La mayoría de mis amigas y yo compartimos el título de ser “consultoras” que es el término con el que se describe el rebusque de personas profesionales en el mundo del trabajo globalizado. Es decir: trabajo precario y calificado de personas que le llegamos tarde al empleo formal, ese que tiene contratos a término indefinido, prestaciones sociales, cesantías, seguridad social.
Nosotras trabajamos a destajo, en contratos cortos, vendiendo grandes acumulados de conocimientos y experticia, asumiendo grandes responsabilidades en la generación de ideas, propuestas, intervenciones sociales que en gran medida reemplazan al Estado, pero eso sí: pagando nosotras mismas la seguridad social y sin esperar liquidaciones ni indemnizaciones de los contratantes, que pueden ser Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el Estado nacional, departamental o municipal y organizaciones internacionales.
Casi siempre de nuestros propios fondos financiamos el arranque de estos procesos y sacrificamos parte de los honorarios, si con esto se garantiza el buen funcionamiento, la cobertura o el logro de objetivos, porque la mayoría asumimos todo trabajo como una “militancia”.
Pues bien: últimamente en el mundo de la contratación se han producido cambios importantes. La ley 80 de 1993, intentó poner orden en la contratación pública en el país. Sin embargo, puso también tantos enredos y leguleyadas, complicó y sofisticó tanto los requisitos jurídicos y financieros y ha tenido tantas “actualizaciones”, que se hace casi imposible “seguirle el paso” y en muchas regiones e instituciones tranquilamente anuncian que eso “no ha pegao”.
Como dicen por ahí que en Colombia “hecha la ley, hecha la trampa”, las entidades públicas, privadas, las del llamado “tercer sector” y las universidades, han constituido verdaderos “carteles de la contratación”, es decir, equipos que van rastreando convocatorias y tienen listos los requisitos financieros y jurídicos, y una vez conseguido el contrato, subcontratan con profesionales que sí sepan del tema. Por eso se ven empresas, organizaciones y uniones temporales que han ejecutado obras públicas, desayunos escolares, capacitación técnica, formación empresarial, en perspectiva de género, atención a tercera edad, proyectos ambientales y otros diversos.
Una vía que se ha encontrado para burlar los enredos e impedimentos de la ley 80, es la de suscribir convenios interadministrativos, en los que se entregan grandes cantidades de recursos para que una universidad o empresa del Estado los administre, desglosándolos en proyectos más pequeños. De nuevo, la gente que sabe de los temas es subcontratada como “consultora”, es decir para trabajar a destajo y a veces, sin figurar.
Y llegamos a la forma más actual de evadir la ley 80: una entidad del Estado (nacional o territorial), le pasa los recursos a un organismo de las Naciones Unidas y este subcontrata. ¿Quién iba a pensar que las Naciones Unidas, esa organización que surgió después de la Segunda Guerra Mundial con propósitos tan nobles y humanitarios como construir mínimos acuerdos vitales para lograr la coexistencia pacífica, el desarrollo equilibrado, armónico y sostenible, la vivencia de derechos humanos en el planeta, quedaría reducida a una gris burocracia, dedicada a hacer intermediación entre el Estado y la gente que ejecuta los proyectos?
Yo recuerdo que en mi juventud apelábamos a Naciones Unidas y a varias de sus oficinas y agencias para avanzar en el cabildeo de los derechos humanos, para obtener financiación para muchos proyectos de divulgación de derechos, de desarrollo social, de apoyo humanitario.
En la constitución de las Naciones Unidas, se previó que una cuota de todos los estados miembros financiaría a la Organización y a sus diferentes programas y agencias. Sin embargo, en la actualidad muchas de esas oficinas y agencias están sometidas a las leyes del mercado y deben “autofinanciarse”. De allí que se dedican a recibir dineros de los Estados y cobran altas cuotas de administración para subcontratar a las ONG que ejecutan.
Es por eso que la gran mayoría del personal técnico de las agencias mencionadas, no está dedicada a asuntos misionales, por ejemplo, a estudiar y atender las migraciones, los asuntos de población, desarrollo o ambientales, sino a revisar los informes técnicos y financieros de quienes están trabajando en terreno, es decir de quienes sí saben de los temas que estas agencias subcontratan.
Hay dos puertas giratorias instaladas en este mecanismo: por un lado, las personas que han trabajado por años en los ministerios, son contratadas por las agencias de Naciones Unidas y se dedican al lobby ante su anterior nicho laboral.
Una vez firmados los multimillonarios convenios, requieren contratar una cantidad enorme de personal para hacer la intermediación con las “operadoras” (léase las ONG y equipos de profesionales que saben del tema, pero que ya no tienen chance de contratar directamente con los ministerios y otros entes estatales). Mucho de su personal proviene precisamente del mundo de las ONG, (segunda puerta giratoria) donde se han formado para hacer una interlocución inteligente en ciertos temas. Una vez contratadas y contratados por las Naciones Unidas, estos profesionales se dedican a hacer formatos de informes, indicadores y grandes sábanas para supervisar el trabajo de… las operadoras.
Se amplían hasta el infinito los trámites para el desembolso de recursos, los procedimientos administrativos se complican al máximo, se hace lenta y complicada la comunicación, se aumenta el nivel de maltrato hacia la gente que está trabajando en terreno, se diluyen las responsabilidades, se vive con intensidad eso de que “mucho cacique y poco indio”, pues hay más jefes, pero no por eso más eficiencia y transparencia en el manejo de lo público.
Y si fuera poca la indignación, hay un dato extra: estas agencias no pagan impuestos al país o a los entes territoriales en donde funcionan, impuestos que sí pagan las ONG operadoras y los y las profesionales que ejecutan los proyectos.
Me pregunto si con decenas de grandes facultades de derecho, administración y gestión pública que hay en el país, más el saber acumulado en las ONG no lograremos presentar un proyecto para reformar la ley 80 y hacer un régimen de contratación que blinde al Estado de corruptelas locales, nacionales e internacionales.
