El presidente Santos, tras la intervención de la universidad San Martín, anunció severidad contra los centros de educación superior conocidos como universidades de “garaje”; una medida justa y necesaria, pero si la analizamos en perspectiva tiene dos problemas de fondo, irremediables.
El primero es la ambigüedad del artículo 69 de la constitución política, habla de la autonomía universitaria y la posibilidad de regirse por sus propios estatutos; eso sí, conforme a la ley (¿?). Asumimos que debe ser de calidad aunque no tengamos idea de lo que eso significa; como si fuera poco –pensando en calidad y su relación con la inversión- el gobierno nacional se sirve de triquiñuelas para restarle presupuesto a Colciencias como lo denunció meses atrás Paula Marcela Arias.
El segundo -mucho más grave- es la desigualdad imperante en Colombia. La educación superior –pública- es escasa en relación con la demanda. Entrar a universidades estatales es un privilegio de pocos; en detrimento, las universidades privadas -bien ponderadas- son costosísimas, ese nivel de desigualdad crea una brecha –creciente- que suplen universidades para los estratos medios, entre ellas las de garaje.
No se debe justificar las malas universidades; el asunto es mucho más complicado. Para nadie es un secreto que la educación en Colombia suscita muchas dudas, basta observar los resultados de las pruebas internacionales y establecer un diagnóstico. Si la meta es mejorar los procesos educativos –algo improbable con base a las medidas adoptadas- se debe ejercer una eficiente vigilancia y control. Observar con lupa las universidades no es suficiente, la inversión –en todos los flancos- es el estandarte del progreso, de eso el presidente poco habla a pesar de que es necesidad de primer orden.
Ministra, si no se invierte el suceso de la universidad San Martín no va ser el único.
Menos mermelada, más educación.
@zamivar
