Más de 35 mil uniformados ingresaron a la Policía antes del año 1994 con la promesa que dos décadas después, tras defender el reconocido lema “Honor y Patria”, recibirían su derecho al retiro remunerado por el resto de su vida. Pero no.
Las reglas se las cambiaron desde la Dirección Nacional de la Policía, el ministerio de Defensa y desde la Presidencia de la República. Su derecho a media pensión ya no se hace efectivo a los 15 años de servicio sino a los 20, de la misma manera el derecho a la pensión completa pasó de los 20 años de servicio a los 25. Los policías afectados demandaron y en el año 2012 el Consejo de Estado declaró la nulidad del parágrafo 2 del artículo 25 del decreto 4433 de 2004 sentenciando que el gobierno no puede modificar los tiempos de retiro.
Todo esto comenzó en 1994, en épocas del general Rosso José Serrano, cuando se le dio un giro al nombre de los cargos, se cambiaron funciones y se creó el ‘Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional’, remplazando al cuerpo de suboficiales.
Así, ya no se ingresaba como agente, o se entraba como cabo segundo para llegar a ser sargento mayor, sino como patrulleros de la Policía Nacional. En dicha carrera la línea de mando ejecutiva y de ascensos quedó así: patrulleros, subintendente, intendente, intendente jefe, subcomisario y comisario. Pero en lugar de llevar en alto la moral de estos hombres, las cosas se complicaron.
En el camino para legalizar el nuevo régimen pensional se comenzó a destapar, como dice el ex subteniente Daniel Neira “los grandes abusos de la Dirección de la Policía Nacional”. Lo primero que descubrieron los policías fue el infierno de los ascensos. En lugar de subir al cielo por estrellas los comenzaron a detener en un congelador que ha venido quemando la moral de todos estos hombres. De hecho las reglas quedaron de la siguiente manera: para ascender de patrullero a subintendente se deben cumplir cinco años de servicio; para ascender de subintendente a intendente cinco años más; -y aquí les metieron otro mico-, el de intendente jefe, un nuevo cargo en el que deben cumplir otros siete años más; después de intendente jefe a subcomisario, cinco años; y para llegar al tope, a comisario, otros cinco años de servicio. Haciendo sumas, el patrullero que quiera llegar a la cúspide de la línea ‘ejecutiva’, por lo menos debe permanecer 27 años en la institución.
Los policías se vieron forzados a aceptar dichos cambios en el tiempo de servicio que llegó de la mano del retraso en la llamada a curso de ascenso, que aunque es discrecional de los altos mandos, los agentes aspiran a que hayan reglas claras que no se puedan cambiar en el camino. Hay un caso que refleja el de cientos de los policías que se sienten congelados en el tiempo: el de Álvaro Forero.
Álvaro Forero entró hace 13 años como patrullero; si todo fuera justo, por lo menos Forero ya debería cargar sobre sus hombros las tres barras de intendente, pero nada. Sigue siendo patrullero, nunca lo han llamado para ascender y cuando lo ha solicitado, le ha ido peor, lo han mandado como castigo a zonas rojas del país.
Ahora Forero resignado recibe sin resentimientos y más bien con risas las burlas de sus compañeros, quienes le dicen “El Patrullero Forever”, o ser ríe del chiste que le inventaron: “primero asciende el patrullero de RCN que Forero”. Como este caso, miles. En Popayán por ejemplo existe el de un intendente quien prefiere proteger su identidad. Lleva siete años esperando que lo llamen a curso; a pesar de ser uno de los policías más reconocidos por su acción comunitaria donde hasta los propios oficiales obedecen sus órdenes, nunca ha recibido la feliz noticia.
Como si fuera poco, desde hace un par de años la institución se inventó un examen de tipo académico donde se convocan a 30 mil patrulleros de los cuales solo ascienden cuatro mil. Todo indica que estas posiciones de la Dirección Nacional son para economizar los recursos que representarían si se realizaran los ascensos como sus reglas lo indican. La respuesta del director, general Rodolfo Palomino, a los interrogantes de estos miles de policías fue: “Hay unas dificultades de orden presupuestal. El gobierno nacional ha hecho unos esfuerzos extraordinarios. Es nuestra preocupación el poder encontrar una solución a la franja del nivel ejecutivo para que esa expectativa, ojalá, se pueda cumplir”.
Pero el obturador que está a punto de hacer estallar una bomba al interior de la institución es el de la polémica por el tiempo de pensiones de más de 35 mil miembros activos.
En el año 2004 el Congreso de la República le entregó facultades al gobierno para que fijara el régimen de pensión entre los miembros de la Fuerza Pública. Así se creó la ley 923 donde el gobierno debía reglamentar los atributos a tener en cuenta para fijar los montos económicos con los cuales se podía pensionar un policía; era solo eso, fijar sueldos de retiro. Por ejemplo: si se establecían sobre el salario básico, si se tenían en cuenta los subsidios de alimentación, si las primas de servicio o de vacaciones entraban o no en la liquidación, Etc. Pero el gobierno de entonces aprovechó la circunstancia y metió un mico donde redefinió los tiempos de retiro. En este caso, como ya se mencionó, aumentó a 20 y 25 años el derecho de pensión de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Empero, el gobierno se extralimitó porque quien está facultado para decidir sobre el régimen de retiro es el Congreso, según demandan varios abogados del gremio en cuestión.
Pero los policías afectados demandaron y en el año 2012 el Consejo de Estado declaró la nulidad del parágrafo 2 del artículo 25 del decreto 4433 de 2004 sentenciando que el gobierno no puede modificar los tiempos de retiro. No obstante, la dirección de la Policía no se quedó quieta y fue el propio ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien firmó un nuevo decreto, esta vez el 1858 donde insistía en fijar el régimen de retiro a los 25 años, sin considerar la sentencia del Consejo de Estado sobre este punto. Así mismo, el secretario general de la policía, Ciro Carvajal justifica la acción administrativa aduciendo que están simplemente haciendo uso de un derecho que les da la Corte Constitucional.
De hecho, en un debate llevado a cabo en el Congreso, el senador Manuel Virgüez se refiere a que el gobierno no ha hecho otra cosa, a través de los decretos, que aplazar la decisión de un derecho adquirido: “Esto es una tomadera de pelo, una burla con el nivel ejecutivo de la policía. Hacen un decreto porque, claro, esto no es ilegal porque se presume que estos decretos tienen toda la fuerza vinculante. Pero esto no tiene presentación alguna, porque el Consejo de Estado ya les ha dicho que no pueden modificarlo, pero lo siguen haciendo”, rebatió el congresista.
El malestar es tal que puede volver la situación inmanejable para el director de la Institución. Cientos de policías que se quieren ir han optado por la desobediencia silenciosa: “¿Uno qué hace?: llegar a los operativos tarde. Evitar coger en flagrancia a ladrones, sicarios y demás delincuentes. Porque es que la Institución no le da moral a uno. Todos estamos desmoralizados”, dice un subintendente que prefiere omitir su nombre por tema las represalias.
El mismo policía del Cauca cuenta que: “Tengo compañeros que ya cumplieron su tiempo, se han unido a grupos o a especie de sindicatos, pero apenas se enteran en la Dirección lo que hacen es que los castigan. Acá los mandan para una estación en El Mango, al sur del departamento. Un matadero de policías donde han muerto en varios años más de 200. Esa estación, que es una casa de bareque sin protección alguna, ya la mandó a levantar un juzgado por sus condiciones, pero está es la hora que siguen mandando como castigo a compañeros para allá”.
En un grupo de la aplicación de mensajes What's App, denominado ‘Asignación de retiro’ haciendo alusión a la pelea por el régimen pensional, se cruzan mensajes más de 40 miembros activos de la Policía. Entre ellos cuentan por ejemplo que: “No solo se abusa por parte de la pensión, sino que nos miran como máquinas y no nos respetan el derecho a la familia. Lo triste es que después de más de veinte años de servicio en orden público lejos de la familia, y en espera de estar más cerca, nos alejan”.
Otro de los miembros del grupo afirma: “Para oficiales sí existe el decreto para pensionarse a los 15 y 20 años. Siendo esto un claro acto de discriminación y desigualdad. Para ellos desde sus oficinas no somos nada. Con todo y sus abusos, pero ahí si sacan pecho a la hora de nuestro trabajo en las calles y en los campos de Colombia, aguantando sol, agua y las inclemencias de la naturaleza”.
Los salarios del momento también los tienen desanimados: “Yo entré en 1993 a la Policía, ya cumplí los 20 años pero no me dejan pensionar. Es como un secuestro dentro de la propia institución. Soy intendente, un intendente se gana 2.400.000 pesos mensuales, y si miramos en el Ejército, un miembro con el mismo grado, por ejemplo un sargento, se gana 3.300.000, pero además ellos si van para delante, porque a ellos si los dejan ascender. Si yo asciendo, ¿sabe cuánto es el aumento?, tan solo 80 mil pesos. ¿Con qué moral uno trabaja?”, afirma otro de los entrevistados.
Todo indica, según otros testimonios, que la dirección de la Policía, desde hace dos años tiene prendidas las alarmas. Saben que de irse a paro, no solo los 35 mil efectivos que ya cumplieron su ciclo sino otros 30 mil patrulleros más que han visto los abusos a la hora de ascender, el país entraría en caos. Estos miembros del ‘Nivel Ejecutivo’ son la base que soporta la seguridad en todo el país.
“La estrategia del general Palomino ha sido la de venir realizando incorporaciones cada seis meses de cientos de nuevos patrulleros. Pero no hay ningún orden, no hay filtros. Van metiendo muchachitos al granel. Antes era un honor entrar a la Policía, pero ahora se entra solo con el cartón de bachiller. ¿Por qué?, porque saben que de una retirada masiva, la Institución se cae. ¿Y uno qué ve dentro de las guarniciones?: patrulleros viciosos, torcidos, corruptos y vagos”, dice una subintendente de Bogotá.
La moral está por el piso. Incluso se han venido creando grupos en la red social Facebook, donde dan cuenta de su malestar, en uno de ellos se lee: “Soy Yovanny Agudelo CC 113XXX00, por si necesitan la información completa para trasladarme, realmente creo que el derecho de los 15-20 lo tenemos ganado, mi intensión de retiro de la institución es por la forma en que nos maltratan los oficiales, que nunca firman una diligencia judicial, además utilizan todos los medios para el servicio como propios y los que tenemos que trabajar, debemos colocar dinero de nuestros bolsillos para sacar los casos adelante y lo irrisorio es que son los oficiales los que tienen todas las condecoraciones. Acabemos con esta farsa. La policía nacional del colombiano es la más grande empresa formada por oficiales que están violando los derechos de sus propios trabajadores. Si la PONAL no cumple las sentencias de las altas cortes, con qué cara le vamos a decir a la ciudadanía que cumpla. Señores oficiales. Eso se hace con el ejemplo”.
Frente a esta problemática que se presenta en la Policía, no existe una solución que deje a todos los sectores contentos, al punto que por ejemplo el abogado Daniel Neira, que litiga en favor de algunos grupos de policías, considera que una buena opción para obtener recursos para las pensiones seria reducir el número de generales, reducir el salario de los altos mandos y congelar los ascensos de los oficiales hasta que se organice el nivel ejecutivo: “es una propuesta que está llamada a no prosperar porque las directivas de la Policía jamás lo permitirían sin embargo nos gustaría conocer la opinión de la ciudadanía”, afirma Neira.
El general Rodolfo Palomino, la cúpula de la Policía y el ministerio de Defensa tienen una papa caliente en sus manos. De hecho esta semana se conoció un vídeo donde el propio general Palomino, quizá con temor por lo que se viene, conminaba a sus policías a no pelear jurídicamente por su retiro: “Les pido que no se dejen engañar por quienes les están pidiendo poderes para demandar esto (…). Lo único que les quiero decir es que no nos hagamos ilusiones, el hecho de ir a los 20 y 25 años es un privilegio que dentro de poco seguramente se va a desvanecer, no tardará el tiempo en que los nuevos que están ingresando van a 30 años. Esto es un privilegio, lo digo”, dijo el general mientras lo grababan quienes quizá están a punto se sublevarse y crear un caos nunca antes visto en Colombia.
El asunto no es de fácil solución porque no solo se crearía un hueco fiscal enorme de darse el cumplimiento de la demanda de los 35.000 policías, sino que el Estado tendría que responder por aquellas pensiones durante casi treinta o cuarenta años -si se tienen en cuenta los estudios de la esperanza de vida que hay en el país que llega a los ochenta años-. Pero, además, soportar económicamente el ingreso y sueldo de los otros 30 mil uniformados que deben entrar a remplazar a los que se quieren ir de la Policía Nacional de Colombia.
Vídeo general Rodolfo Palomino
Twitter autor: @PachoEscobar