La educación no empieza en la escuela, ni termina en la universidad. Y aunque es un derecho fundamental tutelado por la Constitución Política, el Estado no es el único responsable de su garantía. Son responsables la familia y la sociedad, y subsidiariamente, el Estado.
Pongo estos elementos de por medio, porque tal vez el problema más importante que padece la educación en nuestro país no es de presupuesto, sino de visión de desarrollo. El Ministro Carrasquilla lo ve como un gasto, los estudiantes, como una deuda histórica. Pero ninguna de las partes ha entendido que la educación es uno de los pilares del Estado Social de Derecho, tan fundamental en su carácter, que merecería un proceso constituyente especializado que obligara a desarrollar acuerdos entre sus garantes sobre una visión de muy largo plazo.
No existe, repito, un acuerdo fundamental ni una visión de lo que debe ser el rol de la educación en un proceso sostenible de transición hacia la paz, como sí sucedió, por ejemplo, en Sudáfrica. La educación, la construcción y el recogimiento de saberes en un territorio con la diversidad cultural de Colombia debería haber sido uno de los ejes articuladores del proceso de paz, ¡pero ni lo mencionaron!
Paradójicamente, la educación en Colombia es un diálogo de sordos sin mayor contenido.
Pero este no es un problema nuevo y, sin embargo, no se han escuchado muchas propuestas sustanciales y bien estructuradas. Lo que está claro es que ni el gobierno sabe lo que hace, ni el gremio educativo tiene claro su diagnóstico.
Fíjense en la posición de la ministra: repite en todas partes unos resultados sobredimensionados y unas metas falseadas por expectativas superficiales. Articula todo alrededor de un proyecto denominado el “Gen Ciudadano”, que promueve “la movilización social positiva”. ¿Qué pasa, ministra?, ¿es que la protesta no le parece una movilización social suficientemente positiva? Esos jóvenes furiosos no están alzados en armas. Existe un derecho a alzar la voz, a debatir enérgicamente. ESA es la definición misma de “movilización social positiva” muy a pesar de las concepciones radicales del ministro de Defensa que cree que toda protesta que no le conviene es subversiva. ¿Por qué no activa su “gen ciudadano” escuchando a quienes salen a la calle a decirle que no están de acuerdo?
La ministra repite en todas partes unos resultados sobredimensionados
y unas metas falseadas por expectativas superficiales
Ahora fijémonos en la posición de los representantes de la protesta: primero, ¿quiénes son? ¿A quién representan exactamente? Luego de escuchar todas las intervenciones, lo único claro es que no se sabe exactamente cuánto dinero necesita la educación pública. Cada uno cita cifras que no puede sostener y que no se entiende de dónde salen, o qué propósitos servirían. Algunas de esas cifras solo bloquean la discusión, como aquella de exigir 15 billones para saldar la “deuda histórica” con la educación. ¡Deuda histórica puede reclamarse con cada derecho formulado en la carta política! Tal vez sería más útil establecer, con un nivel suficiente de rigor, cuál es la canasta de la educación, es decir, cuantos puntos por encima de la inflación necesita anualmente la inversión en educación.
Pero esas anclas presupuestarias no tienen absolutamente ningún sentido si no se conocen las metas del proceso. Está claro, por ejemplo, que desde el punto de vista de los derechos humanos, la deuda más grande es con la educación inicial y la educación rural. Ese es el problema más urgente que hay por resolver, y en sí mismo, es una de las grandes barreras al desarrollo, pero parece que los niños no tienen dolientes.
Ahora, eso no significa que podamos seguir aplazando la atención a las universidades públicas que vemos, literalmente, cayéndose a pedazos y perdiendo toda relevancia por la rapidez con la que se están quedando atrás por falta de procesos de innovación y tecnología competitivos. ¿Cómo salir del enredo?
