¿A eso le llaman Democracia?

León Valencia

Ariel Ávila

Equipo nacional de investigación^{^[1]}.

La Fundación Paz y Reconciliación adelantó una investigación en ocho departamentos del país sobre las relaciones entre estructuras políticas y grupos criminales. El objetivo era establecer candidatos con presuntos vínculos con estructuras criminales que participarán en los comicios locales y regionales del próximo 25 de octubre. En otros 13 departamentos se hicieron viajes de terreno e investigación a nivel de gobernación y alcaldías capitales. Para un total de 21 departamentos.

Los departamentos donde se viene realizando la investigación son: Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander. Por otra parte, se realizaron visitas a terreno en otros departamentos en donde igualmente se ha logrado recopilar información. Estos departamentos corresponden a Putumayo, Guaviare, Casanare y La Guajira.

Basados en toda la información recopilada, se ha logrado establecer un total de 152 candidatos con presuntos vínculos con la ilegalidad, los cuales fueron agrupados en una matriz de riesgos electorales. Del total de candidatos, el 81% tiene altas probabilidades de salir elegidos.

Hasta el momento se han registrado un total de 152 candidatos distribuidos en 21 departamentos que representan riego electoral. Tal como lo muestra la siguiente tabla.

[1] No se revelan los nombres del equipo nacional por seguridad.

Luego de analizar toda la información, se pueden realizar siete grandes conclusiones. Por un lado, los candidatos criminalizados no son homogéneos en sus vínculos con la ilegalidad. Se lograron encontrar al menos cinco tipologías de ellos.

“Herederos de la parapolítica”. Estos son candidatos que son “cuota” directa de un político involucrado con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenado o investigado. Los herederos de la parapolítica son usualmente familiares en primer grado, como hijos, esposas, hermanos, primos, o personas que han trabajado en cargos políticos o administrativos del parapolítico en cuestión. Tal es el caso del departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico, Chico Zúñiga, se está lanzando a la gobernación, al parecer sin competencia alguna. Ella hereda la estructura política de su esposo, quien era conocido como uno de los miembros del clan de los Conejos. Además, Rosa Cotes estaría siendo apoyada por un buen grupo de parapolíticos como Trino Luna.

A estos candidatos se les puede denominar gobierno en cuerpo ajeno. Otro ejemplo es el de Oneida Pinto, quien representa los intereses de Kiko Gómez en la gobernación de La Guajira. Además Pinto cuenta con el respaldo del confeso narcotraficante Gervasio Valdeblánquez. Gervasio fue miembro del cartel de Medellín, el mismo cartel que asesinó a Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara. Valdeblánquez fue jefe de la sección Guajira, y era trabajador directo de Gonzalo Rodríguez Gacha. Otro de los apoyos de Pinto es la ex alcaldesa Cielo Redondo, actualmente tiene orden de captura y quien según versiones en la zona fue una de las mayores aliadas de grupos paramilitares en el departamento.

En segundo lugar, encontramos candidatos vinculados a organizaciones criminales que aspiran a participar en política. Estos candidatos, o bien pertenecieron a organizaciones criminales y después de pagar cárcel están intentando participar en política, o a pesar de sus vínculos comprobados, aspiran a un cargo de elección popular. Dos ejemplos son importantes.

Tal vez el mejor ejemplo es el de Jorge Coral Rivas, quien fue alcalde de Puerto Asís y en 2011 se conoció una grabación donde, semanas antes de elecciones, se reunió con alias Gárgola, jefe de una bacrim regional, conocida como “La Constru”. Gárgola le aseguraba que él entregaría 200 millones de pesos para la campaña. Además, durante el periodo en que fue alcalde de Puerto Asís, dos opositores de Coral Rivas murieron en extrañas circunstancias; el primero fue el presidente del concejo municipal, Luis Cemilo Chalpatar y el otro fue el profesional de la oficina de proyectos de la alcaldía llamado Pedro Julio Ramos. Ambos contradictores de Coral Rivas y quienes se opusieron a las iniciativas del entonces alcalde.

Un tercer grupo de candidatos son aquellos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, Contraloría o Fiscalía. Estos son candidatos que han ejercido cargos públicos y cuya ejecución ha estado permeada por escándalos relacionados con el mal manejo de recursos, o porque han violado la ley durante su mandato. Tal es el caso de Carlos Guillermo Atehortúa, el candidato a la alcaldía de Yarumal, por el Centro Democrático, quien tiene investigaciones preliminares en la Procuraduría Regional por la ejecución de proyectos durante su mandato como alcalde entre 2008 y 2011, al igual que es investigado por la Contraloría General de Antioquia por presunto detrimento al patrimonio por la construcción de un parque por 2.850 millones, que actualmente se encuentra en ruinas. También los casos de Casanare son un buen ejemplo.
Por último, encontramos candidatos ligados con redes de contratistas, que se han beneficiado del desfalco del erario público, como es el ejemplo de Holger Díaz, quien es candidato a la gobernación de Santander. Díaz fue investigado por el delito de concusión, por presuntamente haber recibido comisiones del Grupo SaludCoop para beneficiarlos con los trámites de reforma a la salud en el Congreso de la República. Igualmente una red de veeduría ciudadana lo acusa de incurrir en un tráfico de influencias y conflicto de intereses puesto que su esposa hacía parte de la regional Santander de SaludCoop y luego habría fungido como contratista independiente de la EPS. Además, está siendo apoyado por el actual gobernador de Santander Richar Aguilar, hijo del confeso parapolítico Hugo Aguilar.
EL último grupo de candidatos cuestionados son aquellos que denominamos parapolíticos. Los cuales pagaron condenas o firmaron pactos con grupos armados ilegales como el pacto de Chibolo o Pivijay y hoy aspiran a cargos de elección popular, más adelante se darán los ejemplos.

La segunda conclusión que se infiere a partir de la matriz de candidatos de riesgo es que la estrategia de recolección de firmas para nuevos movimientos políticos decae en estas elecciones. Por el contrario, lo que se encontró es que los candidatos cuestionados buscaron avales por los partidos tradicionales. Contrario a la tendencia que se había presentado en elecciones pasadas, en las cuales los candidatos que representaban mayor riesgo materializaban sus inscripciones por medio de estos movimientos, lo que se encontró es que los partidos políticos tradicionales han entregado avales sin ningún tipo de responsabilidad política. El siguiente cuadro muestra dicha discriminación.

Varios son los ejemplos, entre ellos se destaca el caso de Luis Pérez, quien en 2011 buscó la Alcaldía de Medellín por medio del movimiento “Firmes por el rescate de Medellín” y hoy cuenta con el aval del Partido Liberal. No sobra recordar que Pérez ha enfrentado múltiples cuestionamientos por sus manejos contractuales como alcalde y por supuestos acuerdos con paramilitares en su candidatura a la Alcaldía de Medellín en 2011, en la cual se presume recibió el apoyo de diferentes combos armados en las comunas de la capital antioqueña. Hubo zonas de la ciudad en las que sólo su campaña pudo hacer proselitismo.

Generalmente se cree que la ausencia de movimiento significativo de ciudadanos es producto de los altos costos de las pólizas de seguro que los nuevos movimientos políticos tienen que incurrir para poder competir en las elecciones. Si bien esta tesis es correcta para minorías y estructuras políticas emergentes, para el caso de candidatos criminalizados no es una explicación convincente. Más bien no utilizan las firmas debido a que son fácilmente identificables.

Otro buen ejemplo es el caso de Arnulfo Gasca, personaje controversial y cuestionado en el Caquetá. Dueño de una importante fortuna, cuya adquisición y proveniencia nunca ha sido explicado. Se presume que se hizo durante la bonanza cocalera. Gasca ha sido determinante en todas las campañas electorales desde 2006, además de sus propias aspiraciones a la Cámara de Representantes en 2010 y a la gobernación en 2011. Fue el artífice de la elección de su ex esposa Gloria Farfán a la Alcaldía de Florencia y en la del asesinado Gobernador Luis Francisco Cuellar Carvajal en 2007, así como en la candidatura del gobernador electo en 2011, Víctor Ramírez, del MIRA.

Su ex esposa, si bien, era de origen conservador, fue electa por el movimiento nacional afrocolombiano. En 2010, Farfán retribuyó el apoyo a su “ex-marido” apoyando su candidatura a la Cámara de Representantes, aunque no resultó electo. En 2011 Gasca aspira de nuevo esta vez a la Gobernación del Caquetá. Gasca después de buscar aval en todos los partidos para lanzar su aspiración y no encontrarlo, decidió lanzarse por un movimiento significativo de ciudadanos denominado “País”, respaldado mediante 66.280 firmas. El Consejo Nacional Electoral aceptó sólo 1.600 y rechazó 64.680, mediante resolución 1229. El CNE inhabilitó la inscripción del controvertido candidato a la gobernación de Caquetá tras verificar que la gran mayoría de las firmas de respaldo que presentó no correspondían al censo electoral o no correspondían a personas reales^[1].

Hoy Gasca es candidato por el partido Conservador; la propia Martha Lucía Ramírez entregó el aval. Gasca además de su prontuario, cuenta con el apoyo de Luis Alfonso Almario, líder político de la región investigado por FARC-política, Para-política y Narco-política. No debe olvidarse que las propias FARC acusan a Almario de haberlos engañado e instigado para que la columna móvil Teófilo Forero masacrara a la familia Turbay Cote.

Otro de los casos dramáticos se refiere a Luis Enrique Solano Redondo quien es hijo de Cielo Redondo ex alcaldesa de Uribia, departamento de La Guajira. A Cielo Redondo, se le acusa de tener vínculos con alias "Pablo", jefe de la bacrim de la Alta Guajira y quien fuera miembro del bloque Contrainsurgencia Wayu de las AUC. En las pasadas elecciones al Senado de la República apoyó al actual senador Bernardo “el Ñoño” Elías con una votación de 10 mil votos y llevó como candidato propio a la gobernación a Wilmer González Brito, hermano del ex congresista José Manuel González quien está siendo procesado por nexos con paramilitares del Bloque Norte. A su vez, a Bernardo Elías, se le ha acusado de tener apoyos de diferentes parapolíticos. A Cielo Redondo también se le sindica de tener relación con el jefe de bacrim de la Guajira, Emy Solano, quien además es su hijastro.

La tercera conclusión se podría resumir es que los candidatos en riesgo han consolidado su caudal electoral en los municipios que tuvieron los más altos índices de violencia durante la arremetida paramilitar. Es decir, que estos candidatos se beneficiaron de la mal llamada “pacificación paramilitar”. Tal es el caso de Milene Jaraba Díaz, candidata a la Gobernación de Sucre, quien es esposa del ex congresista, Yahir Acuña, quien en las pasadas elecciones tuvo un indiscutible dominio electoral en municipios del Sucre que fueron azotados por la violencia paramilitar. Milene se beneficiaria del caudal político de su esposo, quien se consolidó acompañado de parapolíticos como Salvador Arana y “El Gordo” García, quienes trabajaron de la mano de los paramilitares de Sucre y Bolívar. El propio Acuña es investigado por múltiples relaciones con jefes paramilitares.

Otro de los casos es el de Sergio Araújo Castro, quien es hijo de Álvaro Araújo Noguera y hermano del exsenador condenado por parapolítica Álvaro Araujo Castro, quien obtuvo la condena más alta por el delito de concierto para delinquir, por haberse acogido a las estrategias electorales impuestas por los paramilitares en el Cesar, denominada “los Distritos Electorales”. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por la alianza que entabló con los paramilitares del Bloque Norte. Su padre, Álvaro Araújo Noguera fue investigado por presuntos vínculos con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.

Los casos más dramáticos se presentan en el departamento del Magdalena, donde una serie de firmantes del pacto de Chibolo, que fue liderado por Jorge 40, líder del Bloque Norte de las AUC. Una buena cantidad de firmantes del pacto después de haber pagado cárcel o haberse escondido o de desaparecer de la escena pública por algunos años, han regresado a la arena política. Estos municipios vivieron una violencia intensa y se hicieron famosos a nivel nacional por masacres y despojo de tierras cometido por grupos paramilitares.

Un ejemplo es el de Julio Ramón Peñaloza quien es actualmente candidato a la alcaldía Plato Magdalena. También firmante del pacto de Chibolo. En seguida se muestra la foto de su firma.

Una cuarta conclusión es que la participación política comenzó mucho antes del periodo legal de campaña. Esto quiere decir que mientras la competencia electoral se agudiza, los costos de campaña se elevan y por ende se están violando las normas electorales. Esta situación se presenta por la incapacidad de los entes de control electoral de hacer seguimiento verídico de los gastos de campaña de los candidatos, y la falta de mecanismos de sanción electoral cuando los candidatos incurren en faltas. De igual manera, esta situación da pie para que actores armados ilegales o contratistas financien campañas dado los altos costos para competir electoralmente. Lo que de igual manera limita a nuevos candidatos a participar. De cierta manera se está pasando de un proselitismo armado en las elecciones, a un proselitismo económico de financiación de campañas.

Una quinta conclusión, la cual se desprende de la cuarta, es que debido a los altos costos de campaña, los candidatos se ven forzados a hacer política por medio de clanes políticos, quienes usan su maquinaria política e invierten grandes cantidades de dinero para financiar sus campañas. Es decir, que se perpetúa una estructura corporativa de política, donde los clanes funcionan como empresas electorales. Este caso se refleja con Ovidio Mejía el candidato a la gobernación de La Guajira, quien se alió con la casa Nueva Guajira de Jorge Pérez Bernier, para poder competir contra Oneida Pinto quien es la candidata de la casa política Ballesteros y de Kiko Gómez.

Otro de los ejemplos es el monopolio de la familia Gnneco en el Cesar, quienes administran el departamento a su antojo. Ellos tienen como candidato a Augusto Ramírez Uhía a la Alcaldía Valledupar. Ramírez Uhía tiene cuestionamientos por malos manejos y favorecimiento de terceros en el despojo de la propiedad de Sabana 1 y Sabana 2 en las invasiones de Altos de Pimienta, Guasimales, así como Bello Horizonte 2 cuando fue secretario de gobierno de Luis Alberto Monsalvo.

En 2011 Ramírez Uhía siendo candidato a la alcaldía de Valledupar firmó un documento ante notaría pública dónde se comprometía a invertir recursos públicos en la finca Sabana 1 para favorecer a invasores con el compromiso de que le dieran votos. El congresista Alfredo Ape Cuello del partido Conservador es su principal apoyo, desde hace más de tres años lo viene apoyando para que logre la alcaldía de Valledupar. Su interés en él es que éste una vez se haga alcalde lo ayude en su candidatura al Senado de la República, curul que perdió hace cuatro años al no obtener el número de votos y afectarle el escándalo de su hermano Manuel Guillermo Cuello por las notarías. Augusto Ramírez Uhía cuenta hoy con el apoyo de AICO y del representante Eloy Quintero Romero quien inicialmente lo había coavalado por Cambio Radical, pero ocho días después el excandidato al Senado por ese mismo partido, Alfonso Mattos Barrero se lo quitó y se lo dio a su candidato Jaime González.

La sexta conclusión es que los dineros de la mermelada o cupos indicativos entregados en el 2014 a diferentes congresistas han cambiado el mapa político en varias regiones del país. Es decir, senadores que lograron importantes votaciones en 2014 en municipios donde nunca habían tenido caudal electoral actualmente intentan consolidarse en estos municipios mediante candidatos a alcaldías. Uno de los ejemplos es Francisco Arrieta del Partido de la U en el municipio de Nechí quien además fue personero de Nechí y El Bagre.

Arrieta tiene el apoyo del senador cordobés Musa Besaile quien obtuvo 906 votos en las elecciones de Congreso en 2014, siendo la primera vez que obtiene votos en ese municipio. El segundo congresista con mayor número de votos fue el representante Juan Felipe Lemos Uribe, del Partido de la U, con 651 votos. En Nechí, a través de lo que se conoció como la “Mermelada”, se invirtieron $1.785 millones de pesos para la vía Los Cargueros – Bijagual, gestionados a través del senador Besaile. Como menciona La Silla Vacía, casualmente el mismo valor de otros dos contratos que Musa Besaile había gestionado en la región: en Zaragoza y El Bagre,y para las tres obras los contratistas fueron los socios Breiner Cárcamo, amigo de Musa, y Ubadel Reyes, “embajador” de Musa Besaile en la región.

Musa Besaile, ha sido investigado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, al relacionarlo con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Adicionalmente, Arrieta ha venido realizando campaña, utilizando publicidad de manera extemporánea en Nechí, como se aprecia en varias fotografías. En las corralejas tradicionales se vio publicidad mediante pendones alusivos a la imagen del candidato Francisco Arrieta como opción para la alcaldía: “La vaina es con Francisco Arrieta.”"

Una última conclusión tiene que ver con los temas de violencia política. En total se presentaron 160 casos de violencia política hasta el día de hoy, entre ellas 119 amenazas, 18 atentados y 17 asesinatos a candidatos a cargos públicos o políticos en ejercicio, lo cual significa que la participación política sigue siendo un ejercicio de alto riesgo en Colombia.