Un debate que ya no podemos evadir es si Colombia podría, o si los colombianos querrían, adoptar un modelo comunista. Para tener claridad a ese respecto, es muy ilustrativo recorrer los puntos básicos del Manifiesto Comunista y de esa manera concluir lo perjudicial que sería tomar ese camino.
El modelo económico
El Manifiesto Comunista aboga por la expropiación de la propiedad de la tierra y los factores productivos para su uso en los gastos del Estado. Propone la confiscación de bienes, especialmente de emigrantes y sediciosos; la centralización de los servicios públicos y del transporte bajo control estatal; y la multiplicación de fábricas y medios de producción en manos del Estado, siguiendo un plan colectivo centralizado. Incluso, sugiere que el crédito solo esté disponible a través de un monopolio estatal.
En contraste, Colombia se consagró constitucionalmente como una economía social de mercado, lo que implica que creemos en la propiedad privada, la libre empresa y la libre competencia como pilares fundamentales del desarrollo y progreso del país. Este modelo quedó claramente definido en la Constitución de 1991, tras un amplio debate que incluyó la participación de sectores como el M-19, quienes recientemente habían firmado la paz. Más tarde, durante los Acuerdos de La Habana, este principio no se modificó ni un ápice. Como ha señalado la Corte Constitucional, los acuerdos deben implementarse dentro del marco institucional y constitucional existente, confirmando que seguimos siendo una economía social de mercado.
¿En esta o en la próxima generación?
Los redactores y seguidores del Manifiesto Comunista promueven fuertes impuestos y la supresión del derecho a la herencia. En contraste, creemos que una de las mayores virtudes de la propiedad privada es que genera los estímulos necesarios para que cada persona dé lo mejor de sí misma. Además, como padres, sabemos que la ilusión de asegurar el futuro de los hijos es mucho más poderosa que la mera acumulación de bienes. Por otro lado, la experiencia global demuestra que el sector privado es más eficiente al determinar qué producir, cómo hacerlo y en qué cantidad, mientras que los impuestos excesivos son un error evidente.
El Estado y solo el Estado
En el modelo comunista, la centralización del poder no se limita al monopolio económico, sino que se extiende a imponer el trabajo obligatorio y crear redes de apoyo bajo control estatal. Para los colombianos, la libertad de oficio es una de las mayores reivindicaciones del ser humano, consagrada en nuestra Constitución. Creemos que la fuerza pública, aunque proviene del pueblo, debe estar al servicio de todos bajo un sistema de separación de poderes. Esto garantiza que no actúe bajo criterios políticos ni existan organizaciones armadas paralelas.
Cadenas de valor
Los comunistas originales plantearon la integración entre las explotaciones agrícolas y la producción industrial, buscando reducir las brechas entre el campo y la ciudad. En Colombia, este objetivo ha estado presente en la Reforma Rural Integral, derivada de los Acuerdos de Paz, así como en iniciativas previas como el Desarrollo Rural Integrado del presidente Barco o la Reforma Agraria del presidente Lleras. Sin embargo, estas reformas no excluyen al sector privado, sino que lo involucran como parte esencial, aprovechando su creatividad, ingenio y productividad para llevar desarrollo a todos los rincones del país.
Educar para la libertad o para la lealtad
Aunque los comunistas, hace dos siglos, pusieron en agenda la necesidad de educación pública y gratuita, su visión proponía un sistema único, rígido e inmutable. En contraste, creemos en la libertad de cátedra, en la existencia de centros educativos privados y alternativos, y en la competencia para garantizar calidad educativa.
En definitiva, adoptar el comunismo no solo sería un retroceso en términos de desarrollo y libertad, sino también un rompimiento histórico con los valores que han sustentado el progreso y las aspiraciones de los colombianos.
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