El 9 de mayo 2015, en una reunión citada por el presidente de la junta de acción comunal del barrio Bajo Gualí, a la que el alcalde Mayer Aguirre fue invitado, la señora Blanca Cecilia Santafe Ríos fue atacada por el presidente de la junta, Carlos Humberto Beltrán, y su padre. La Policía Nacional, que estuvo presente, tuvo que intervenir y defender a la señora para evitar que esta situación llegara a mayores.
El asunto, según la denunciante, es porque ni ella, que es la fiscal, ni el vicepresidente ha renunciado a la junta por petición de estos señores Beltrán. Comenta la señora que todo hace pensar que es porque ellos no comparten con la administración municipal ni el alcalde Mayer Aguirre. La señora Blanca, cuando se dirigía a su casa, recibió una amenaza de un hombre que le salió al camino y la amenazó diciéndole que si quería vivir no anduvieran de noche.
Palocabildo solicita a la defensoría del pueblo que haga presencia en la zona, pues ante estas amenazas y la falta de presencia de las autoridades departamentales y nacionales existen pruebas sobre asuntos delicados que es importante aclarar. Ningún colombiano puede ser amenazado, y aunque existan diferencias intern,as el diálogo es la mejor forma de solucionar los conflictos.
Los últimos acontecimientos hacen pensar que la gente tiene miedo de que les pase algo por no estar de acuerdo con algunas políticas del alcalde Mayer Aguirre.
La señora Blanca teme por su vida, y aunque había recurrido a colocar la denuncia respectiva, hasta e l12 de mayo 2015, a eso de las 4 de la tarde, se la recibieron. Ella comentó las amenazas para que las autoridades tengan en cuenta que si le pasa algo ya se sabe a quién investigar.
Lo anterior también hace parte del desorden y la falta de autoridades serias en el municipio.
Desafortunadamente, para quienes creen en la democracia y el respeto institucional, las juntas de acción comunal parecen más politizadas, razón por la que los enfrentamientos para gestionar o pedir ayudas es parcializada.
Estos actos de intolerancia no conllevan a nada, razón por la cual la comunidad exige a gritos la presencia de los entes de control: al gobernador del Tolima, comandante de la Policía Nacional, Fiscalía y Sijín para que investigue sobre estas denuncias. El pueblo espera una veeduría ciudadana porque tienen miedo de que grupos extraños hagan presencia en el municipio para aplicar la ley por sus manos.
