El contexto
Mayo 2020. Varios representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se encontraban reunidos, de manera virtual, con unos funcionarios del gobierno, como parte de la Comisión Mixta para el desarrollo integral de la política pública indígena. Esta comisión —inicialmente creada en el marco de la emergencia social cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca, decretada por el gobierno de Andrés Pastrana luego de más de un mes de movilización indígena en el año 1999— había sido pensada como un espacio de diálogo y negociación entre el gobierno nacional y el CRIC, para monitorear, entre otras cosas, el cumplimiento de los compromisos adquiridos después de diferentes mingas[1].
En esta oportunidad, las autoridades indígenas solicitaban la implementación de un plan de contingencia frente a la emergencia provocada por la crisis del COVID-19. La reunión estaba organizada por funcionarios del Ministerio del Interior, pero incluía también contratistas de diferentes instituciones interesadas en la discusión (y, en particular, del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones – Mintic).
Según informes de prensa sobre el caso, cuando la reunión terminó, uno de los funcionarios, contratista del Mintic, dejó su micrófono prendido y la grabación siguió. Los representantes indígenas pudieron escuchar la conversación que seguían teniendo algunos funcionarios. En varios momentos de la conversación, uno de ellos, Alejandro Plata Peña, insultaba abiertamente a los representantes indígenas y expresaba, sin censura, todo su desprecio y odio. Diferentes frases particularmente despectivas fueron seleccionadas y reunidas en un audio:
Qué tal esos malparidos (…) En este momento ya me importa un culo. Quieren casas, se las hago. Me está doliendo la cabeza. Dotación, ¿qué más? Malparidos. Esos 300.000 pesos lo que van a hacer es comprarse unas flechas y una tarjeta. Esa es la dotación de un punto de internet en un resguardo (…) ¿Qué tal esos hijueputas? (…) Ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos toda su vida. Malparidos. Yo ya odio a estos hijueputas. A veces pienso qué mamera tener que hacer un contrato con ellos el otro año. Pirobos hijueputas [2].
En los días siguientes, el audio fue divulgado por el CRIC y ampliamente difundido por portales de información. Tras el escándalo, el funcionario tuvo que renunciar a su cargo. De manera casi inmediata, el Mintic publicó un comunicado para condenar las palabras pronunciadas por y resaltar su responsabilidad individual:
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones rechaza cualquier acción irrespetuosa hacia las comunidades indígenas, que no representan en nada la posición del ministerio, sino que contradicen abiertamente los lineamientos de esta cartera. El día de ayer fue aceptada la terminación anticipada de contrato de la persona que se vio involucrada.
Este ministerio reitera su compromiso con las comunidades étnicas del país y tenderá todos los puentes que sean necesarios para apoyar las necesidades TIC de los pueblos indígenas y del departamento del Cauca en general. En el equipo Mintic tenemos la meta de ser ejemplo de respeto, equidad e inclusión [3].
Como entidad responsable de la organización del evento, el Ministerio del Interior se pronunció también públicamente, con una declaración del viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Alberto Baena. Esta comunicación dejaba claro, en primer lugar, que su ministerio no tenía responsabilidad directa en el asunto:
Los pronunciamientos contra pueblos indígenas que se registran en grabaciones divulgadas hasta ahora por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, no fueron hechos por personas vinculadas al Ministerio del Interior [4].
Y, en segundo lugar, expresaba un fuerte rechazo de las palabras pronunciadas, contemplando incluso la posibilidad de una acción judicial:
El ministerio reitera su rechazo a cualquier acto de hostigamiento o discriminación, y solicita copia de los audios con el fin de requerir las actuaciones legales procedentes.
Ante la atención pública, hasta la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, decidió pronunciarse públicamente, condenando con la misma fuerza las palabras pronunciadas y exigiendo una desvinculación inmediata del funcionario:
El funcionario del ministerio de las TIC que se refiere en esos términos soeces a las comunidades indígenas y sus necesidades, debe quedar destituido hoy. Ese no puede ser el talante de los servidores públicos de nuestro gobierno [5].
¿Cómo leer esta historia y la respuesta institucional?
El caso —tanto las palabras mismas pronunciadas por el funcionario como la respuesta institucional— nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que podríamos llamar un “sentido común racializado” en Colombia.
Es interesante anotar, en primer lugar, que las palabras fueron condenadas con unanimidad como inaceptables. Incluso en los sectores tradicionalmente en conflicto con el movimiento indígena, no hubo nadie para defender Alejandro Plata Peña. De hecho, el mismo funcionario publicó un comunicado, reconociendo el carácter inapropiado de sus comentarios:
“Aunque nada justifica los términos utilizados, quiero dejar claro ante la opinión pública, las comunidades indígenas y la sociedad colombiana, que lo que allí se escucha no corresponde a una postura institucional ni representa lo que pienso o mi sentir frente a las comunidades con las que he trabajado. Reitero corresponden al producto de una charla exacerbada puesta en conocimiento ante la opinión pública de manera descontextualizada” [6].
Pero es interesante anotar también que todas las respuestas institucionales presentaron tanto el problema como su solución como asuntos puramente individuales. El problema estaba, en esencia, ligado a las “palabras discriminatorias” de un funcionario público aislado. Y la solución consistiría, sencillamente, en reemplazarlo por otra persona más adecuada [7]. Esta respuesta institucional no tiene porque sorprendernos. En cualquier lugar del mundo —e independientemente de las orientaciones ideológicas— son pocas las instituciones que defienden sus funcionarios cuando cometen errores públicamente denunciados como intolerables [8]. Sin embargo, si bien esta respuesta no tiene porque sorprendernos, considero importante analizarla de manera critica.
Lo primero que me parece importante cuestionar se relaciona con la discrepancia entre el vocabulario del funcionario y las funciones oficiales para las cuales había sido contratado. Alejandro Plata Peña no era un funcionario desconectado de los mundos indígenas, sino alguien explícitamente contratado, desde el año 2017, para apoyar al ministerio en su relación con las comunidades étnicas. Su propuesta de prestación de servicios profesionales —disponible en internet— indica que una de sus principales funciones consistía en “hacer seguimiento a compromisos formales del Mintic con actores étnicos”, con el objeto de “abordar de manera responsable y respetuosamente los puntos de interés” [9]. Gracias a una “articulación armónica y con enfoque diferencial”, sus acciones debían permitir “prevenir, mitigar y hacer seguimiento a posibles escenarios de conflictividad social”. La lectura de la propuesta no deja de suscitar interrogantes: ¿Cómo pudo el ministerio contratar —para realizar estas funciones— a alguien que utiliza los peores estereotipos —los indios “brutos” con sus “flechas”— y que indica “odiar a los hijueputas”? Dos hipótesis son posibles.
La primera consiste en pensar que, efectivamente, el funcionario engaño al ministerio. Tres años después de haber iniciado sus labores, los audios revelaron una persona radicalmente desconocida. Detrás del abierto y tolerante doctor Jeckyll que había sido contratado, se encontraba un señor Hyde, lleno de odio y discriminación. Nadie lo hubiera podido prever.
La segunda es que las personas del ministerio no eran tan ingenuas en relación con el funcionario, pero que confiaban en su aptitud para mantener separados varios registros: un discurso público de la inclusión (del cual su propuesta de prestaciones de servicios constituye una buena ilustración) y un discurso privado de la discriminación (claramente evidenciado en el audio y que no debía llegar a los oídos de las comunidades).
Los representantes del CRIC privilegiaron claramente esta segunda hipótesis. Rechazaron explícitamente, en un comunicado, la tendencia de culpar a un individuo singular para poder minimizar la responsabilidad institucional:
Ante esta sistematicidad contra los pueblos indígenas, no pueden seguir diciendo en cada caso que se trata de la posición de personas y no de la institucionalidad. (…) Estas actitudes de funcionarios del gobierno colombiano no son aisladas y representan una visión y una actitud predominante en las instituciones del Estado y sus dirigencias políticas, en contra de los sectores populares y las distintas expresiones de la diversidad social y cultural del país [10].
Para ellos, las palabras del funcionario constituían sin duda un acontecimiento excepcional y particularmente doloroso. Pero, más allá de su violencia explícita, el contenido mismo de la intervención no representaba algo tan aislado e inesperado. De cierto modo, sentían que las palabras pronunciadas reflejaban —sin filtros, ni eufemismos— las ideas de sectores importantes de la burocracia estatal. Esta interpretación sería compartida, seguramente, por muchos representantes indígenas y afrocolombianos, para quienes el racismo y la discriminación de algunos funcionarios públicos constituyen un “secreto público”. Si la cuasi-totalidad de los integrantes de las instituciones han interiorizado el hecho de que no pueden expresar públicamente sentimientos de odio o de estigmatización, muchos los siguen manifestando en espacios privados.
Ahora bien, en el contexto estatal actual, la idea de “espacios privados” parece no hacer referencia únicamente a espacios “no-laborales”, sino también a escenarios institucionales de los cuales son ausentes miembros de los pueblos y de las comunidades. Desafortunadamente, dado el muy limitado número de funcionarios que pertenecen a grupos racializados o étnicos, son muchos los escenarios en los cuales algunos representantes del Estado pueden sentirse autorizados a formular, “entre colegas”, comentarios despectivos, sin censura alguna. Quienes han tenido la oportunidad de participar en semejantes espacios institucionales difícilmente podrán negar la naturalidad con la cual algunos funcionarios expresan ideas similares a las que aparecen en el audio incriminado.
¿Unos funcionarios transgresores?
Quisiera profundizar ahora el argumento según el cual no debemos focalizarnos en la dimensión “individual” de la historia. Es obviamente necesario condenar enérgicamente las palabras pronunciadas y dejar claro que no son aceptables. Sin embargo, considero importante ir más allá del caso aislado, para resaltar su dimensión social (colectiva, sistémica). Para esto, me parece importante insistir en el hecho de que el funcionario incriminado no constituye necesariamente un individuo “desviado” (en el sentido de una persona marginal que incumple las normas de su grupo), sino, más bien, alguien que encarna cierta “normalidad” en el entorno al cual pertenece.
La sociología nos ha invitado a dejar de considerar la “desviación” como una característica intrínseca de ciertos actos, para entenderla como el producto de un trabajo de “etiquetamiento”. Como lo ha mostrado Howard Becker, la desviación no es solamente algo que una persona hace: es la consecuencia de la aplicación —por parte de otros— de reglas y sanciones[11]. Así, las palabras y los actos solamente se vuelven “racistas”, si algunas personas realizan un trabajo para denunciarlos como tales. En este caso, podríamos decir que el funcionario solamente se volvió un “transgresor” (un outsider) cuando el audio fue revelado. Dado la naturalidad con la cual hablaba, podemos intuir que no era la “primera vez” que pronunciaba semejantes palabras. Pero podemos intuir también que, por primera vez, sus palabras fueron etiquetadas como “desviadas”.
En este sentido, es el cambio “involuntario” de contexto situacional (dejo su micrófono prendido en el momento de iniciar una conversación privada) que dio a las palabras su carácter inaceptable. El funcionario —que no sabía que sus interlocutores indígenas lo podían escuchar— imaginaba realizar sus comentarios en un entorno privado, entorno en el cual no serían objeto de sanciones algunas. Aunque la grabación no permite reconstruir las interacciones de manera integral y precisa, todo parece indicar que sus interlocutores aceptaban su intervención con toda tranquilidad. En los extractos reunidos en el audio, Alejandro Plata Peña interactúa con dos personas diferentes.
Por un lado, él habla con una mujer que parece pertenecer a su entorno privado (más no al ministerio). Sus pocas intervenciones dejan entender que ella comparte tanto el lenguaje como las ideas del contratista (se le escucha pronunciar la frase: “Ojalá, se mueran”). Por otro lado, Alejandro Plata interpela en algunas de sus frases a un “Juan” —probablemente Juan Carlos Pulido, el coordinador del proyecto— que había participado en la reunión. Esto significa que, si la conversación se desarrollaba en un entorno privado, seguía siendo, por lo menos en parte, una conversación de trabajo: los funcionarios realizaban, al parecer, un balance del encuentro que habían tenido [12].
Me atrevería a decir, en este sentido, que los comentarios reunidos en el audio no se inscriben en una ruptura con el sentido común dominante en el círculo de poder al cual pertenecen, sino más bien en su continuidad. De ciertas formas, los contratistas tienen razón cuando explican, para su defensa, que sus palabras han sido “descontextualizadas”: pensadas y pronunciadas para un contexto donde hubieran sido recibidas con normalidad, fueron escuchadas en un entorno en el cual provocaban dolor y escalofrío [13]. Con su difusión pública, inicio un proceso de denuncia (de “etiquetamiento”, dirían los sociólogos de la desviación), con consecuencias importantes: no son solamente las palabras que se fueron denunciadas como racistas y discriminatorias, sino las personas mismas, conduciendo a la exigencia de su renuncia inmediata.
Para analizar esta “normalidad”, quisiera seguir con una reflexión sobre el perfil socio-profesional del principal funcionario incriminado. Lejos de ser atípica, la trayectoria académica de Alejandro Plata le permite encajar perfectamente en el ejército de contratistas que reclutan los diferentes ministerios. De hecho, tanto su título profesional en comunicación social obtenido de una de las principales universidades de Bogotá como sus dos maestrías otorgadas por una universidad francesa muestran su pertenencia a un grupo selecto de los funcionarios con alta preparación académica. Su salario (casi $10,000,000 mensuales) era un reflejo de estas altas cualificaciones [14].
Me parece importante insistir en este punto porque, muy a menudo, se tiende a asumir que la causa del racismo y de la discriminación es la falta de “educación” [15]. Escuchándolo, nos podríamos preguntar si el racismo no sería más bien el resultado de la educación universitaria: no en el sentido de que la academia fomentaría una discriminación explícita, pero si en el sentido de que hace muy poco para que los estudiantes aprendan a conocer la diversidad cultural de su país y a reconocerla como positiva.
Los bajos estándares de las universidades para el reconocimiento de la diversidad
Considero, de esta forma, que este caso constituye una buena oportunidad para reflexionar sobre el papel de las universidades colombianas en la construcción de ciudadanos que tengan la capacidad de identificar y contrarrestar el funcionamiento del racismo (desde sus manifestaciones las más violentas y explicitas hacia las más cotidianas e invisibles). Ahora bien, si las universidades colombianas han demostrado su excelencia en muchos niveles, no creo equivocarme al decir que sus expectativas en cuanto al conocimiento y reconocimiento de la diversidad han sido extremadamente bajas.
¿Qué aprenden los estudiantes de derecho, economía, ciencia política, medicina, comunicación, etc. sobre la diversidad étnica y cultural de su país? Casi nada en las materias obligatorias y muy poco en otros espacios. ¿Qué conocen de los territorios en los cuales viven estas comunidades? Menos aún. Duele reconocerlo, pero no podemos seguir tapando el sol con un dedo: existe, en las grandes universidades colombianas, algo como una mediocridad organizada y asumida en términos del reconocimiento y respeto de la diversidad étnica. Las pruebas de estos “bajos estándares” no son difíciles de encontrar [16].
Por un lado, se relacionan con la ausencia generalizada de contenidos académicos interculturales. En la mayoría de las universidades colombianas, tanto estudiantes como profesores pueden reconocer —sin vergüenza alguna— que ignoran por completo tanto la historia como las situaciones contemporáneas de los pueblos indígenas de Colombia y el mundo. Pueden confesar, del mismo modo, su ignorancia de las realidades presentes y pasadas de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales (NAPR)[17]. Pueden incluso afirmar con tranquilidad que estas realidades no son relevantes para ellos. Ni su ignorancia, ni su desinterés llevarán a sanciones morales o académicas[18]. De hecho, las expectativas que tenemos, como universidades, son tan bajas que nuestros egresados —independiente de su campo de estudio (economía, ciencia política, administración, salud, etcétera)— pueden considerarse como “buenos ciudadanos” incluso cuando ignoran todo de las realidades que suceden por fuera de su propio grupo social y racial.
Por otro lado, los bajos estándares se evidencian en la subrepresentación de las poblaciones indígenas y NAPR en la educación superior. Si algunos esfuerzos han permitido el ingreso de estudiantes que reflejan la diversidad étnica y cultural del país, los indicadores en materia de acceso, permanencia y titulación en la educación superior siguen deficientes. Es innegable también que la presencia de profesores que pertenecen a grupos minoritarios es casi-nula. En un contexto en el cual existen muy pocos mecanismos para incentivar las instituciones universitarias a construir políticas inclusivas (tanto para sus estudiantes como para sus profesores), es difícil anticipar cambios sustanciales en un futuro cercano.
Construir universidades más diversas
No creo, sin embargo, que las universidades sean condenadas a fracasar en su intento para formar profesionales con un mayor conocimiento y reconocimiento de la diversidad étnica colombiana. ¿Cómo hacer para no seguir preparando abogados, economistas, administradores, comunicadores, etc. que ignoran todo de la diversidad étnico-racial de su país?
Para esto, las instituciones de educación superior deben empezar por reconocer que la “alfabetización racial [19]” hace parte integral de su misión. Esto pasa, en particular, por la inclusión de contenidos académicos transversales que permiten el reconocimiento tanto de la historia como de los procesos contemporáneos de los pueblos indígenas y NAPR.
Empecemos con la historia. La hora ha llegado de promover unas narrativas en las cuales el papel de los pueblos no se limita a una nota de pie de pagina. La única historia que la mayoría de los colombianos ha podido escuchar es —en gran parte— una historia de las ausencias indígenas y afros [20]. Ahora bien, la idea según la cual Colombia se ha construido sin estos pueblos constituye uno de los mitos contra los cuales tenemos que luchar. Otro mito se relaciona con el carácter incluyente de los procesos republicanos. Nuestros estudiantes deben ser capaces de analizar críticamente las exclusiones raciales que han prevalecido en Colombia, incluso después de la independencia. Deben ser capaces de reconocer la forma en que ciertas poblaciones han sido continuamente deshumanizadas y despojadas en nombre de un proyecto autodenominado como “civilizatorio” [21].
La hora ha llegado también de incluir en nuestros currículos las realidades actuales de los pueblos. Esta dimensión es esencial porque muchos sectores de la sociedad colombiana siguen marcados por imaginarios que encierran a los pueblos indígenas en el pasado de Colombia (como si fueran un asunto terminado, cerrado, irrelevante). Contra esta visión evolucionista —los pueblos “prehispánicos” condenados a un lento desvanecimiento— es esencial insistir en que los pueblos no han desparecido y que no desaparecerán. Constituyen una pieza clave para Colombia: no solamente para la que existe hoy, sino también para la que se construirá mañana.
En un contexto en el cual la tercera parte del país se encuentra titulada como territorio indígena, los asuntos de soberanía y de control sobre el suelo y subsuelo serán cada vez más relevantes (independientemente de las opiniones que tenemos sobre ellos). Lo serán también una serie de problemas —relacionados en particular con el cuidado del medio ambiente y de las personas— para los cuales los pueblos tienen, sin duda alguna, contribuciones esenciales por hacer. En medio de las preocupantes alertas sobre el futuro del planeta, nos pueden ayudar a pensar diferentemente sobre los retos que tendremos que enfrentar colectivamente (como, por ejemplo, el cuidado de las aguas, de los suelos o de los bosques, etcétera) [22].
Para estar a la altura de estos distintos desafíos, las universidades deben incluir a las poblaciones indígenas y NAPR, no solamente a través de los contenidos enseñados, sino en las aulas mismas: no solamente del lado de los estudiantes, sino también de los profesores. Si la academia no quiere seguir funcionando como una conversación que excluye a las minorías raciales y étnicas, los asuntos de contratación son esenciales [23]. Nuestras instituciones deben comprometerse a la vez a formar investigadores indígenas y NAPR en todas las disciplinas académica —ciencias de la salud, derecho, ciencias políticas, biología, etcétera— para, luego, incorporarlos en sus equipos.
Estamos todavía lejos de este sueño de una educación superior realmente inclusiva. De hecho, sabemos que muchas de las transformaciones necesitarán procesos de muy largo aliento. No se podrán tener, por ejemplo, equipos interculturales de investigación y docencia en una cuestión de meses. Esta naturaleza “estructural” de los cambios que se deben realizar ha constituido un desincentivo para muchas instituciones. Para los directivos de las universidades, no es fácil tomar decisiones cuyos efectos solamente se podrán medir en varios años. Pero esta situación no debe seguir justificando la inacción. Todo lo contrario: es esencial iniciar reformas ambiciosas lo más pronto posible precisamente porque sabemos que los cambios serán muy lentos. Además, es importante resaltar que se pueden introducir —a corto plazo— muchos cambios significativos para el funcionamiento práctico de nuestras instituciones. Si la academia se vuelve creativa, encontrará miles de maneras para estrechar sus relaciones con las “comunidades vivas”, tanto en las aulas como en los territorios.
Conclusiones: ¿Una respuesta comprensiva?
Tanto las instituciones gubernamentales, como la prensa han denunciado el carácter inadmisible de los comentarios discriminatorios del funcionario del Mintic, obligándole a responder por ellos. Estas denuncias fueron importantes y las condenas públicas del racismo y de la discriminación son indiscutiblemente necesarias en nuestra sociedad.
Sin embargo, he querido argumentar, en este texto, que estas condenas individuales no constituían las únicas respuestas posibles, ni, necesariamente, las más pertinentes. Como investigador social, quisiera defender la relevancia de una interpretación “comprensiva” de los hechos. Esto puede parecer sorprendente. Muchos me dirán que los funcionarios incriminados no necesitan “empatía”, sino sanciones claras: sería un despropósito intentar de “excusar” o “justificar” sus acciones. Para evitar los malentendidos, me parece importante aclarar el sentido de la postura “comprensiva”. La comprensión profunda y empática no implica “justificar” o “excusar” a las personas, sino, mas sencillamente, entenderlas en el marco del contexto que las ha producido. En relación con este caso particular, la postura comprensiva implica resaltar que las palabras utilizadas por el funcionario no son únicamente el reflejo de un desajuste personal sino el producto de un entorno particular. Más que una patología individual, los audios revelan los bajos estándares de la sociedad colombiana en general.
Este esfuerzo de “comprensión” —más allá del juicio público— tiene consecuencias en cuanto a las posibles respuestas: si el problema no únicamente personal, nuestras respuestas tampoco deberían serlas. La discriminación no desaparecerá con un par de regaños y el hecho de despedir a dos funcionarios no modificará fundamentalmente el problema. Este no se relaciona únicamente con las “equivocaciones” de una persona “aislada”, sino con el funcionamiento cotidiano de una estructura subyacente, en la cual la discriminación ha sido naturalizada e invizibilizada [24]. Como he intentado mostrarlo a lo largo de este texto, estos comentarios sucedieron porque todo nuestro sistema de enseñanza los hizo no solo posibles sino también relativamente comunes.
Para transformar a los comportamientos de manera duradera, tenemos que ir más allá de una condena individual. En este respecto, las universidades tienen cierta responsabilidad como instituciones formadoras de los líderes del país. Deben empezar a mostrarse más exigentes con los estudiantes que no pertenecen a grupos minoritarios en términos de reconocimiento de la diversidad. De lo contrario, las bajas expectativas se seguirán transmitiendo en las instituciones —tanto públicas como privadas— donde trabajan nuestros egresados. Y comentarios discriminatorios similares a los pronunciados por el funcionario del Mintic se seguirán reproduciendo.
[1] Decreto 1811 del 7 de noviembre de 2017.
[2] Citado en: "Siempre van a ser unos miserables": miembros del gobierno insultan a indígenas
[3] Comunicado Mintic del 21 mayo, 2020.
[4] Comunicado Mininterior del 21 mayo, 2020.
[5] Tuit del 21 mayo del 2020, citado en un articulo de El Tiempo.
[6] El comunicado no se encuentra integralmente en internet, pero extractos de este fueron reproducidos por El Espectador y la Silla Vacía. El funcionario enfatizaba, como únicas circunstancias atenuantes, el carácter “descontextualizado” de la presentación del audio. Las palabras no reflejaban su verdadero “pensar y sentir”, sino un momento de frustración y enojo. El segundo contratista, Juan Pulido, publicó también un comunicado siguiendo la misma línea de defensa.
[7] Si el Estado logro desvincular la persona incriminada con tanta facilidad, de un día para el otro, es en parte porque, como contratista, su vínculo con el Estado era extremadamente precario. Este modo de contratación tiene consecuencias sobre la precariedad laboral de los agentes del Estado, pero también sobre su manera de realizar las tareas que tienen asignadas y, por ende, sobre las relaciones entre el Estado y los grupos étnico-raciales. Estos asuntos —por importantes que sean— van más allá del alcance del presente artículo.
[8] Las respuestas de las instituciones policiales cuando uno de sus agentes mata a una persona inocente (como sucede, a menudo, en Estados Unidos, con personas afroamericanas) siguen, por lo general, esta línea: “El accidente no tiene que ver con la inmensa mayoría de los policías. Son solo unas cuantas manzanas podridas”. El asesinato de George Floyd —contemporáneo del caso discutido aquí— constituye una ilustración clara de esta lógica.
[9] Los documentos pueden encontrarse en la siguiente base de datos.
[10] Comunicado del 21 mayo, 2020. Disponible en: https://www.cric-colombia.org/portal/expresiones-racistas-y-ofensivas-en-contra-de-los-pueblos-y-los-comunicadores/
[11] Howard Becker, 2009. Outsider: hacia una sociología de la desviación. Buenos Aires; México: Siglo XXI.
[12] Esta falta de separación clara entre el entorno laboral y el entorno privado de la casa constituye una característica esencial del teletrabajo, la cual ha sido muy común durante la cuarentena.
[13] De manera interesante, cuando el coordinador del proyecto, Juan Carlos Pulido, fue invitado a comentar públicamente sobre lo sucedido (en un programa de radio de la W), el se quejaba de que el audio reunía palabras pronunciadas “en la intimidad de su hogar” y otras que venían de reuniones con el gobierno. Indignado por lo que percibía como una manipulación, el insistía en que —sin negar el carácter inaceptable de los comentarios privados —el lenguaje utilizado en las reuniones mismas había sido “impecable, técnico, objetivo”. La entrevista se puede escuchar en este enlace.
[14] Juan Carlos Pulido, el otro contratista involucrado, tiene —siendo politólogo de la Universidad de los Andes— un perfil muy similar.
[15] De hecho, parte de la “élite educada” tiende a llamar “ignorantes” a las personas que no han tenido acceso a la educación superior, como si los “títulos universitarios” fueran la garantía de una mayor inteligencia. Como bien lo ha mostrado Pierre Bourdieu, esta tendencia constituye en si misma una forma de racismo (cf. Bourdieu y el “racismo de la inteligencia”, intervención en el Coloquio del MRAP en mayo de 1978, publicada en Cahiers Droit et liberté (Races, sociétés et aptitudes: apports et limites de la science), núm. 382, pp. 67-71). Disponible acá.
[16] La noción de “bajos estándares” ha sido utilizada por la historiadora Koritha Mitchell en relación con las poblaciones blancas de Estados-Unidos. Con esta inversión simbólica provocadora, la autora cuestiona radicalmente la tendencia a asociar implícitamente la “excelencia” con los grupos raciales dominantes. Para ella, el hecho de exponer la “mediocridad” de estos actores permite contribuir al empoderamiento y autocuidado de las comunidades racializadas y dominadas. Cf. Koritha Mitchell, 2018. “Identifying White Mediocrity and Know-Your-Place Aggression: A Form of Self-Care”, African American Review, Volume 51, Number 4, Winter pp. 253-262.
[17] La historia de la esclavitud constituye un ejemplo particularmente diciente. A pesar del papel fundamental de esta institución en la construcción de Colombia como nación, y a pesar de su relevancia para entender las realidades contemporáneas, constituye un asunto prácticamente ausente de la discusión pública.
[18] En este texto, me quiero concentrar en el caso de las principales universidades colombianas, pero se podría mostrar que los bajos estándares en cuanto al reconocimiento y respeto de los grupos minoritarios atraviesan todo el sistema educativo y cultural colombiano, desde la escuela primaria.
[19] El termino de “racial literacy” ha sido desarrollado por la socióloga France Winddance Twine. Cf. France Winddance Twine, 2004. “A white side of black Britain: The concept of racial literacy”, Ethnic and Racial Studies, 27:6, p. 878-907.
[20] No hago referencia, aquí, a las investigaciones históricas especializadas (a las cuales tienen acceso los estudiantes de la carrera de historia), sino a las “grandes narrativas sobre Colombia” enseñada —por fuera de la disciplina— a los estudiantes de distintas carreras. Mientras que las primeras han sido criticas desde hace años, las segundas siguen funcionando como “historias celebraciones”.
[21] Las instituciones de educación superior más antiguas de Colombia podrían incluso iniciar investigaciones para analizar sus propias conexiones históricas con este pasado de discriminación y exclusión racial, estudiando, por ejemplo, el papel que ha tenido las instituciones de la esclavitud o la de la “limpieza de sangre” en su desarrollo. Seguirían, en este sentido, el ejemplo de algunas de las más prestigiosas universidades del mundo (Harvard, Columbia, Princeton, etc.).
[22] Debemos tener cuidado, sin embargo, con los imaginarios —bien intencionados pero peligrosos— que asocian sistemáticamente a los pueblos con la naturaleza y la inmovilidad. Lejos del estereotipo de los “nativos ecológicos”, para retomar la expresión de Astrid Ulloa, la realidad es que gran parte de las comunidades étnicas viven hoy en contextos urbanos.
[23] El feminismo nos ha enseñado que las instituciones de educación superior pueden cambiar. Hasta un tiempo relativamente reciente, las universidades eran mundos casi-exclusivamente masculinos. Hoy, la dominación masculina no ha desaparecido, pero cambios sustanciales han tenido lugar.
[24] Es importante señalar que, en su pronunciamiento sobre los hechos, la Defensoría del Pueblo —como institución— ha querido ir más allá de la dimensión personal: “Tenemos que avanzar como Nación contra la discriminación y condenar esos actos como sociedad”. Recordemos que, a partir de la constitución de 1991, el Estado colombiano ha decidido reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural (artículo 7°), aceptando su propia obligación (y la de todos los colombianos) de proteger las riquezas tanto naturales como culturales de la nación (artículo 8°).
