La batalla de las cartillas nos demuestra fehacientemente que lejos estamos de la democracia, la tolerancia, el respeto por el otro y por las diferencias.
Todo lo peor que aún anida en los colombianos salió a flote para dar rienda suelta al pensamiento primario, a las bajas pasiones, al todo vale. Hemos quedado al desnudo, somos aún una sociedad premoderna, conservadora y tradicionalista, incapaz de tramitar de manera democrática y civilizada nuestros conflictos y diferencias.
Los promotores de las movilizaciones contra la cartilla, con inocultable cálculo e interés político, capitalizaron tanto las razones y preocupaciones de los padres de familia, como la errática estrategia de la ministra Gina Parody en la revisión de los Manuales de Convivencia ordenada por la Corte Constitucional. Más allá de la cartilla y de la condición lesbiana de la ministra lo que estaba en juego era una estrategia de debilitamiento del gobierno de Santos y el esperado plebiscito.
Lo que estaba en juego era una estrategia
de debilitamiento del gobierno de Santos
y el esperado plebiscito
La oportunidad de tener una escuela libre de toda discriminación se “jodió” por culpa de los intereses políticos de lado y lado, que de manera deliberada la convirtieron en una batalla por sus proyectos políticos de corto y mediano plazo. La cartilla era apenas un pretexto, el florero de Llorente obligado. La gran sacrificada ha sido sin duda la educación, la convivencia de los colegios, los derechos de la comunidad educativa y su autonomía para decidir sobre el contenido y alcance de los Manuales de Convivencia.
Todo fue invocado en defensa de los intereses políticos en juego: el papa Francisco, la Biblia, la Constitución del 91, la “ideología de género”, los derechos de las minorías, la moral cristiana y sus principios, el Estado laico, los fallos de la Corte, el inveterado santanderismo, el Estado de Derecho, el Estado de Opinión, hasta la palabra marica tan devaluada, volvió a ser de uso corriente por articulistas y formadores de opinión.
El tema de la no discriminación en las escuelas y colegios por razón de la orientación sexual no es nuevo. Desde 1980 los distintos gobiernos han intentado resolver el problema con leyes, decretos, reglamentaciones, orientaciones, todos fueron asesoradas siempre por Naciones Unidas, y por supuesto han elaborado y puesto en circulación cada uno su cartilla, desde Turbay Ayala pasando por Álvaro Uribe hasta Santos, todos han traído debajo del brazo su respectiva ley o decreto y su infaltable cartilla.
Lo que años atrás era un asunto corriente en materia de educación sexual en los colegios y contra la descremación se convirtió ahora en una batalla política entre el interés manifiesto de las fuerzas políticas conservadoras, en particular el Centro Democrático, de debilitar al gobierno de Santos y el plebiscito y la respuesta de este ante la evidencia de las movilizaciones masivas y los riesgos para su proyecto político.
Lo que era apenas un debate educativo, de gran importancia, rápidamente se ideologizó y politizó, y en política las razones son casi siempre reemplazadas por las pasiones, por el todo vale, por el fin justifica los medios, por el papaya servida papaya comida.
El gran error de la ministra fue reemplazar
la participación democrática por la vieja y desgastada fórmula
de contratar un equipo de tecnócratas que elaborara la cartilla
El gran error de la ministra Gina fue reemplazar la participación democrática por la vieja y desgastada fórmula de contratar un equipo de tecnócratas que elaborara la cartilla, pasando por encima de los padres de familia, los maestros, los rectores y los alumnos en quienes descansa la definición de los Manuales de Convivencia y los Proyectos Educativos Institucionales. La fe ciega en la tecnocracia, la renuncia a la participación ciudadana y el desconocimiento de la autonomía y el gobierno escolar les salieron caros a la ministra y al gobierno.
El final de la Cartilla, tantas veces negada por la ministra Parody, no podía ser más dramático. Para salir del embrollo creado y ante la evidencia de las masivas movilizaciones de las fuerzas conservadoras y las Iglesias católicas y cristianas, aupadas por el procurador y el Centro Democrático, el gobierno dio marcha atrás. El presidente Santos y la ministra se reunieron de inmediato con el cardenal Rubén Salazar, el nuncio Ettore Balestrero y monseñor Fabio Suescún, obispo castrense de Colombia, prometiéndoles que archivarían la cartilla. “El Gobierno descartará esas cartillas. “Este documento no será autorizado”.
Los errores cometidos por la ministra de ninguna manera justifican la tropelía, la violencia e irrespeto a su intimidad personal de que fue objeto en esta suerte de Sesiones de Odio que hemos presenciado en las redes sociales y las masivas movilizaciones. De igual manera la Comunidad LGBTI ha sido víctima de una infame e inhumana agresión.
Ojalá que el pragmatismo del presidente Santos y las urgencias de ganar el plebiscito no archiven por largo rato el mandato de la Corte Constitucional, tan simple como profundo: Realizar “una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas internas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.” Sentencia T-478/2015.
Un mandato que interpretado y llevado a la práctica de manera correcta, sin ventajismos ni cálculos políticos, con democracia antes que con tecnocracia, merece el respaldo de todos los colombianos, como un camino necesario y favorable a la convivencia escolar y en especial a la construcción de una cultura democrática que tanto nos hace falta, como quedó demostrado en la última semana.
