El testimonio lo dio el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio ante la JEP y lo corroboró Salvatore Mancuso en una carta el 19 de enero. En los primeros días de julio de 2005, en el Aeropuerto Internacional de Los Garzones, en Montería, Benito Osorio, quien desde 1997 manejaba el Fondo de Ganaderos del departamento, recogió a José Félix Lafaurie. La razón del viaje a Montería era una reunión que tenía el presidente de Fedegán con “el mono”, apodo con el se referían a Mancuso quienes lo conocían. En el carro, mientras lo llevaba a la Castellana, barrio en el que tenía su casa el comandante paramilitar, Lafaurie le contó que intentaría convencer a Mancuso de que presionara a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que escogieran como nuevo fiscal a Mario Iguarán ya que sería más receptivo con los paramilitares a diferencia de los otros candidatos, Jorge Pretelt y la tercera en contienda, Consuelo Caldas. Para esto, tal y como lo informó en su momento El Espectador, habría cinco mil millones para tentar a los magistrados.
Mario Iguarán venía de trabajar en el gobierno Uribe, en el Ministerio del Interior y Justicia encabezado por Sabas Pretelt de la Vega. El 29 de marzo de 2004 se había posesionado como viceministro y fue clave para la estructuración y la defensa jurídica de la Ley de Justicia y Paz. Hasta que renunció. Tenía un objetivo, llegar a la Fiscalía y, además, tenía el respaldo del Gobierno nacional. El presidente Uribe lo ternó y emprendió un lobby para asegurar su elección.
José Félix Lafaurie, según Benito Osorio, fue clave en esa tarea. Después del primer viaje del presidente de Fedegán, Lafaurie volvió a contactar a Osorio para que le hiciera llegar una información muy importante a Mancuso. Según Osorio, por intermedio suyo, le envió los contactos a Mancuso de los magistrados de la Corte encargados de escoger al nuevo fiscal. Esos contactos incluían una “cantidad de nombres de miembros de la Corte Suprema de Justicia, donde aparecían sus teléfonos celulares, sus amigos políticos, sus amigos personales, sus direcciones y otros datos con el fin de agilizar para que pudieran ser ubicados”.
Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior y Justicia, lideró junto a Mario Iguarán como viceministro la estructuración de la Ley de Justicia y Paz. Además, este último fue clave para la reestructuración del sistema penal acusatorio que le otorgó nuevos poderes a la Fiscalía.
Unos meses después la votación para el nuevo Fiscal quedaron así: 17 votos para Iguarán, Pretelt siete votos, Consuelo Caldas uno. Eran los años en los que los paras se sentían ganadores. Influían en todas partes. En la universidad pública, en la privada. Tenían infiltrados en las Fuerzas Armadas, en la Policía, el Congreso en pleno se inclinaba hacia Salvatore Mancuso.
No se puede decir que la Fiscalía de Mario Iguarán haya sido laxa con los paramilitares. Tal y como lo reseña La Silla Vacía, Iguarán abordó sin piedad casos de parapolítica como el de Edilberto Castro, gobernador del Meta, quien fue condenado a 40 años de cárcel por ser el determinador de los asesinatos de los dirigentes políticos Éuser Rondón Vargas, la diputada Nubia Sánchez y el exgobernador Carlos Saboga. Además atrapó y condenó a Salvador Arana, exgobernador de Sucre, por el asesinato del alcalde del Roble. Pero en otros casos su accionar fue más que sospechoso.
En tres ocasiones la sala penal de la Corte le pidió a Iguarán los informes de los políticos sindicados de ser fichas de los paramilitares en el Congreso: Vicente Blel, Héctor Julio Alfonso, Óscar Wilches, Luis Carlos Torres, Alfonso Riaño, Luis Alberto Gil, Miguel Alfonso de la Espriella, entre otros. Si bien algunos ya estaban condenados, como fue el caso de Blel, a nueve de ellos se les empantanó la investigación mientras Iguarán se enfrascaba en una radical defensa de su gestión y apuntó sus ataques, a veces desmedidos, hacia la Sala Penal.
El abogado Ramón Balleteros fue capturado por sobornar y hacer cambiar el testimonio de un paramilitar que condenaría al congresista Luis Alberto Gil, otra ficha de la AUC en el Congreso. Sin embargo, según lo denunció en una columna de María Jimena Duzán en la Revista Semana, Iguarán nombró en la Oficina de Control Interna de la Fiscalía, tan importante para abordar las investigaciones más importantes del ente, a Lucía Mejía, esposa del abogado Ballesteros.
El 22 de noviembre del año 2000, en el pueblo palafito de Pivijay, Magdalena, el ganadero Saúl Severini Caballero, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia ordenó, durante siete años, el asesinato de 21 funcionarios. Sobre esos cuerpos se hicieron los pactos de Pivijay y el de Chigorodó, quienes serían los laboratorios sobre los dudosos acuerdos de paz de Ralito. La lentitud con la que la Fiscalía de Iguarán investigó estos casos fue tan pasmosa que Gina Parody, siendo senadora de la República, con el Partido de la U, le mandó una carta en el 2008 a Iguarán reclamándole por la lentitud con lo que llevaba el caso. Al final nadie salió imputado por esta barbarie.
Además, pequeños escándalos tiñeron aún más de sospechas a Iguarán, entre ellos el que la investigación contra el senador del Partido Conservador, Luis Humberto Gómez Gallo, acusado de estar relacionado con el narcotraficante y creador del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, Eduardo Restrepo Victoria, conocido con el alias del Socio. En el 2011 Viviane Morales, entonces fiscal durante el gobierno Santos, lo condenó por parapolítico. La Corte Suprema ordenó ese año la investigación a Iguarán por prevaricato, es decir, por desechar el testimonio de comandantes paramilitares que implicaban a Gómez Gallo.
En 2006, Salvatore Mancuso, que se había desmovilizado dos años antes, comenzó a rendir testimonio ante la Fiscalía. El propio Iguarán se puso al frente de sus declaraciones. El exjefe paramilitar llegó al Palacio de Justicia de Medellín fuertemente custodiado desde la cárcel de Itagüí, donde estaba recluido esperando el inicio de su proceso en el marco de la Ley de Justicia y Paz que el propio Iguarán ayudó a construir.
En 2012, ya en una cárcel en Estados Unidos después de ser extraditado por el gobierno Uribe, Mancuso habló por primera vez sobre el lobby que hizo el gobierno en favor de Iguarán. Pero sus declaraciones no tuvieron mayores repercusiones.
Con el testimonio del exgobernador de Córdoba Benito Osorio en la JEP, las sombras vuelven a posarse sobre Iguarán, ahora convertido en prestigioso penalista. Los próximos días serán cruciales para él y para su viejo amigo, José Félix Lafaurie.
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