones de pesos anuales de más, respecto del año anterior, pero que la oposición redujo a solo 19 billones.
Son consecuencia también de las presiones de los empresarios minero extractivistas, que llevaron a la Corte Suprema a declarar inexequibles las normas que impedían deducir en sus declaraciones de renta el valor pagado por concepto de regalías, que no son más que el reconocimiento de que los minerales y combustibles que sacan del subsuelo no son suyos, sino de la nación. Esta declaratoria le significó al Gobierno continuar con la reducción de sus expectativas de recaudo a solo 13 billones de pesos.
De igual manera, son consecuencia de la equivocada decisión de cobrar en 2023 las cargas tributarias correspondientes a 2024, al igual que de las mermas de producción, es decir, mermas de utilidad y, por supuesto, de impuestos, a que los empresarios de más alto poder económico están llevando su aparato productivo con el fin de reproducir las estrategias recesionistas que pusieron en ejecución sus pares venezolanos para sacar a Maduro del poder.
Lo que se ha derivando de estos menores ingresos es una mayor lentitud en la implementación de los cambios sociales que con tantas ansias esperamos los colombianos, de los cuales la mejor parte se ha quedado en el tintero.
De lo anterior, no nos digamos mentiras, hay una gran responsabilidad de los sectores afines al Gobierno, pues no han asumido su papel con la entereza que las circunstancias demandan, presionando a las mayorías del Congreso para que no le saquen el cuerpo a su responsabilidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de lo población.
Pero es mayor la responsabilidad de buena parte de los líderes sociales al dedicarse a aplaudir las reformas que se han logrado sin hacer evidentes sus limitaciones ni rechazar que las demás hayan sido negadas, al igual que al no denunciar con la fuerza debida a los responsables de que los éxitos hayan sido tan medianos y tan grandes los fracasos.
Lo que corresponde ahora, en respuesta a lo que estamos viendo, es promover las más enérgicas movilizaciones populares. Por eso no nos choca que el magisterio haya programado un paro en rechazo a las debilidades hasta el momento evidentes en el proyecto de Ley General de Educación, luego de los tres debates en que ha sido aprobado. Esa debería ser la actitud de todos los líderes y organizaciones populares.
