En el panorama social y político actual, el miedo se ha convertido en una herramienta de manipulación extremadamente potente, impulsando frecuentemente la elección de líderes autoritarios. Estos líderes prometen seguridad, pero a un costo oculto y profundamente preocupante: la erosión de los derechos humanos.
Esta negociación, esencialmente un pacto con consecuencias nefastas, sugiere erróneamente que la democracia puede ser sacrificada en busca de una supuesta seguridad. Sin embargo, este intercambio es fundamentalmente defectuoso, ya que se basa en la peligrosa idea de que ciertos individuos son menos valiosos que otros. Esta creencia, una vez aceptada, abre la puerta a un ciclo de deshumanización que podría, eventualmente, volverse contra aquellos que la permitieron.
En el caso particular de la alcaldía, liderada con perseverancia, se ha notado una preocupante tendencia a enfocarse casi exclusivamente en la seguridad durante su primer mes y medio de gestión. Este enfoque unidimensional ha eclipsado otros problemas críticos como el desempleo, la informalidad laboral y los obstáculos al acceso a la educación, fundamentales para el bienestar y el avance social.
La educación en Colombia, consagrada como un derecho ciudadano y una prioridad gubernamental según la Constitución, emerge como una solución sostenible a largo plazo a los desafíos de seguridad. Una educación pública de calidad y accesible para todos puede ser la base para una sociedad más integrada y cohesionada. Contrariamente a la creencia predominante, simplemente aumentar la presencia policial no constituye una solución viable a la violencia y la inseguridad. Estos problemas demandan un enfoque más estructurado que atienda sus causas fundamentales.
Para enfrentar la inseguridad de manera estructural, es crucial modificar los patrones de formación ciudadana desde la infancia, desviando a las nuevas generaciones de los caminos que conducen al delito. La criminalidad prospera en entornos caracterizados por la falta de orden y el desprecio por las normas básicas de convivencia. Desde temprana edad, es esencial inculcar el respeto por los demás y por las reglas que rigen nuestra sociedad, promoviendo la idea de que el bienestar colectivo se deriva del respeto mutuo.
La administración actual debe dar prioridad a mejorar la infraestructura educativa en todas las escuelas, transformar los espacios comunitarios en centros de actividad cultural y educativa, y asegurar que las instalaciones deportivas cumplan con su propósito original, evitando que se conviertan en puntos de venta de drogas.
La educación no solo mejora el acceso a empleos legítimos y aumenta los ingresos, disminuyendo así el atractivo de las actividades delictivas, sino que también crea un estigma social contra el crimen que funciona como un disuasivo eficaz.
Estudios como los realizados por Lochner y Moretti (2004) y Jacob y Lefgren (2003) han demostrado que un aumento en la educación reduce significativamente las tasas de criminalidad. Un incremento de solo el 1% en la tasa de graduación de secundaria en hombres puede ahorrar hasta 5 billones de pesos anuales en costos sociales relacionados con la delincuencia.
En conclusión, mientras que el enfoque del alcalde perseverante centre su atención en medidas represivas para abordar la seguridad, lo cual es comprensible en su obligación de dar resultados a corto plazo.
Como presidente del Consejo Municipal de Juventud, es mi deber resaltar como el defender, que la verdadera seguridad se fundamenta en la educación, la equidad, y el respeto mutuo. Atender las causas profundas de la inseguridad con soluciones sostenibles promete no solo una ciudad más segura sino también una sociedad más justa y unida. Este es el reto y la oportunidad que enfrentamos hoy, no solo en Cúcuta sino en toda Colombia.
Nota: Necesitamos no solo elevar el nivel de educación sino también asegurarnos de la calidad de la educación impartida en nuestros colegios. Este será un tema crucial para abordar en futuras discusiones.
