Se ha convertido en una constante el lamentable incremento de las cifras que hacen relación a los crímenes que atentan fundamentalmente contra la vida de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, nuestras familias, proyectos de comunidad, así como de las formas organizativas que desde estos colectivos hemos adoptado en el marco del proceso de reincorporación.
El Acuerdo Final de Paz creó una serie de componentes desde los cuales se define la necesidad de generar acciones concretas como el Pacto Político Nacional expuesto en el punto 3.4.2 del Acuerdo Final de Paz (AFP) que permitan mitigar en primera instancia la estigmatización y en un segundo momento, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales contemplada en el punto 3.4.3 del AFP orientada a impedir los hechos de violencia que sobre esta comunidad podrían recaer en un país que poco ha avanzado en la construcción de verdaderos escenarios de convivencia.
Desafortunadamente, el partido del anterior gobierno (Centro Democrático) optó por la instrumentalización del Estado, llevándolo a niveles de inoperancia tan grabes (u operatividad premeditada), que terminaron por convertirlo en el violador sistemático de los derechos fundamentales de la comunidad firmante hoy en proceso de reincorporación.
Con discursos estigmatizantes fue como se trató de justificar todo el odio, toda la violencia contra nuestro colectivo y los respectivos crímenes como desplazamiento forzado, asesinatos, amenazas, al igual que su desconocimiento como actores económicos, políticos y sociales en los territorios, sin importar sobrepasar los límites jurídicos, políticos y éticos que estas realidades implican, desbordándolos en su afán por hacer trizas el acuerdo de paz y con ello, su estéril intención por mantenerse en el poder.
Afortunadamente, el acuerdo ha logrado agitar de manera acertada el debate sobre nuestra apuesta, sobre los caminos que hemos recorrido y los que deberemos recorrer como sociedad, pero también como individuos, debates que nos han permitido entender qué tan hondo hemos llegado en el marco de los escenarios de la confrontación social permanente, con el agravante de la guerra y la forma en que esta ha degradado nuestra naturaleza.
No obstante, motivados por nuestro inquebrantable compromiso con la paz, ante el país y la comunidad internacional, no nos podemos negar a reconocer una realidad tan dolorosa como la que estamos viviendo quienes convencidos que la paz es el camino, decidimos dejar la vida guerrillera a un lado para entrar a cursas los caminos de la democracia y por medio de ella la necesidad de humanizar nuestra sociedad. Por esto creemos que, en gran medida, la forma en que se potencie el proceso de reincorporación será determinante para generar los escenarios de confianza, seguridad y respeto necesarios para avanzar en los posibles nuevos espacios de diálogo que ya se escuchan venir, y donde las experiencias vividas a más de cinco años de su firma son valiosos insumos que nos permiten hablar con propiedad de los desafíos que esto implica.
Entonces más allá de las cifras, deberemos empezar por rodear el proceso de reincorporación en todas sus dimensiones, así como las instancias claves de éste. No podemos acostumbrarnos y menos aún, ser socialmente indolentes frente a los crímenes contra la comunidad firmante, líderes y lideras sociales si realmente queremos crear las condiciones necesarias para avanzar en la Paz Completa o Paz Total.
Por lo tanto, recordemos que la estructura del AFP crea las siguientes instancias para tales fines: Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI), el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, las Comisiones Municipales de Planeación Participativas, La Junta de Direccionamiento Estratégicos – Consejo Permanente de Dirección del PNIS y el Comité de Comunicaciones del establecido en el punto 6.5 del AFP. Las anteriores instancias como mecanismos bipartitos que tienen dentro de sus objetivos garantizar la implementación integral del componente de reincorporación.
Sin duda el pasado 7 de agosto no solo se cambió de gobierno, pues detrás de esta gran expectativa nacional, también está el deseo de superar la violencia como un lastre permanente de nuestra sociedad y para lo cual, una de las tareas urgentes tendrá que ser la de reconocer, potenciar y visibilizar cada una de éstas instancias creadas en el marco del AFP.
