La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación contra militares por desvío de dineros que estaba destinado a la cuenta de fuentes humanas del Ejército Nacional, es decir, que se usan para pagar información crucial que ayudará a la defensa del Estado. En cambio el dinero fue empleado para gastos personales de un general y dos coroneles entre el 2016 y 2o17. La investigación inició en diciembre de 2017 y en 2018 llegó al despacho de Fernando Carrillo, Procurador General del momento. La Procuradura Margarita Cabello habría archivado la investigación por falta de evidencias pues no se sabía el valor exacto del dinero que malversaron los militares lo que hacía imposible determinar que se trataba de detrimento patrimonial. Sin embargo, se habrían recopilado pruebas y testimonios suficientes que aseguraban que los implicados habían desviado dinero e inclusive agentes de inteligencia conocieron con exactitud el valor de los gastos reservados.
Ante el archivo de la investigación, se desató una polémica que llevó al enfrentamiento entre Margarita Cabello y Fernando Carrillo. Cabello aseguró que el proceso se mantuvo frenado durante los últimos años y culpó a la deficiente actuación de su antecesor que habría causado el archivo de la investigación también por vencimiento de términos y falencias investigativas.
Por su parte, Carrillo se defendió, reiteró que la investigación nunca se debió archivar debido a que habían suficientes pruebas entre los que se destacaban testimonios, grabaciones y documentos para acusar a los militares. El exprocurador declaró que creó una comisión disciplinaria para la investigación y como resultado en el 2018 el viceprocurador Juan Carlos Cortés citó a audiencia al mayor general Martín Fernando Nieto, coronel John Ortiz, teniente coronel Alexander Parga y otros miembros del Ejército.
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