En uno de los primeros comentarios que me publicó El Nuevo Día, comparé dos hechos de 1997, sucedidos con una distancia entre ellos de solo días.
El primero ocurrió en Ermua, una población vasca de 15 mil habitantes, donde la organización terrorista ETA, el 10 de julio de tal año, secuestró a un concejal, Miguel Ángel Blanco Garrido, lo mantuvo cautivo hasta el 12 y le quitó la vida el 13 al no lograr hacer efectiva la demanda de agrupar en cárceles de Bilbao a un grueso número de sus militantes presos, que se hallaban dispersos por España.
Obvio que las protestas no se hicieron esperar: desde el momento mismo en que se supo del secuestro, los españoles se dedicaron a izar su indignación. Cuando se supo del asesinato, ya los protestantes se medían por cientos de miles. En la sola ciudad de Bilbao se congregaron más de 500 mil personas y, extendiendo el cálculo a toda España, el número rebasó la cifra de los dos millones 500 mil.
Qué gran diferencia con lo ocurrido en Colombia, municipio de Mapiripán, departamento del Meta, entre el 15 y el 20 de los mismos mes y año. Allí las hordas del paramilitarismo masacraron a 49 humildes campesinos, mientras sometían a sus habitantes a extremas condiciones de terror, pues tuvieron que ver cómo se llevaban a sus vecinos y escuchar sus gritos de auxilio cuando los torturaban y los desmembraban o les retiraban sus cabezas para jugar al futbol con ellas.
Los anteriores hechos los “tubo por probados” la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en Colombia hicimos mutis por el foro. ¿Alguien recuerda que se hubiera realizado alguna protesta ante tan dantesca tragedia? Ninguna, porque ya nos tenían anestesiados con más de 70 años de implacable violencia e inmerecido terror.
Mapiripán no fue la primera masacre de que tuviéramos noticia. Al momento de su ocurrencia ya sabíamos de muchos otros casos; de asesinatos selectivos y genocidios; de desaparecidos y torturados; de cortes de franela y motosierras. Y si algo nos negábamos a aceptar, era que tuvieran responsabilidad en estas criminales acciones, como lo declaró Mancuso ante la Jurisdicción Especial de Paz, empresas y entidades de la envergadura de Cocacola, Bavaria, Ecopetrol y Fedegán; o personalidades como Samper, Pastrana y Uribe. Tratándose de grandes cacaos de la economía y la política, con razón no ha operado la justicia.
Traigo a comparación los anteriores hechos para colegir hasta dónde nos hemos separado como pueblo de los principios fundamentales del humanismo y cómo se hace de necesaria una gran pedagogía social para recuperarlos. Para eso requerimos que salga avante el programa de Paz Total.
