Lo que empezó como una urbanización proyectada en terrenos del hoy alcalde Alejandro Galindo, hace más o menos siete años, parece convertirse en una falacia para quienes con esfuerzo depositaron su confianza y deseaban tener una vivienda. La comunidad está indignada porque para los 190 lotes ofrecidos inicialmente resultan más de 900 propietarios, según informes en manos de los afectados.
El alcalde Alejandro Galindo pasó un proyecto para reformar el POT, el cual pretende pasar de zona rural a urbana no solo este terreno sino también otros que están en las mismas condiciones y que la misma comunidad relaciona como propiedad del concejal Carlos Julio Díaz. No es un secreto, pues toda la comunidad ha estado enterada de su existencia frente a las urbanizaciones la ciudadela.
Por otra parte, se está generando un problema de infraestructura que puede costar miles de millones. Lógicamente los urbanizadores deben aportar y sería otro engaño pretender que esas construcciones se puedan realizar de la noche a la mañana, y menos que la alcaldía las realice porque no es responsable de la urbanización.
La urbanización que llaman Balcones del Prado, que lidera hoy la esposa del alcalde, la señora Ángela Gutiérrez, lleva varios años sin solución. Lotes que fueron adquiridos a tres millones en épocas electorales para que produjeran una ganancia de alcaldía, lograron el objetivo. Sin embargo, como estos lotes no tienen escritura, ni un plan urbanístico autorizado, ni permisos legales, ni alcantarillado, ni servicios públicos, no se pueden lotear ni construir. Algunos propietarios con el tiempo han vendido a diez y más millones como negocio, pero los afectados dicen que al parecer hay lotes que tienen más de un propietario.
Algunos creen que es mejor que una entidad del gobierno como el Ministerio del Interior o de Vivienda intervenga y ordene los proyectos hasta su aclaración y que su decisión que permita que quienes tienen sus derechos no sean afectados y se legalicen. Por otra parte, para que los que han actuado de mala fe respondan ante la comunidad de este municipio por sus malas acciones.
El alcalde y su señora alientan a la comunidad para que esperen la solución porque consideran que todo está en orden, pero los afectados se presentaron el 31 de mayo 2017 a la oficina de la gestora social ubicada en la carrera quinta entre calles cuarta y quinta para preguntar cuál es la realidad del proyecto.
La presencia de la policía en la oficina de la gestora social del municipio, permitiendo la entrada de quienes deseaban averiguar la realidad de su compra, permitía el ingreso mientras otros esperaban afuera ser protegidos. ¿El mundo al revés?
La policía el 30 de mayo hizo presencia para proteger a los concejales que no aprobaron el proyecto, que desde la posición del alcalde ha sido debatido sin aprobación.
El debate deja entrever que en Mariquita existen varias urbanizaciones ilegales, y es necesaria la presencia de la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del pueblo, Fiscalía. Además, es necesario que Planeación municipal, Personería, Inspección de policía, conozcan estos problemas. Si se pretende tapar y tapar las malas actuaciones de funcionarios públicos, concejales habría que investigar si la corrupción está presente en estos fenómenos sociales manejados por algunos interesados en el dinero fácil.
