La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA) denuncia que "al menos 239 habitantes de tres comunidades indígenas Embera, en zona rural de El Carmen de Atrato (Chocó), tuvieron que desplazarse hacia el sector El Doce (zona carretera Quibdó – Medellín), desde el 4 de septiembre. La población se desplazó luego de la incineración de algunos vehículos el 2 de septiembre por parte de miembros del ELN, y por temor ante la posible presencia de munición sin explotar y artefactos explosivos..."
Las Instituciones del Estado, que deben ponerse a disposición de esta comunidad son: Defensoría del Pueblo, Ejercito Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ICBF, Dirección de Asuntos Indigenas -MinInterior- entre otras. Con la misma diligencia que lo han hecho en la Frontera Colombo Venezolana, porque ambos casos tienen algo en común: desplazamiento de población Colombiana de un territorio estable o otro inseguro que pone en riesgo la salud, vida y dignidad de niños, mujeres y ancianos, por las condiciones precarias de los albergues improvisados.
Del informe de OCHA, se pueden resaltar siete eventos que necesitan la intervención inmediata de estas Instituciones, a saber:
- La población desplazada se encuentra albergada en condiciones muy precarias. Se identificó que 30 familias de las comunidades Quebrada Bonita y Consuelo Parte Baja se encuentran en situación de hacinamiento en ocho construcciones improvisadas construidas por ellos mismos. Las familias de El Consuelo se encuentran ubicadas cerca de su comunidad, donde están construyendo alojamiento improvisado con bolsas plásticas y otros materiales.
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Se han identificado algunos casos de enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas en población infantil, así como dos casos de malaria que fueron remitidos al Hospital municipal.
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Se requiere acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial para las familias durante la actual situación de emergencia. La Alcaldía municipal hizo entrega de kits de aseo para las familias en situación de desplazamiento. Las condiciones de albergue generan impactos negativos en términos de saneamiento, no hay acceso a agua segura.
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Las actividades escolares se encuentran suspendidas en este momento. Donde se ubica la población no se cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de actividades con niños y niñas.
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La presencia de grupos armados en la zona, así como la utilización de artefactos explosivos y presencia de munición sin explotar, han afectado gravemente a estas comunidades desde hace varios años.
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Se han denunciado varias amenazas a lideres comunitarios, por lo que se requiere activar medidas efectivas de protección.
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Estas comunidades han sido afectadas por falta de claridad de los procesos de formalización de territorios indígenas y diversos intereses económicos en los territorios ubicados en zonas aledañas.
Pero dudamos de la buena voluntad de estas autoridades, y rogamos estar equivocados, por una simple razón: Esta hecho es casi invisible, ya que los medios de comunicación influyentes del país no dan a conocer esta realidad (no sabemos porque y esperamos que nos desmientan) Y al parecer los altos funcionarios del gobierno se mueven al ritmo mediático de estos, para quedar bien con el País, que ve las noticias del medio día. Y en cambio cuando un hecho trascendente ocurre y amerita su presencia, pero no hay presión mediática, pareciera que tuvieran licencia para la negligencia y la omisión de sus responsabilidades.
Exigimos el apoyo Institucional a La Alcaldía Municipal y la Personería de El Carmen del Atrato que en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) de Chocó estas tratando de darle la cara a esta situación, pero la misma desborda su capacidad de acción.
