La semana termina con la ya cantada designación de Margarita Cabello Blanco como procuradora; el nombramiento en sí no supone escándalo alguno hasta que analizamos que la persona designada, quien ejercerá sus funciones a partir de enero próximo, será quien juzgue el comportamiento de los funcionarios públicos del Estado, dentro de los que se encuentran quienes fueron hasta hace quince días sus compañeros de gabinete ministerial y alguno de los senadores que hacen parte de la coalición de gobierno, situación que indudablemente podría colocar en entredicho su imparcialidad en el órgano de control.
Ahora bien, es indudable que la doctora Cabello cuenta con una hoja de vida connotada, resaltando su trasegar en la rama judicial, en donde fue juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla, magistratura del Tribunal Superior de Barranquilla. Además, durante el paso por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez se desempeñó en el cargo de procuradora delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, y durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue ternada para ser fiscal general. Así mismo, en 2012 ingresó como magistrada a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de donde fue presidenta en 2016, y en 2018, aún siendo magistrada de la corte, fue ternada por el presidente Iván Duque para ser fiscal ad hoc en el caso de Odebrecht
En mayo de 2019, cuando le faltaban poco más de 6 meses para terminar su periodo de 8 años en la Corte Suprema, renunció a su cargo para asumir como nueva ministra de Justicia y estuvo allí hasta el pasado 18 de agosto, cuando renunció para ser ternada por el presidente ante el Senado, donde finalmente fue escogida por una aplastante mayoría política.
Lo paradójico es que precisamente su recorrido por diferentes cargos públicos, lo que habla bien de ella en el entendido de que conoce como nadie la estructura del Estado (lo cual sería una fortaleza), termina siendo su mayor desventaja al revisar que nunca termina los periodos institucionales del cargo que ocupa, renunciando para acceder a otro de mejor envergadura, lo que la hace ficha clave de la clase política dominante.
Si bien es cierto que aún no se ha posesionado, mal haríamos en emitir juicios preconcebidos de lo que sería su comportamiento al frente de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, si tenemos en cuenta cuál ha sido el accionar de los funcionarios del alto gobierno que hoy ostentan cargos de control, como la Fiscalía por ejemplo, el futuro no es muy promisorio.
Ante el clientelismo que se maneja en este tipo de procesos, algunas voces plantean establecer el voto popular para la elección de los órganos de control, lo que sería a mi juici, una solución populista y poco efectiva, sobre todo en una democracia tan frágil y “ñeñepermeable”; por el contrario, considero acertado el mecanismo instituido en la Constitución del 91, en donde el procurador es elegido por el Senado de la terna integrada por candidatos del presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Dicho esto, se amerita una reflexión profunda sobre cómo está actuando el Congreso de la República, que, no entendiendo el momento polarización política que vive el país y en un mal cálculo político, desechó la estabilidad que dan los pesos y contrapesos de la democracia por un acuerdo político electoral que seguramente no tendrá mayor futuro.
Finalmente, queremos que le vaya bien a la nueva procuradora. Aunque suene frase de cajón, “si le va bien a ella le va bien a Colombia”. De hecho, hacemos fuerza para que logre llevar a cabo la frase que viralizaron los medios de comunicación tomada de su discurso de aceptación del cargo ante el Senado: “No importa si el gato es rojo, verde, azul, amarillo o gris, lo importante es que cace ratones”. De nuestra parte no pedimos mucho, solo rogamos que por lo menos al gato le salgan bigotes y que los ratones no se hagan invisibles y le toque al gato perseguir a los perros… de la oposición.
