Pedro, Juana, Mario, Inés, José, Luisa… todos los muertos durante las jornadas de protesta que se presentaron en Bogotá y en el resto del país, con motivo del asesinato de un abogado en un CAI de Bogotá, eran civiles; es decir, que quienes disparaban contra los manifestantes eran policías.
Y no se trata de unos pocos policías desadaptados, no, es el accionar de una institución profundamente corrupta, creada para combatir al pueblo en épocas de conflicto armado y que no ha querido ni está interesada en cambiar para actuar en épocas de anhelo de paz y de construcción de una Colombia diferente, incluyente y en búsqueda de una sociedad más justa.
A esta policía que hoy tenemos, una clase política corrupta y comprometida con la delincuencia organizada, le crearon un estatuto de policía que le da poderes extraordinarios y que ha convertido a la institución en un cartel del comparendo, de la violación de los derechos ciudadanos, de la agresión a las personas. Ese estatuto es la base de todo ese comportamiento agresivo de los policías contra la población.
No es un secreto, la policía es la institución más desprestigiada del país, es vox populi el grado de corrupción que se vive al interior de esta. Desde hace mucho rato, la policía ha dejado de ser apreciada por la población. Esas imágenes de gente arreglando los CAI no son sino intentos de los medios de comunicación por maquillar una imagen profundamente descompuesta, que requiere de una profunda intervención para cambiar su rumbo y su accionar. No se trata solo de manzanas podridas, el problema es mucho más profundo, es una institución que está podrida en toda su estructura. Todos se preguntan cómo un general de la policía, con su salario, tiene finca, carros, esposa, moza y lleva una vida de lujos y despilfarros, eso sucede arriba, abajo. Todo el mundo sabe que en los barrios populares los CAI son socios de las bandas y que las ollas de vicio y de venta de cosas robadas funcionan alrededor de ellos.
Esta policía está adecuada para satisfacer los intereses de los políticos corruptos, políticos de extrema derecha que nos gobiernan desde hace rato. Es una policía construida para darle desarrollo al odio y a la violencia que el jefe del Centro Democrático ha sembrado entre los colombianos. Es una policía preparada y estructurada, para sembrar violencia y para estimular la guerra; por eso su comandante lamenta públicamente la muerte de Popeye y la institución despide al policía que investigaba el Ñeñe Hernández y al que descubrió el laboratorio de coca en la finca del embajador, protege al que asesinó a Dilan y al que violó a una pequeña niña; es decir, la corrupción, no es un hecho aislado, hace parte de la vida institucional. Los escándalos son permanentes y la percepción que tiene la comunidad sobre esta institución es profundamente negativa.
El problema es grave, pero es que a este gobierno, corrupto y comprometido con los delincuentes del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, etcétera, le conviene tener a una policía corrupta... y una policía corrupta será una que actuará contra el pueblo. De hecho, el caso del abogado masacrado en el CAI de Bogotá es solo la punta del problema. No fueron solo dos policías “apasionados con su trabajo”, fueron todos los del CAI quienes molieron a golpes al detenido y no fueron dos o tres los que dispararon contra los manifestantes, fue el comportamiento normal. La orden que tenían era reprimir, agredir a los manifestantes, generar caos y violencia.
Ahora bien, el ministro de Defensa salió a decir que se lleva un registro de cada arma utilizada por la policía y que así se sabrá quién disparó su arma de dotación, ¿sabe él que cada policía porta dos armas, la oficial, que nunca usa, y la “otra”, sin registro y sin control que es con la que actúa en estos casos? Además, señaló el presidente que detrás de las manifestaciones hay intereses políticos, claro que hay intereses políticos... los de todos aquellos que han aprovechado la pandemia para robarse al país, que se están feriando los recursos públicos, que están destruyendo al Estado de derecho y que están pauperizando la vida laboral. Ellos son los responsables de que ese pueblo desesperado, angustiado y sin futuro reaccione de esa manera violenta contra una institución en la que ven concentrada toda la corrupción de los gobernantes.
Un gobierno que en medio de una profunda crisis económica sale a salvar a una empresa que como Avianca (que no es colombiana, que no paga impuestos en el país, que solo genera en el país unos 14.000 empleos mal pagos, que cuando sus pilotos reclamaron mejoría en sus condiciones laborales contrató extranjeros, que es acusada de malos manejos y corrupción), mientras que más de 10.000 pequeñas empresas están en quiebra y pequeños negocios que generan más de 500.000 empleos no han contado con ninguna ayuda, deja mucho que decir.
Esa corrupción desenfrenada y descarada del gobierno generó esa explosión popular, desorganizada y espontánea, que es la respuesta a esta situación de desesperanza y de no futuro que viven nuestros jóvenes. Esto es una bomba de tiempo que todavía no ha expulsado toda su furia: es una población tratando de darle salida a su angustia. Y tal situación no lo va a resolver el gobierno con discursos y pañitos de agua tibia, cada muerto genera más odio y cada represión produce más violencia.
La policía no necesita una modernización, sino que requiere de una transformación profunda: desmilitarizar su estructura orgánica y su mentalidad, convertirse en una institución civil y con un compromiso serio de defensa de los derechos humanos, y, sobre todo, romper el vínculo de sus oficiales con los delincuentes. Las fotos y las relaciones de generales y coroneles con reconocidos narcotraficantes y delincuentes no pueden ser vistas como algo normal. Además, mientras desde el alto gobierno se siga conviviendo con los delincuentes, será muy difícil transformar el accionar de una institución que está para defender y garantizar la tranquilidad de estos gobernantes.
No solo la policía demanda de una reestructuración urgente, la sociedad colombiana está llamando a un cambio, a una transformación profunda, a un cambio de ruta. La política de hacer trizas los acuerdos de paz le está pasando factura al gobierno nacional, el país está ingobernable y se le salió de las manos al presidente y a los alcaldes. La gente ya no les come cuento.
La reacción popular ante la crisis demuestra que desde los sectores alternativos se requieren propuestas reales, serias y organizativas, que encaucen la furia del pueblo. No podemos seguir repitiendo ese discurso vacío y sin contenido sobre la unidad. La gente requiere de propuestas reales de solución a la crisis. Por ejemplo, a la idea de Petro de un encuentro nacional por la reconciliación debemos darle cuerpo y contenido, y organizar un programa popular que definitivamente enrute al país por una vía democrática, que ponga la paz como el objetivo principal, que corte nuestra dependencia de la política exterior de los Estados Unidos, y que favorezca a la unidad latinoamericana y a la paz regional; es decir, hay que proponer alternativas organizadas y populares a la furia popular, pero, sobre todo, una propuesta política que le ponga punto final a la corrupción.
Pero, ojo, que también se mueve la propuesta de “acuerdo nacional” de Santos, que busca alcanzar un pacto entre los sectores oligárquicos para que todo siga igual, gatopardismo puro; acuerdo por arriba que busca impedir la llegada de un gobierno popular a Colombia. Esta propuesta va a encontrar más de un infiltrado en el movimiento popular, que esta vez no se va a ir a mirar ballenas, sino que va a torpedear la unidad popular.
Del movimiento popular depende si trabajamos desde ya por la construcción de una propuesta alternativa seria o dejamos que la oligarquía nos organice la agenda de cambio para que no cambie nada o que el desespero popular lleve esta lucha por el caos y la anarquía.
