El último contrato que firmó María Inés Restrepo a nombre de Fondopaz, del que fue su gerente durante 20 años, tenía como objeto la adecuación de las 23 zonas veredales de las Farc que deberían estar listas el 31 de enero según el Acuerdo firmado en el Teatro Colón de Bogotá el pasado 24 noviembre de 2016. Se escogieron cinco extrañas empresas, sin trayectoria alguna, ajenas a este complejo trabajo que debería ser coordinado por un gerente, Carlos Córdoba, quien llegó de manera improvisada al cargo, sin experiencia tampoco, que aún no logra coger las riendas.
Buena parte de los inconvenientes muy seguramente están en la selección de las empresas contratistas para la ejecución de las obras. Se trata de cinco Sociedades de Acciones simplificadas, -SAS- sin experiencia, cuya supervisión estará en cabeza no de quien las contrató Maria Ines Restrepo quien renunció al cargo cuando las zonas veredales deberían estar entregadas el pasado 2 de febrero, sino de su reemplazo, el nuevo gerente (E) del Fondo, Mauro Rodrigo Palta, cuyo antecedente laboral inmediato fue la liquidación del Incoder-.
Las empresas seleccionadas y que han incumplido son:
Romart del Llano
Contrato por $ 11.982.959 millones
Luket SAS
Contrato por $ 12.016. 283
Distribuidora Remen CMT SAS
Contrato por $ 10.327.650
Sama Distribuidora y Comercializadora SAS
Contrato $ 10.916.915 millones
JT Soluciones Integrales
Contrato: $ 10.679.141
La implementación y los detalles de las obras que se requerían en las zonas campamentarias las suscribieron Sergio Jaramillo como Comisionado de paz y Carlos Antonio Losada en representación de las Farc.
Los reclamos de la guerrilla con imágenes para mostrar el incumplimiento del gobierno a través de sus diferentes cuentas de twitter se ha ido complicando porque los comandantes en el territorio, encargados de la tropa, no han aceptado recibir trabajos de cualquier calidad y en algunos casos incluso se han negado a aceptar los distintos programas que el gobierno ha empezado a ofrecer en las distintas zonas veredales, situación que llevó al gerente Carlos Cordoba y al vocero de las Farc en el tema Carlos Antonio Losada a dar explicaciones públicas por la situación.
Este es el mapa entregado por las Farc del estado de las distintas zonas veredales en el país.
Esta realidad, además de la precariedad de condiciones que se vive en los territorios, tiene consecuencias en la implementación general de los acuerdos y el proceso de dejación de armas. La comisión tripartita de seguimiento se rige por un estricto protocolo que lo fijan la existencia real de los campamentos, que influye incluso hasta para determinar los lugares donde se instalaran los conteiners para recibir los fusiles. A los cinco contratistas les queda un plazo de nueve días para dar entregar su trabajo a satisfacción, un compromiso que evidentemente no van a cumplir con lo cual, muy seguramente se iniciarán los pleitos legales, mientras el cronograma de entrega corre y el malestar en las regiones crece.
