“Es inédito que un grupo armado paralice una región y rete al gobierno nacional por la defensa de la minería ilegal. Indica el poder del Clan del Golfo, un grupo que vive del narcotráfico y la minería ilegal de oro. Ambos son negocios muy rentables”, explica el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez sobre la crisis de la región del Bajo Cauca, a raíz de la decisión del gobierno nacional de destruir las dragas y retroexcavadoras usadas en la minería ilegal.
La orden de Iván Velásquez, ministro de Defensa del gobierno Petro, del 17 de febrero de 2023 de dinamitar las dragas y retroexcavadoras de la minería ilegal en la cuenca baja del río Cauca en el departamento de Antioquia llevó a que los mineros declararan un paro indefinido en 16 municipios desde el 2 de marzo. Realizaron bloqueos que impidieron el paso de víveres, personal médico, entre otros, que duraron al menos once días, hasta el 13 de marzo, cuando el gobierno nacional declaró normalidad en la zona gracias a la presencia del Ejército y a la realización de toques de queda que facilitaron el control del área. En paralelo, los representantes de los mineros y el gobierno nacional iniciaron negociaciones, las cuales aún continúan. Algunos bloqueos y movilizaciones menores todavía persisten, al menos hasta el 29 de marzo.
Los mineros argumentan que el gobierno nacional incumplió un acuerdo de siete puntos firmado en septiembre de 2022, que incluía la suspensión de operativos “contra minidragas y pequeños motores”, así como la no judicialización de los voceros de la protesta, junto con una apuesta por el diálogo en aras de una reforma concertada al Código Minero.
El paro, además, llevó a que el gobierno nacional suspendiera el cese al fuego, en medio de las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, un grupo ilegal armado dedicado al narcotráfico y la minería ilegal. El gobierno dice que este grupo fue el que orquestó las protestas. Durante el paro, el municipio de Tarazá perdió un peaje por incendio y su acueducto sufrió daños en la infraestructura. “Han dejado sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos. El Clan del Golfo contra el pueblo humilde”, tuiteó Petro.
Las negociaciones entre mineros y el gobierno continúan. El gobierno está de acuerdo en la creación de un Distrito Minero en el Bajo Cauca para formalizar la actividad extractiva, pero el punto en el que no cede es en exigirles a los mineros la destrucción de las dragas y las retroexcavadoras. Mientras se llevan a cabo las conversaciones, las fuerzas armadas destruyeron al menos quince máquinas mineras, entre retroexcavadoras y dragas.
El gobierno Petro está decidido en seguir destruyendo esta maquinaria en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y otros territorios donde hay bastante minería ilegal. Para analizar la situación del Bajo Cauca, así como las decisiones referentes a la minería ilegal, Mongabay Latam habló con varios expertos conocedores de la problemática.
La apuesta por la destrucción de maquinaria y la formalización minera
Desde que Gustavo Petro asumió el poder en agosto de 2022, el gobierno ha inhabilitado al menos 951 minas ilegales, según cifras del Ministerio de Defensa. Al menos 174 municipios colombianos están siendo afectados por la problemática y, en total, han destruido 846 retroexcavadoras, dragas, motobombas, motores, entre otros.
El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez valora la decisión del gobierno de destruir esta maquinaria ilegal, pero dice que el problema no puede ser solucionado solo por un país, pues es un tema global. “El gobierno nacional tiene buenas intenciones. Petro ha anunciado que no va a bajar la guardia en la destrucción de la maquinaria amarilla y las dragas, ojalá esto se mantenga. Pero no es un problema de Colombia, ningún país de la región ha logrado solucionar el tema de la minería ilegal. El alto precio internacional del oro es un gran incentivo”, dice Rodríguez.
El precio del oro superó recientemente su techo de 2000 dólares por onza. Incluso tiene ventajas frente al narcotráfico. “Tiene ventajas sobre la cocaína. Entra fácilmente en un comercio legal, no hay mayor trazabilidad”, explica Rodríguez.
El gobierno tiene un doble enfoque pues, además de la destrucción de la maquinaria, busca formalizar la actividad. En el marco de las negociaciones, el gobierno se mostró favorable a la propuesta de los mineros de crear un distrito minero en el Bajo Cauca, donde formalicen a los pequeños y medianos mineros para atenuar los impactos ambientales negativos.
Por su parte, Luis Alejandro Camacho, profesor e investigador de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes, en Bogotá, reconoce que el Ejecutivo tiene la voluntad de resolver la problemática de la minería ilegal, pero considera que aún falta una política estructurada sobre el tema. “Son esfuerzos aislados, no hay una estrategia como tal sobre la minería ilegal”, dice Camacho. Sobre la posible creación de un distrito minero, considera que “esta propuesta aún no se ha desarrollado (a profundidad)”.
Camacho cree que los mineros ilegales pueden acogerse a la normatividad colombiana. “Se debe acompañar a las comunidades, pero eso no se ha dado en Colombia. La minería puede darse con un buen manejo ambiental, con planes que deben ser aprobados para mitigar su impacto, para garantizar una restauración de los ecosistemas. Que cumplan reglas claras”, señala.
Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia, valora el esfuerzo del país en la formalización de los mineros mientras estos respeten la normatividad ambiental. “Se expidió la Ley 2177 de 2021 de bancarización minera y la 2250 de 2022 de formalización. Estas requieren reglamentarse y se deben resolver aspectos técnicos de compleja aplicación. Por otra parte, la sentencia del Consejo de Estado sobre la Ventanilla Minera —una política existente desde el gobierno de Juan Manuel Santos (2012-2018) que otorgaba títulos de manera ágil o exprés a los solicitantes— plantea la necesidad de buscar soluciones a la minería ilegal y a la legal”.
También considera que se requiere un compás de espera para evaluar a profundidad la estrategia sobre minería ilegal de la administración Petro. “Está en construcción, por lo que es prematuro conceptuar con propiedad sobre ella. Algunos elementos están siendo abordados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en los diálogos para modificación del Código de Minas o en diálogos regionales en contextos de minería”, dice, y reconoce que este gobierno y el anterior han buscado salidas al tema.
Para Cabrera, la solución debe tener en cuenta que el problema tiene múltiples causas, incluida la pobreza que lleva a los mineros a practicar la actividad. También dice que se deben perseguir a las cabezas de las redes de minería ilegal y señala que los grupos armados ilegales involucrados en la minería ilegal son el “Clan del Golfo, Los Pelusos, los Grupos residuales de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.
No obstante, el especialista comenta que la solución no puede ser solo militar, sino que debe ser integral e incluir programas productivos para los mineros. “Esperamos que este abordaje más integral arroje los resultados que no se dieron en el pasado, con operaciones como Artemisa para la deforestación, que no resolvieron la problemática y generaron profundo rechazo local”, asegura.
Mongabay Latam consultó al Ministerio de Defensa sobre la estrategia contra la minería ilegal, porque desde Presidencia nos remitieron a la entidad militar. Sin embargo, al cierre de esta publicación no habían respondido las preguntas.
El riesgo ambiental y los retos para la restauración
“Hay muchos focos de minería ilegal. En la Amazonía, en los límites con Brasil, en algunos casos en parques nacionales. También [en departamentos como] el Valle del Cauca y Chocó. También en el nordeste antioqueño. El país está invadido”, dice el exministro Manuel Rodríguez. Según los expertos con los que conversamos, también hay minería ilegal en Cauca, en Barbacoas, el departamento de Nariño. Asimismo, en el río Suratá en el departamento de Santander. En Buriticá, Antioquia y en la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar.
“Se presenta extracción ilícita de minerales en más de 28 departamentos en el país, con un promedio de 280 municipios anuales en donde se presenta la actividad, lo que corresponde a una cuarta parte del total de municipios de Colombia”, comenta Mauricio Cabrera de WWF. Y agrega que esta actividad “viene aumentando progresivamente y de manera preocupante en la Amazonía colombiana, en los departamentos del Amazonas, Putumayo, Vaupés y Guainía, poniendo en riesgo a poblaciones indígenas por los impactos que se generan”.
La situación del Bajo Cauca muestra, según los expertos, que la solución no es fácil en esa región ni en otras. La formalización tampoco es una fórmula mágica, dicen, ya que puede tener consecuencias graves sobre el medio ambiente. “Este gobierno tiene como meta la formalización, pero eso es volver legales muchas actividades que ambientalmente no son sostenibles. Lo cierto es que en muchas zonas donde está la minería ilegal nunca se otorgaría una licencia ambiental para ese tipo de actividad”, dice el exministro Rodríguez. “Lo que me produce escozor es que se puedan legalizar actividades que son profundamente dañinas para el medio ambiente”, agrega.
El académico Luis Alejandro Camacho considera que es posible una minería “sin uso de mercurio, sin cianuro”.
También llaman la atención sobre la necesidad de restaurar los ecosistemas degradados por la actividad. “Actualmente los ecosistemas están quedando destruidos y difícilmente podrán ser restaurados a futuro”, dice Camacho.
El problema que surge con la restauración es que hacerlo resulta caro. “La restauración es tremendamente costosa. ¿Quién la va a pagar? Restaurar el cauce de un río sería una inversión multimillonaria”, explica el exministro Rodríguez. Los expertos advirtieron sobre la alta contaminación con mercurio en peces y ríos donde se practica la actividad extractiva.
Publicado originalmente en: Mongabay
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