Hace falta ser testigo del país que el Estado ha olvidado, sobre el que ha cerrado sus ojos, pensando que no ver su orfandad hace que esta no exista, para entender el germen de esta guerra que el gobierno y sus votantes insisten en perpetuar. Para entender lo errado de su perspectiva, es necesario comprender que la gente en Colombia se ha armado y lo seguirá haciendo mientras no tengan las mínimas garantías para subsistir de forma digna. Lo han hecho, porque han considerado que es el último recurso para demandar lo que como ciudadanos les es legítimo solicitar. De igual manera, es imperativo entender que esto no es un asunto de ideologías, es un asunto de supervivencia. En la Colombia rural no hay otra ley que no sea la del más fuerte, así este se apellide guerrilla, paramilitarismo o narcotráfico, todas son caras perversas que la desidia del Estado ha engendrado en virtud de su ausencia.
Así mismo, no podemos seguir convencidos que Colombia, son las capitales de sus departamentos o sus campañas turísticas, porque lo cierto es que ese país que no vemos, se está consumiendo en el miedo, en la desesperanza, ese país tiene hambre, sufre y continúa olvidado, pero no solo eso, ahora, de nuevo, es perseguido, acusado y exterminado por el solo hecho de reclamar que no lo sigan relegando a otro siglo de miseria. Las muertes y desplazamientos, que no tienen fin, de aquellas y aquellos que, a pesar del terror no claudican en reclamar por sus tierras arrebatadas de forma ilegal por los diversos actores del conflicto, son responsabilidad del Estado, que es cómplice por omisión de este desangre, el cual, cada día es más claro, no intenta detener.
Todo lo opuesto, porque el reportaje del New York Times, que abrió su serie crítica dedicada al país, parece sugerir que la presión de los altos mandos militares sobre sus generales por presentar resultados de combate tiene como objeto, no solo presionar a los diversos grupos que han optado por aprovechar el actual desgobierno y la ausencia de un grupo predominante sobre los territorios para apropiarlos, sino también, tiene como finalidad atacar, desde el Estado, a aquellos que perciba como sus contradictores, a quienes esta directriz podría equiparar con delincuentes muertos en combate. Esta hipótesis podría ser tildada de exagerada, pero los hechos históricos y comprobados, hacen que por lo menos deba ser considerada, ignorarla sería un acto de inocencia imperdonable.
Por otra parte, como he indicado en otras columnas desde hace tiempo, el compromiso de la actual administración ha sido el de hacer trizas el acuerdo con las Farc, lo han intentado de todas las formas imaginadas y al ver que no ha sido posible legalmente, entonces han optado por otras estrategias que consisten en minar la credibilidad de la paz a nivel internacional, apoyo que en buena medida ha servido para protegerla. En otras palabras, el gobierno Duque parece querer fabricar una sensación de inseguridad y violencia que haga que el respaldo a la paz por parte de los diversos amigos internacionales del proceso cese, justificando de esa manera el incumplimiento por parte del Estado de lo firmado en el Teatro Colón por el gobierno anterior. Si ese es el caso, eso explicaría, primero, la falta de compromiso del gobierno con la implementación del acuerdo de paz, segundo, el desgaste sistemático del proceso con el ELN y luego su finalización en respuesta a un atentado que aún debe ser explicado en todo su entramado a la opinión pública. Así mismo, explica el confuso proceso de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido por los medios como Jesús Santrich, quien fue acusado por la Fiscalía de planear un negocio de narcotráfico después de la firma de los acuerdos, acusación cuyas pruebas “contundentes” se fueron extraviando por artilugios postales que desafían la lógica y la buena gestión de los acusadores. Lo cierto, es que el caso Santrich, ha estado, desde un primer momento, salpicado de suspicacias y malos manejos por parte del ente acusador el cual ha fallado en probar más allá de cualquier duda razonable si el video, publicado con desparpajo por todos los medios de comunicación, fue realizado después de la firma del acuerdo con el gobierno Santos. Sin esta prueba, no es posible expulsar al señor Hernández Solarte de la JEP, como tampoco es posible su extradición. De tal forma que la JEP, luego de arduas discusiones, optó por otorgarle al señor Hernández Solarte la libertad y anular su extradición, lo que ha derivado en todo un espectáculo político, en el que el partido de gobierno quiso aprovechar el río revuelto para proponer uno de sus adefesios, convocar una constituyente que se pase por la faja el documento del 91 y los acuerdos de paz, los cuales podrían modificar de raíz y de paso arreglar otras cositas que seguro los incomodan. Mediático, porque los medios, fieles a sus dueños, no han hecho más que presentar una versión de los acontecimientos limitada a la de la Casa de Nariño y jurídico, donde un fiscal cuestionable renuncia aduciendo que la decisión “desafió el orden jurídico”, cuando fue la negligencia o la mala fe de su oficina, la responsable de que el proceso esté plagado de inquietantes dudas, que lo acercan a convertirse en un falso positivo judicial. Ahora, lo que sí fue una farsa en toda ley fue la renuncia del escurridizo ex fiscal general, que debió haberse dado meses atrás cuando resulto evidente que no poseía las condiciones éticas para desempeñarse en un cargo tan relevante para la adecuada administración de la justicia, esto debido, por si se ha olvidado, a sus grisáceas actuaciones en el escándalo de Odebrecht, por las cuales sigue sin dar explicación de forma satisfactoria.
Duque busca crear un ambiente donde impere la desconfianza en la paz
al permitir que continúen creciendo
los grupos ilegales dedicados al narcotráfico
En conclusión, parece ser que el gobierno Duque maneja diversas estrategias para sabotear el tránsito hacia una Colombia en paz. Primero, porque todo indica que busca crear un ambiente donde impere la desconfianza en la paz al permitir que continúen creciendo los grupos ilegales dedicados al narcotráfico, que se disputan los territorios dejados por las Farc con otros grupos como las guerrillas del ELN y EPL. Segundo, porque, bajo la excusa de estar combatiendo a esos grupos, ha presionado al ejército para que muestre resultados de combate, sin que haya demasiado cuidado en proteger a la ciudadanía, como lo indica el reportaje del Times, lo que abre la puerta a una nueva cosecha de falsos positivos, en la cual podrían entrar no solo ciudadanos casuales, como en la anterior, sino líderes sociales y de derechos humanos (sindicalistas, indígenas, estudiantes y un largo etcétera). Tercero, al presentar este escenario de confrontación puede crear una narrativa que busca minar el apoyo internacional a la implementación del acuerdo de paz, apoyo que ha impedido que lo destruya del todo. Cuarto, usa el caso del señor Hernández Solarte, que tiene más dudas que certezas, para reforzar el discurso que busca desacreditar la validez de los diálogos y de esta manera romper con lo acordado, lo que puede hacer si decide declarar el estado de conmoción interior. De hacer esto, tendría vía libre para convocar una constituyente que desarticularía a la JEP, destruiría lo acordado con las Farc y de paso al país más excluido y vulnerable. Si este es el caso, estamos ante un escenario que exige todo nuestro compromiso, toda nuestra voluntad para evitar que el país que se extiende más allá de los límites de las principales ciudades siga condenado a cien años más de soledad, miseria y desesperanza, gérmenes de todas nuestras guerras y desventuras.
