La embajada de Colombia en España está dedicada a establecer contactos con los representantes de las empresas españolas en el país para tranquilizarlas tras la decisión de Gas Natural Fenosa de activar un arbitraje internacional luego de la suspensión de pagos a su filial Electricaribe. El embajador en España, Alberto Furmansky se ha reunido con Antonio Brufau, presidente de Repsol, en calidad de accionista de Gas Natural (la petrolera tienen un 20% de su capital) y planea reunirse con representantes de las demás empresas españolas presentes en el país: Telefónica, Mapfre, Indra, Aena y Sacyr.
La diplomacia colombiana está preocupada por los efectos de la reacción de la empresa española ante lo que considera una expropiación, afecte el proceso de aceptación de Colombia en el Comité de Asuntos Financieros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se dirime este año, pues no ayuda que con la presentación de este caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI), ya serían cuatro arbitrajes que se han solicitado contra Colombia en un año: Glencore en marzo de 2016 por la revisión de cálculo de las regalías aprobadas en otro-si al contrato de expansión del proyecto Calenturitas-Prodeco, América Móvil (Claro) en octubre de 2016 por la reversión de la infraestructura, argumentando que existió violación al tratado de libre comercio entre México y Colombia, y Eco Oro Minerals en diciembre de 2016 por el desarrollo minero en el páramo de Santurban, donde la Corte Constitucional declaró inexequible el Plan de Desarrollo 2014-2018 que permitía la explotación y exploración a las empresas que contarán con contrato y licencia ambiental, lo que según Eco Oro es una violación de las obligaciones adquiridas por el país en el vigente tratado de Libre Comercio con Canadá.
El presidente Juan Manuel Santos, ha considerado un éxito de su política, el proceso de adhesión a la OCDE emprendido en octubre de 2013, puesto que es un sello de calidad a las políticas públicas y que daría un prestigio internacional a Colombia. Algo que parece se complica, con la negativa percepción de la seguridad jurídica y la protección a la inversión extranjera que se presenta ante el CIADI.
