Oí el comentario de que Colombia lo que requiere no es más cárceles sino más manicomios. Llamativa la frase, pues plantea en forma incisiva dos temas.
El tema de las cárceles se ha resumido en el hacinamiento, los reclusos sin sentencia, el aumento de delitos y de penas sin un sistema que los pueda juzgar ni tener prisioneros, etc. Es un tema traqueado que se repite sin que merezca mayor atención del gobierno, tal vez porque para los medios solo aparece cuando suceden casos como el de Barranquilla.
Al respecto la radiografía la pueden complementar dos cápsulas presentadas en el periódico El Tiempo, donde una dice que en el mes hubo 4.195 capturas por solo hurtos (ocho días antes había informado que diariamente se capturaban 82 menores de edad por diversos delitos), y la otra que el monto de las demandas contra el Estado por personas detenidas y declaradas después inocentes es de 39 billones de pesos.
Eso visto desde afuera ya parece cosa de locos. Pero lo más reciente y lo más diciente, el nuevo cuento de las 'chuzadas', es lo que lo hace uno sentirse ya dentro del manicomio, pero en uno como los de las películas, donde quienes lo manejan —medios y autoridades— mantienen en estado de confusión y locura a la población bajo su control.
A la luz pública salió que 'Andrómeda’ se trataba de una operación de ‘inteligencia’, que, descubierta por los vecinos, la denunciaron a la Fiscalía. Esto produjo un allanamiento de la Físcalía que no sabía de esta operación; la inteligencia militar no informa del allanamiento a los superiores —comandante del ejército y ministro—; y es la prensa, Semana .com, la que divulga esta historia —dándole sabor a escándalo como es la vocación de los medios—.
Hasta aquí este cuento puede tener tres explicaciones: o es verdad la versión mediática y dentro del ejército se estaban produciendo ruedas sueltas que espiaban hasta a los negociadores del proceso de paz; o era una operación oficial y se ha descubierto algo que las autoridades pretendían ocultar; o es un ‘falso positivo’ de los medios de comunicación.
Pero esto se complementa con la reacción —o más correctamente, las reacciones— del presidente: a las pocas horas de la divulgación mediática cita a una conferencia de prensa y en tono enérgico señala que nunca le ha temblado la mano para sancionar militares, y suspende de sus cargos a los superiores (que en ningún caso parecerían poder ser directores —ni conocedores— de los hechos denunciados); en siguientes declaraciones enfatiza que la ‘fachada’ si era ‘legal’ y que no se sabe si las actividades que adentro se desarrollaban podía no serlo; después se aclara que ‘chuzadas’ no podía haber porque solo quedan sospechas de seis computadores (de 26 decomisados) que deben ser examinados para saber si en efecto se hackeó a alguien más de los mil autorizados —en especial, por supuesto, los de los negociadores de La Habana—.
En resumen, parece que nos encontramos es ante un ‘falso positivo’ de la prensa, y que el motivo de la denuncia (o más exactamente del escándalo de que se espiara para sabotear las negociaciones de Paz) no parece verdadero. Pero sí descubre otros temas interesantes: que existen varios sitios y fachadas semejantes; que el Estado en efecto ‘espía’ a sus ciudadanos; que no se sabe cómo se manejan esos recursos; y por supuesto la torpeza de la inteligencia militar, la falta de coordinación con la Fiscalía, el teléfono roto entre las unidades operativas y los altos comandos, etc.).
Queda clara la gran inquietud: si no es un ‘falso positivo mediático’ (como parece serlo) ¿Qué es más grave, que el Estado tenga esa rueda suelta y no lo sepa, o que sea una acción del Estado y trate de ocultarla no solo antes, sino mañosamente ahora?
El presidente ha hablado de fuerzas oscuras enemigas de la paz, hizo una referencia muy concreta a la defensa del Estado de Derecho en contraste con el ‘Estado de Opinión’, y prácticamente acusó al Dr. Uribe de estar detrás de este ‘complot’.
Que estamos en una campaña reeleccionista todos los sabemos; pero que se sindique a la oposición uribista de poder inspirar estas acciones no puede tratarse así de ligeramente: o se denuncia formalmente y se aportan pruebas o se espera a resultados concretos. Tampoco parece responsable el suspender a dos generales sin fórmula de juicio para después defender la legalidad de lo aparente y decir que se está investigando si hay algo ilegal que es casi imposible que se realizara bajo dirección o control de ellos.
Luego también queda la inquietud de si sería que, manipulando o con la complicidad de la prensa (como según fama asesoraría JJ Rendón), el Presidente hubiera caído en la tentación de aprovechar este evento y manejar este tipo de problemas en función de su campaña.
