En este nuevo año que empieza, aún se mantienen sobre la bruma las peticiones y motivaciones que dieron pie a las movilizaciones sociales más grandes de los últimos años. Una de ellas fue el desmonte del ESMAD y como hemos podido observar por las últimas acciones del gobierno y los comandantes de las fuerzas públicas, evidencian su desconexión total con las voces que se alzan de un pueblo cansado de atropellos y humillaciones por parte de las autoridades. La nueva política de seguridad ciudadana, las declaraciones del ex comandante de la policía Hoover Penilla justificando procedimientos que vulneran derechos y exigiendo no cuestionar a la Policía Nacional. La actitud indolora e irrisoria del General Atehortúa frente a un debate de control que merecía toda la rigurosidad. Son solo una pequeña muestra de la larga lista de hechos que comprueban el uso que se le está dando al estado y a sus fuerzas.
El informe realizado por la ONG Temblores, en el cual logran documentar los casos de 34 personas que resultaron muertas en enfrentamientos con el ESMAD, es una cifra realmente aterradora en los 20 años de existencia de este escuadrón, y no menos aterrador es el grado de investigación que han tenido estos episodios, donde no existen condenas por las muertes causadas. Inclusive algunas de estas investigaciones han sido obstaculizadas por los altos mandos, como es el caso de la muerte de Nicolás Neira, que después de más de 10 años, solamente el testimonio de un oficial arrepentido revela que desde la comandancia de la operación existió la orden para modificar y mentir en sus testimonios con el fin de entorpecer dicha investigación.
El clamor de las voces que pide el desmonte del ESMAD no debería ser solo una exigencia que represente la disolución de un escuadrón perteneciente a la policía, ni debería ser el trámite banal de supresión de un nombre, o el cambio de identidad como ya lo hemos podido evidenciar en ocasiones anteriores, donde grupos de inteligencia militar, han sido suprimidos pero sus prácticas se mantienen vigentes, recayendo en otras instituciones. Por su parte esta petición debería encarnar las más profundas reflexiones y transformaciones, preguntarnos acerca de las políticas y métodos de formación que emplean hoy día nuestras fuerzas públicas, el aleccionar ideológico, el adoctrinamiento de cartilla frente al “enemigo interno”, la autoridad arbitraria, erradicar el macartismo de pensamiento, los señalamientos, censuras y estigmatización a políticas de izquierda, a líderes y lideresas, a movilizaciones, a estudiantes y demás; es imprescindible seguir en la construcción de una mejor fuerza pública y eso solo lo lograremos con la participación de todos los actores sociales al calor de los debates, de las discusiones y por supuesto de las reformas.
Lo que sucede con el ESMAD no es un hecho aislado de manzanas podridas y de individuos fuera de los protocolos. Son el resultado de las falencias que durante años han acompañado la formación de los integrantes de las fuerzas públicas. Como alguna vez mencionaba el General Álvaro Valencia Tovar, “cuando se hace parte de la autoridad, la filosofía de derechos humanos debe formar parte inseparable del criterio y la conciencia de quien la ejerce.” Aún seguimos esperando que estas palabras logren plasmarse en la realidad de la sociedad colombiana.
