1. Introducción - un contexto adverso
La alcaldía presentó su propuesta de Plan de Desarrollo Distrital (PDD) ajustado a la nueva realidad que impone la emergencia sanitaria y la transformación de Cali en Distrito Especial. Ante ello es relevante preguntarse, ¿cuáles son las principales apuestas del PDD?, ¿son suficientes las medidas propuestas para la reactivación económica post crisis del COVID-19?, ¿es conveniente otorgar facultades especiales al alcalde?
Ante la pandemia del COVID-19, las acciones del ejecutivo nacional hasta el momento han resultado insustanciales para frenar la crisis social y económica que se avecina. Si bien las alcaldías en su mayoría han acertado en la atención oportuna de la crisis sanitaria, requieren de una participación vigorosa del Estado central en los próximos meses, vía aumento del gasto público, en mínimo 10% del PIB, con el fin de atenuar fenómenos adversos, como el desempleo generalizado, de lo contrario será imposible pensar en la ejecución exitosa de cualquier plan de desarrollo distrital o municipal. El gobierno nacional, en el marco de una decisión política soberana, puede acudir a fuentes como; utilidades de empresas públicas, reservas internacionales, refinanciación de la deuda, créditos con emisión del Banco de la República, eliminación de exenciones tributarias de la última ley tributaria (que Ospina apoyó cuando fue senador[1]), entre otras; e incrementar su capacidad de intervención[2].Y así, paliar la desaceleración del crecimiento global y la caída de las remesas (-30%)[3] que, en Cali, sostienen el consumo.
2. ¿Cómo el PDD ordena el territorio de Cali? Ordenamiento Territorial
El plan de desarrollo de una ciudad está ligado en últimas en cómo se integra el territorio, va de la mano del POT, y por tanto los proyectos urbanos que propone refuerzan el modelo de ciudad que se proyecta por una administración, bien que ratifique el que la precede o bien que lo modifique. Esto al final es un resultado de cómo se resuelve el objeto primero urbano: la construcción de la vivienda —incluida, en el caso de Cali, la de las poblaciones que del Pacífico en general y del propio departamento del Valle afluyen— y , desde luego, cómo se corrigen los asentamientos inadecuados que por distintas razones se han producido.
En efecto, el ordenamiento territorial es una herramienta que las administraciones de las ciudades tienen a su disposición para planificar y controlar la forma como crecen las ciudades, en Colombia este tomó la forma de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) (Ley 388 de 1997 —Ley de Desarrollo Territorial—) cuya vigencia es de 12 años para poder llevar a cabo planes ambiciosos que sobrepasen el periodo de un alcalde.
En el marco del Estado Social de Derecho la planificación urbana deben buscar ciudades integradas, democráticas que son preferentes en favorecer a los núcleos urbanos con mayores carencias particularmente en aquellas urbes donde han primado los intereses particulares por la vía de la especulación del suelo y la obtención de plusvalías al amparo de las decisiones públicas o también donde ha ocurrido cierto urbanismo criminal, depredador y caótico que se vale de las necesidades de ciertas poblaciones en especial de migrantes internos y recientemente extranjeros. Es bajo esta óptica como debe evaluarse el carácter progresista de un gobierno y lo que este debe plasmar en sus actos administrativos.
La densidad de Cali ha pasado en los 30 últimos años de 0,71 a 0,87 mientras el número de habitantes subió de 1,5 millones a 2,5 millones, un 75% más, con un declive de la pobreza monetaria del 25,1% al 15,7%, prácticamente estancado en los últimos cinco años, y un coeficiente de GINI, que de 2011 a 2018 apenas decayó de 0,5 a 0,46.
El Pan formula 3 proyectos de redensificación en Ciudad Paraíso en un intento por contrarrestar la antitécnica expansión urbana del sur y, a la vez los compromisos como los planes parciales de San Nicolás, San Pascual, San Vicente, Avenida 6ta, los 8 planes maestros y el control de 100 usos de suelo operarán bajo la lógica del POT 2014, el mismo que disparó el desequilibrio urbanístico, paisajístico y ambiental que hoy padece la ciudad reflejado en una ya histórica alta densidad en el oriente en contraste con una baja en las localidades de occidente.
En el primer POT de Cali (Acuerdo 069 del 2000) la alcaldía de Ricardo Cobo ya se hacía un primer esbozo de lo que se venía en términos de expansión y del modelo de ciudad que se iba a implementar. La apuesta fue expandir la ciudad hacia el sur[4] (corredor Cali-Jamundí) y comenzar con una serie de proyectos habitacionales para satisfacer la creciente demanda de vivienda que requería la ciudad, este nuevo suelo de expansión dejó claro que el modelo de ciudad escogido para Cali en los próximos 12 años sería uno horizontal. Los problemas asociados a las ciudades que crecen de esta forma son los impactos ambientales (se necesita de cubrir el suelo con asfalto y perder este suelo para siempre) y administrativos (se necesitan crear nuevas redes de servicios públicos y contar con un sistema de transporte robusto que pueda llegar a estas nuevas zonas urbanas), se encarece el tiempo de desplazamiento a los lugares de trabajo y ocupación y además, se puede correr el riesgo de no controlar la construcción de edificaciones indiscriminadamente si la administración local no cuenta con la fuerza institucional o la voluntad para regularlas, tal como ha sucedido.
Para la revisión y ajuste del POT del año 2014 (Acuerdo 0373 de 2014) la alcaldía de Rodrigo Guerrero a pesar de establecer una gran cantidad de zonas para densificar la ciudad y dejar atrás el modelo de expansión horizontal, determinó mantener el suelo de expansión urbana en el corredor Cali-Jamundí[5] como se aprecia en el mapa 1, dotándolo además con planes parciales que buscan apalancarlo con proyectos sumamente atractivos al capital inmobiliario tanto tradicional como emergente (Zonamérica y Terminal del Sur del MIO). Al contrario, las nuevas zonas de densificación no cuentan con un número considerable de planes parciales (3) que las apalanquen con proyectos liderados por la alcaldía, dejando a voluntad del sector inmobiliario y financiero, como réplica de un modelo que se viene imponiendo en el país y que termina dejando al complejo urbanístico-inmobiliario la iniciativa central en el ordenamiento en tanto el Estado cumple un papel subsidiario. No se ve que en el PDD (2020-2023) de Cali esta línea se vaya a modificar.
Mapa 1. Clasificación del Suelo. En rojo, la zona de expansión en el corredor Cali-Jamundí. Elaborado por Departamento de Planeación Municipal. Tomado de Cartografía oficial del Acuerdo 0373 de 2014 - POT [6].
En lo que hay concordancia con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD) es en la construcción de un proyecto de Área empresarial, industrial y logística[8] en la zona de expansión de la ciudad, lo cual generaría por un lado una mayor presión para el desarrollo en el sur y por otro lado resta estímulo a la construcción dentro de la ciudad (densificación y renovación urbana).
En conclusión, en materia de ordenamiento territorial, el PPD de Jorge Iván Ospina II sigue las mismas prácticas de los anteriores alcaldes. A pesar de manifestar simpatías con los procesos de densificación, en la práctica, perfila un modelo de crecimiento de la ciudad hacia el sur que incrementando diversos problemas de movilidad y provisión de servicios básicos[9], derivados de —como ya se dijo— dejar a disposición del sector inmobiliario y financiero el aprovechamiento del suelo[10].
En el Plan Jarillón, el PDD de Ospina tampoco marca distancia con sus antecesores, pues no se evidencian medidas que dignifiquen el reasentamiento de las más de 4 mil familias que aún habitan allí, ni correcciones ante los atropellos sociales y jurídicos que tienen a otras miles, ya desalojadas, en un limbo entre subsidios de arrendamiento y proyectos de vivienda sin ejecución. El modelo de los desalojos forzados, las subvenciones al arrendamiento y los negocios de vivienda fallidos como el que se adelantó con una caja de compensación: en 7 años de ejecución del megaproyecto se habían ejecutado el 82% de los recursos mientras el avance físico del mismo solo registró un avance del 34%[11]. Para colmo de males, no existen ni se reinstalan en el plan instancias de diálogo con participación vinculante de la comunidad afectada, agravando este conflicto social con sus respectivos costos sociales y económicos.
Un plan con más egresos que ingresos, desfinanciado
El PDD está desfinanciado. Al revisar la propuesta del plan de inversiones, parte vital que incluye la proyección de los recursos financieros disponibles para la ejecución de los principales programas y proyectos prioritarios de inversión, se encontró que no está garantizada la totalidad de los recursos, debido a que en la propuesta esta cifra asciende a $ 24,4 billones, de los cuales la administración por medio de recursos propios destinaría $11,8 billones, lo que representa solo el 48%, los restantes $ 12, 6 billones serían recursos externos que se tendrán que gestionar. Adicionalmente, los gastos fueron planteados en un escenario de deuda perfilada, que significa que el servicio de la deuda, tal como está concebido, aumenta en 423 mil millones más el desbalance del plan. Cabe preguntarse: ¿cómo se va financiar el 52% restante?, ¿qué porcentaje de la inversión se apoyará en asociaciones público-privadas y créditos? El Concejo y Contraloría tienen el deber de constatar la viabilidad financiera y política de un plan cuyo valor supera en un 79 % los costos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 del gobierno anterior[12].
El sobredimensionamiento del plan puede conllevar a un endeudamiento injustificado afectando las finanzas públicas futuras, como se advierte en el mismo documento, “las condiciones pretendidas para el actual endeudamiento, junto con el endeudamiento adicional, podrían reducir la disponibilidad de rentas en el mediano plazo”[13]. Por su parte, la administración espera recoger en tributos $ 7.14 billones de pesos los próximos 4 años, que comparado con los tributos recaudados el cuatrienio anterior de $4.8 billones[14], hace prever un crecimiento en la carga tributaria muy pronunciado gravando los ingresos de los ciudadanos. De hecho, la proyección de los tributos muestra crecimientos anuales de 20%, mientras que el cuatrienio anterior tan solo fue de 7% al año. Es decir, está girando contra el ingreso disponible de la ciudadanía en la medida en que la carga tributaria —y más todavía luego de la crisis del COVID-19— crecerá más que el Ingreso por Habitante, con lo cual los días de trabajo que los caleños deberán dedicar al cubrimiento de las contribuciones locales aumentarán.
Otro aspecto clave a analizar, es la propuesta de una nueva deuda por $450.000 millones (a 10 años) que se sumaría a la ya existente de $554.000 millones que se debe pagar hasta 2023. La propuesta es entonces “reperfilar” la deuda, aduciendo un mejor interés y un mayor plazo. Este tipo de propuestas deben estar acompañadas de un ajuste en el marco fiscal de mediano plazo que pone en cuestión la sostenibilidad financiera de Cali.
El recaudo del impuesto que presenta mayor crecimiento en el plan, es el impuesto de predial unificado, al pasar de $597.000 millones en 2019, a $ 915.000 millones en 2023. Es de resaltar que los ingresos de libre destinación del PDD dependen en un 98% del impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. La gestión fiscal de los próximos años contempla la realización del censo tributario, la actualización del catastro rural, la implementación del catastro multipropósito, y la recuperación de recursos de vigencias anteriores en proceso de cobro (persuasivo y coactivo). La desfinanciación del plan puede recaer en los ciudadanos, bien sea por la vía de un aumento de impuestos o endeudamiento del municipio.
En ese mismo sentido, se evidencia una subestimación del impacto de la emergencia sanitaria sobre la proyección de los ingresos al suponer que la reducción del recaudo se mantendrá solo por el término de 2020. Es cada vez más probable, una contracción económica sostenida (-3%/PIB) durante los próximos 3 años, que puede provocar una caída de los niveles de tributación y que, por la duración de la calamidad, tenga que destinar recursos nuevos a las principales medidas del plan de choque, afectando la proyección de ingresos y gastos.
Es de anotar que, aunque el plan contempla una restricción del gasto público para las estrategias que no sean concordantes con el apalancamiento de la crisis sanitaria, en el texto siguen apareciendo muchas metas y proyectos improcedentes para el contexto (como por ejemplo, el Centro de Enseñanza Automovilística de Distrito de Cali). Por otra parte no hay claridad, por ejemplo, sobre cuáles metas fueron modificadas, cuáles metas retiradas o cuáles metas añadidas a la luz de la pandemia.
Asimismo, deben resolverse las dudas de la financiación, viabilidad y operación de ambiciosos proyectos como la Cárcel Distrital, la Universidad Distrital, el Parque Distrital del Río Cauca, el Tren de Cercanías, el Arena Petronio, el Parque Tecnológico de Innovación Museo San Fernando, la Torre Única de Comunicaciones, el Edificio de Cali Inteligente, entre otras.
La transformación Cali en Distrito Especial y la extravagante implementación de la economía naranja
Una de las estrategias del PDD consiste en “consolidar las bases para la transición política y administrativa a Distrito Especial”[15]. No obstante, la magnificencia de su propósito, cuando se desglosa en sus 11 metas, la estrategia no supera la fase de planeación. La alcaldía, se compromete a entregar varios estudios: una propuesta de un Sistema Distrital de Planeación; una propuesta de un modelo de división administrativa; 25 reuniones de desarrollo territorial participativo y el 50% de un inventario de bienes inmuebles[16], para cumplir la ley de distrito la cual, por su inutilidad, debería derogarse. En ese sentido, quedan aplazadas la ejecución de promesas políticas como la conformación de alcaldías locales o la creación de los distritos de turismo, de deporte, de cultura, de servicios y empresarial.
En materia económica, el plan recoge la muy cuestionada política del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Pacto por Colombia, pacto por la equidad) del presidente Duque, la denominada economía naranja. Al plantear la creación de “4 áreas de desarrollo naranja”, contra toda suposición pese al costo fiscal o gasto tributario para garantizar la confianza inversionista en este campo, solo se obtiene a cambio una discreta generación de 300 nuevos empleos en la industria cultural[17].
Se insiste en fomentar como vocación productiva de la ciudad, y en cierta la lógica neoliberal, de especializar el territorio en servicios y turismo, sin reparar que: 1) no genera los puestos de empleo que Cali requiere y los que se crean, no ofrecen dignas garantías laborales; 2) requieren de fuertes exenciones tributarias para atraer el capital respectivo y 3) son sectores muy sensibles a las crisis económicas mundiales y a las sanitarias.
Inexplicablemente, el plan carece de planes concretos para la industria y el agro y desecha estímulos al aparato productivo como: 1) un trato diferenciado a las mipymes manufactureras; 2) un programa de compras públicas, de manufacturas y de alimentos; 3) una política pública para ralentizar la desindustrialización.
La tradición manufacturera de Cali se desestima y se sustituye por —en la lógica naranja— 150 emprendimientos de industria creativa, el fortalecimiento de 4 mercados de industrias creativas, la asistencia técnica a 1200 empresas creativas y la inserción de 37 empresas a cadenas de valor. Si bien tales iniciativas apoyan sectores sociales que se desempeñan en campos cercanos al sector cultura; sin embargo, es evidente que no tienen la capacidad para romper la tendencia de informalidad, de 46% y el agobiante desempleo de 12%. En la generación de nuevos empleos, el plan solo se compromete, como ya se dijo, en 300 puestos de trabajo[18].
Así pues, los jóvenes no tienen mucho que esperar del PDD a pesar de la crítica situación que viven: en 2018, la tasa de desempleo para jóvenes fue 17,4%[19] al tiempo se registraba un 46,3% de personas viviendo de la informalidad. La población juvenil de Cali ocupaba el segundo lugar —entre las 5 principales ciudades del país— con un 22,4% de ninis, cerca de 67 mil jóvenes entre los 14 y 28 años que ni estudian, ni trabajan[20].
En este panorama el PDD constantemente menciona la generación de nuevos empleos con enfoque diferencial —y en el plan de reactivación económica— la formalización de 50 mil empleos, también la capacitación de 1.000 jóvenes como desarrolladores de Software para acceder a su primer empleo, sin embargo, no queda claro cómo lo hará más allá de la mención y no se plantea alguna política o estrategia concreta y contundente focalizada a combatir el desempleo e informalidad.
Las mujeres en el plan de desarrollo
El plan plantea que uno de los enfoques transversales de la planificación distrital es el diferencial y poblacional, lo que supone el reconocimiento de diferencias étnicas, de género, etarias, socioeconómicas, etc. Las cuales se espera desemboquen en acciones específicas.
Aunque se propone la creación de un programa de empleabilidad con enfoque diferencial y de género, en sus objetivos solo se establecen la creación de competencias, habilidades y el fomento a la contratación, es decir, sensibilización a través de espacios de formación técnica e incentivos. Pero no apunta a la creación de empleos, ni a la disminución de la brecha laboral entre hombres y mujeres, tampoco se mencionan estrategias para la contratación de mujeres o personas diversas, en una ciudad donde la tasa de desempleo de mujeres es de 16.5% y la brecha de género es de 4.8 % [21].
La violencia de género, otro de los aspectos que más afecta a las caleñas[22], es abordado en el plan por medio de programas de promoción de convivencia pacífica, sin embargo, no se identifica una propuesta clara de estrategias o productos que apunten a la disminución de las cifras de violencia de género.
En el caso del programa Todas las mujeres Todos los derechos, es de suma importancia el fortalecimiento y la creación de espacios de apoyo y prevención a la violencia de género, puntualmente la creación de una segunda Casa Matria que se ha caracterizado por ser un espacio seguro para que las mujeres puedan hacer denuncias y tener atención en caso de ser víctimas de violencia de género, sin embargo, haciendo un análisis de la situación de las caleñas, ¿por qué no se plantea el fortalecimiento de la capacidad de atención de la ya existente? ¿Qué tan pertinente es crear una segunda Casa Matria sin plantear mejoras o fortalecer la existente? En resumen, se sigue haciendo énfasis en los procesos de sensibilización, que, aunque son necesarios, no cuestionan o señalan aspectos como la violencia económica, la necesaria inserción laboral de las mujeres, la participación social y política, y tampoco plantea estrategias o sistemas de protección para las mujeres víctimas.
Y como una gran falencia, el PPD no se aproxima siquiera a los temas de la economía de cuidado, que reconoce una lucha histórica de las mujeres, que las descarga de las actividades de trabajo no remunerado a la vez que reconoce el cuidado como un trabajo y una función social.
El plan de desarrollo deja por fuera el componente de telecomunicaciones
El Estado y sus empresas son los únicos que pueden afrontar los riesgos financieros que los privados no pueden asumir, y jalonar todo el ecosistema tecnológico naciente y disperso que se encuentra en la región. Los primeros clientes que eventualmente podrían validar los nuevos productos y servicios del componente de telecomunicaciones de Emcali, sería el mismo Estado. Lamentablemente el PDD renuncia expresamente a una sinergia Distrito-Emcali, que pueda apalancar el componente de telecomunicaciones.
Emcali-Telecomunicaciones es irrelevante en la estrategia Cali, Territorio inteligente. Al revisar las 55 metas de la estrategia, se evidencia que solo 4 están relacionadas con el componente telecomunicaciones de Emcali. No se encontró dentro del texto algún proyecto movilizador que signifique un verdadero cambio de paradigma con Emcali. En los proyectos, que Emcali podría asumir, como la creación de un sistema de semaforización, la implementación de sistemas inteligentes de transporte en el SITM-MIO, el centro de ciencia e innovación digital, y aplicaciones de modelo big data, o internet de las cosas, el que puede emprender por tener una extensa red de fibra óptica, no se garantiza la participación de la empresas públicas de servicios públicos abriendo la posibilidad de privilegiar a los competidores privados inmediatos. Además de esto, esta estrategia no está articulada con las estrategias en educación, centros de pensamiento, universidades o algún indicador de bienestar.
La estrategia tecnológica del PDD debe acompañarse de decisiones políticas, que no están en el texto, como la remunicipalización de Emcali, terminar el contrato de arrendamiento de la infraestructura a terceros, fortalecer la gestión de activos, la generación de energía eléctrica, y ejecutar una recuperación agresiva de clientes, sin las cuales es imposible fortalecerla. Es de resaltar que el plan propone recuperar 60,000 usuarios de estrato 1 y 2 conectados a internet de Emcali en los próximos 4 años. La superación del actual rezago tecnológico y comercial requiere de decisiones políticas. Emcali tiene todo el potencial para jalonar las iniciativas de desarrollo tecnológicos en alianza con empresas ya constituidas y universidades.
En últimas, no hay acciones contundentes frente al componente de telecomunicaciones de EMCALI, se la condena al marchitamiento por inacción. No hay una visión estratégica de las telecomunicaciones y la puesta en marcha de una Smart City, el alumbrado público, o la semaforización inteligente, importantes fuentes de ingreso, quedan a merced de la operación de un tercero renunciando así a un bien patrimonial y estratégico para la ciudad. Contrario a lo que el alcalde Armitage predicaba, Telecomunicaciones de EMCALI es el futuro pero parece que el PDD no se percata de ello y coincide con su antecesor.
Las facultades especiales[23]: el diablo está en los detalles
Por los intereses en pugna y por la profundidad y extensión de los temas que abarca las facultades solicitadas por el alcalde sería inconveniente sustraer al Concejo Distrital de estas decisiones. El alcalde cuenta con un extenso margen de gobernabilidad para sacar adelante el PDD sin la necesidad de acudir a una centralización del poder: llegó a la jefatura del municipio en una alianza conformada por el Partido Liberal, la U, parte del Polo, progresismo, parte de la Alianza Verde, Colombia Renaciente, el grupo de Dilian Francisca Toro, el de Roy Barreras y el de Clementina Vélez[24], actualmente conserva la mayoría de la corporación con 11 votos de 17, y tiene una popularidad del 67%. Y es que los temas relacionados con las facultades no son triviales: la modificación del POT, la renegociación de la deuda, la declaración de utilidad pública de bienes inmuebles, la enajenación de bienes improductivos, los esquemas asociativos público-privados, la modificación de los estatutos de la EMRU. Independiente de la conveniencia y la legalidad de las facultades, los temas en cuestión, deben ser tratados con prontitud en la corporación.
Pance y El Cortijo, las incógnitas de los conflictos ambientales en Cali
El PDD tiene una línea estratégica dedicada exclusivamente al socio-ecosistema, en ella se reconoce la importancia de las cuencas hidrográficas de la ciudad por ser las fuentes de recarga de acuíferos y humedales, uno de ellos, El Cortijo, está en riesgo de desaparición por la posible construcción de la Terminal Sur del MIO; si bien se menciona en el PDD el manejo de los humedales con Planes de Manejo Ambiental (PMA) no hay referencias al futuro del humedal, ello cobra importancia dado el actual conflicto jurídico y social que ha suscitado el proyecto; ahora hay que preguntarse: ¿cúal será el futuro del Humedal El Cortijo?, ¿la administración persistirá en la construcción de la Terminal Sur y los Patio Talleres en esta zona de la ciudad?
En cuanto a la zona de Pance, a principios de 2020 la alcaldía realizó una suspensión de la licencia de construcción de condominios aledaños al río por múltiples denuncias por contaminación con aguas residuales domésticas y explotación minera de materiales de arrastre; el PDD tiene como proyecto movilizador la construcción de un parque distrital en el río Pance, este puede ser una buena estrategia a la hora de combatir el deterioro ambiental por el que atraviesa el afluente, es pertinente aclarar: ¿cuál será el área exacta donde se ubicara este parque?, ¿cuáles serán las restricciones que instaura el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) de Cali?
Educación, más de lo mismo
Temas como la calidad de la educación, el descenso de la matrícula en instituciones educativas públicas y la deserción, no pesan mucho en las metas específicas dentro del plan de desarrollo. El Índice Sintético de Calidad, que mide tanto el desempeño en las Pruebas Saber, como el progreso mostrado en las mismas pruebas de un año a otro, el nivel de aprobación del año escolar y la evaluación de las condiciones para el aprendizaje en el aula, permanece por debajo de la media nacional.
La deserción dejó en 2018 6700 jóvenes/año[25] sin la posibilidad de culminar sus estudios en básica media. En educación básica y media no hay un proyecto que rompa con la dinámica actual es más de lo mismo, a pesar de algunos avances en infraestructura de la administración pasada. Por ejemplo, a pesar de que la Alcaldía reconoce que hay 134 mil niños y jóvenes por fuera del sistema educativo en Cali[26], el PDD no se propone la inserción de los mismos al sistema. Tampoco, hay muestras de articulación entre educación y las estrategias de reactivación económica.
Uno de los asuntos claves es la tercerización educativa, cuestionada entre otras cosas por los reiterados escándalos de corrupción por todo el país. Mientras que en Bogotá el porcentaje de estudiantes en la modalidad de cobertura es del 3% y en Medellín del 9,4%, en Cali esta alcanza la escandalosa cifra del 18%[27], una fiesta para los negociantes de la educación. El PDD no se propone siquiera limitar este modelo educativo cuyas consecuencias son una pésima calidad para los estudiantes y maltrato laboral a los docentes, como lo ha señalado el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, entre otros.
Ahora bien, frente a educación superior dentro del PDD se plantea la creación de la Universidad Distrital Santiago de Cali —que en el papel tiene como objetivo disminuir las brechas sociales y económicas de acceso a la educación superior—. Sin embargo, no hay evidencia del costo de su construcción, ni de la financiación por parte del Estado que garantice su funcionamiento.
Por otro lado, mientras se propone la creación de esta nueva universidad en la que quedan muchas dudas por resolver, no se menciona nada frente a la financiación o fortalecimiento de la Institución Universitaria Antonio José Camacho y el Instituto Popular de Cultura que son responsabilidad del municipio, por ejemplo, la Institución Universitaria Antonio José Camacho hasta 2018 tendía a más de 7000 estudiantes, sin recibir ningún tipo de recurso económico proveniente del municipio[28].
En este panorama, no se evidencia una defensa de la educación pública y para el caso de la educación superior su adecuada financiación y calidad, por el contrario, se presume que por su gestión en el pasado, los esquemas de alianzas público-privadas en educación seguirán ganando importancia en los próximos años.
La alcaldía debería responder: ¿La Universidad Distrital Santiago de Cali operará bajo el modelo de alianzas público-privadas? ¿Qué recursos aportará el Estado nacional para su construcción, el equipamiento y el funcionamiento de esta? ¿Cuál es su proyecto educativo? ¿Está el proyecto educativo relacionado con la investigación o su enfoque está más cercano a las competencias laborales?
Salud: carencias fundamentales, metas contradictorias
Aunque la salud es transversal a todos los aspectos del desarrollo y por tanto es normal que se aborden aspectos de ella en las diferentes dimensiones del plan de desarrollo, sería de esperar que un gobierno que se considere alternativo, en el suyo asumiera postura, al menos democrática, frente a la mercantilización del derecho humano a la salud y plantee, específicamente sus acciones para, por un lado garantizarlo y por otro para el fortalecer la red pública hospitalaria y formalizar en condiciones dignas su personal, indispensable para lograrlo. Este plan carece de todo ello. También esboza metas contradictorias en indicadores que son claves a la hora de valorar el desarrollo de una sociedad por ejemplo al plantear correctamente una tasa de mortalidad materna menor de 45 por cien mil nacidos vivos[29], al tiempo que determina la meta de primera cita de control del embarazo en la semana 12 cuando lo admisible es que ello ocurra entre la séptima y décima semana[30] y omite fijar metas para el cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006[31] que reconoce el derecho fundamental de las niñas y mujeres a suspender el embarazo en casos expresamente definidos. Apoyaremos el logro de la primera y aspiramos a que se corrijan las demás.
Otro aspecto contradictorio tiene que ver con los alimentos: mientras prevalezca el concepto de seguridad, en lugar del de soberanía alimentaria, resulta imposible superar la desnutrición de niños y ancianos sobre todo en las zonas rurales; ningún municipio colombiano tiene capacidad para saciar el creciente número de hambrientos que genera el neoliberalismo, menos después de la pandemia de la COVID-19.
Movilidad: más SITM-MIO
Los correctivos adoptados en el PDD no van a los problemas estructurales. La inyección de recursos por $860.000 millones del fondo de estabilización, en la terminación del Tramo 3 de la Troncal de Oriente y las dos terminales que faltan, continúan bajo la lógica de “a mayor oferta, mayor demanda” y se crean incentivos para eso, a costa de mayores y nuevas contribuciones de la ciudadanía, mientras la demanda del sistema, indicador principal de la sostenibilidad, se mantiene estancada.
Al respecto, el plan no provee medidas para que los usuarios más pobres se transporten dentro del sistema. El 58% de los pasajeros (250 mil pasajeros/día) siguen usando “transporte alternativo” porque tiene mayor cobertura, y menores tiempo de viaje (28 minutos por viaje).
Por otra parte, la reducción agresiva del Transporte Público Colectivo (TPC), afectó más de 6 mil hogares entre conductores, propietarios y empleos directos e indirectos. Su eliminación total podría afectar a 2.500 más[32]. El plan no contempla un modelo de transporte con participación del transporte público colectivo, craso error. El TPC logró movilizar en 2018 160 mil pasajeros día[33], la gran mayoría de usuarios son de zonas donde el MIO no llega o sus frecuencias hacen un martirio su uso. ¿Están condenados los usuarios más pobres de la ciudad al transporte informal, además más caro? ¿No es hora de pensar posibilidad de un operador público en SITM-MIO? ¿En renegociar los contratos? O ¿permitir de nuevo un sistema de transporte colectivo?
Este modelo de negocio, un esquema público-privado, genera presiones alcistas sobre la tarifa final a los usuarios. En sus años de puesta en funcionamiento, el MIO no ha logrado sus objetivos de movilidad principales, ni tampoco su punto de equilibrio, es decir, no ha logrado ser eficiente para el mejoramiento de la movilidad en la ciudad. Las apuestas del PDD, en temas de movilidad, no parecen revertir esta tendencia ni tampoco el que el MIO se haya vuelto un sistema de carriles mixtos y no exclusivos lo que era la esencia de su razón de ser y de las ventajas que garantizaban la concesión al oligopolio que la usufructúa. Al final, lo que se ocasionará es la expulsión del TPC al tomarse el MIO tales corredores hoy mixtos.
Comentarios finales
- La ciudadanía y la alcaldía deben exigir al presidente mayor gasto público para contrarrestar los efectos económicos que generará la pandemia de COVID-19.
- El plan de desarrollo requiere de un redimensionamiento, que priorice las propuestas financiables y garantice su viabilidad, sin golpear la capacidad de pago de los ciudadanos.
- El plan no propone fortalecer la vocación industrial productiva de la ciudad, siguiendo la lógica del gobierno de Duque, profundizada en el sector cultural al hacerlo depender de la inversión de capital mediante la llamada economía naranja.
- Tanto en educación como en ordenamiento territorial y movilidad, el plan continúa favoreciendo a los grandes negocios, dejando al Distrito como un mero actor subsidiario de sus ganancias mediante las alianzas público privadas. Es hora de pensar seriamente en el papel del sector público en el desarrollo de la ciudad.
- EMCALI, como la principal empresa pública de la ciudad, debería abanderar las iniciativas de la construcción de una ciudad inteligente. Para ello se requerirá el fortalecimiento de la empresa, y también pensarla como la protagonista de las estrategias de interconexión lideradas por el distrito. Sin embargo en el PDD, EMCALI es apenas visible, cuando no ausente.
Finalmente, no es procedente aislar a la ciudadanía del debate riguroso e informado sobre estos temas mediante la entrega de funciones especiales al alcalde, propuesta amparada en la declaratoria de emergencia derivada de la pandemia. Este hecho podría conducir a aprovechar la situación para darle un giro antidemocrático institucional en la planeación de los próximo
[1] Estos senadores le dijeron sí y no a la reforma tributaria.
[2] Propuesta a Duque sobre el COVID-19
[3]Caída histórica de remesas en América Latina agudiza la crisis en tiempos de COVID-19.
[4] Acuerdo 069 del 2000, Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, página 394.
[5] Acuerdo 0373 de 2014.Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali, página 687.
[6] Cartografía oficial del Acuerdo 0373 del 2014 - POT.
[7] Ospina retirará del Plan de Desarrollo un artículo de que lo facultaría para modificar el POT.
[8] Primer proyecto sectorial enlistado para la ejecución en la ciudad de Cali en el POTD, página 158 del Proyecto de Acuerdo N° 011 de 2020, “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo y Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023, Unidos por la vida”.
[9] Desarrollo territorial de apariencia.
[10] Densificación no es un instrumen.to de planificación
[11] Informe de auditoría financiera, fondo de adaptación, vigencia 2018. Contraloría General de la República. Junio de 2019.
[12] 13,7 billones actualizado a 2020, costo del Plan de Desarrollo Municipal de la administración anterior.
[13] Proyecto de Acuerdo N° 011 de 2020, “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo y Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023, Unidos por la vida”, página 166.
[14] Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020.
[15] Proyecto de Acuerdo N° 011 de 2020, “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo y Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023, Unidos por la vida”, página 107.
[16] Ibíd. Página 109.
[17] Ibíd. Página 31.
[18] Ibíd.
[19] Departamento Nacional de Planeación, Mercado Laboral Urbano, 2018.
[20] Ritmo laboral, Cámara de Comercio de Cali, 2019.
[21] Boletín técnico, gran encuesta nacional de hogares enero- marzo 2020.
[22] En los cuatro primeros meses del 2020 fueron registrados 10 feminicidios, cifra que con el aislamiento social obligatorio tiende a aumentar, sumado a las numerosas llamadas a las líneas de atención, en los primeros 15 días del aislamiento, las cuales aumentaron en un 91% a nivel nacional.
[23] Sigue el debate por las facultades que el alcalde le pidió al Concejo de Cali.
[24] El todo vale de Jorge Iván le da el empujón final en Cali.
[25] Diagnóstico Estratégico del Sector Educativo, Alcaldía de Cali, 2018.
[26] Exposición de Motivos, Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023, página 7.
[27] Secretaria Distrital de Educación, Secretaría de Educación de Medellín y Cali, 2018.
[28] Institución Universitaria Antonio José Camacho, Liquidación y aprobación de presupuesto. Acuerdo No. 11, julio de 2018.
[30] Control del embarazo, Dexeus Mujer.
[31] Sentencia C-355 de 2006, Corte Constitucional Colombiana.
[32] El SITM-MIO: Un modelo de movilidad fracasado y pierde-pierde.
