Esta semana que pasó terminó el periodo de ocho años en la Corte Constitucional del magistrado Jorge Iván Palacio y nos hará mucha falta.
Con él también se ha ido el magistrado Luis Ernesto Vargas y en abril terminará la magistrada María Victoria Calle, una terna progresista en el más alto tribunal del país. Todas esas ausencias, se sentirán, sin duda, en el momento en que el máximo tribunal del país debe revisar todas las reformas constitucionales y legales producto de la implementación de los acuerdos de paz, en especial las producidas a través del llamado fast track.
Del doctor Palacio, abogado laboralista paisa, sencillo y con gran don de gentes debemos reconocer su papel en decisiones que cambiaron las condiciones laborales de muchos trabajadores, extendieron el alcance del derecho constitucional del trabajo y también protegieron a minorías excluidas y olvidadas por nuestra sociedad.
Aunque no pueda decirse que los derechos se realizan solo porque lo dicen los jueces, estos ocupan un lugar determinante a la hora de protegerlos o ignorarlos. Jorge Iván Palacio estuvo en la Corte Constitucional para lo primero. Que alguien proveniente de una de las regiones más conservadoras del país nos diera tamaño ejemplo de las posibilidades de interpretación progresista de la Constitución es un gran aliciente, sobre todo en momentos en que parece que el alto tribunal ha empezado a ser cooptado por la clase política y las nuevas elecciones, que debe hacer el Senado de la República de los nuevos magistrados, pueden convertirse en barata moneda de cambio electoral.
A pesar de nuestra sociedad conservadora y lo politizada que suele estar la rama judicial, el magistrado Palacio permitió el avance de posturas en muchos temas que mejoran las condiciones de tantos históricamente excluidos de derechos y que en algo nos hacen una sociedad más moderna, democrática e incluyente.
Palacio permitió el avance de posturas en muchos temas que mejoran
las condiciones de tantos históricamente excluidos de derechos
y que en algo nos hacen una sociedad más moderna, democrática e incluyente
Palacio fue ponente de polémicas decisiones sobre los derechos de las minorías sexuales. Le dio el sí a la adopción en parejas del mismo sexo sentencia ganada por un estrecho margen en la Corte Constitucional. De la misma manera defendió el matrimonio de parejas del mismo sexo en abril del año pasado y con ello permitió que Colombia se convirtiera en el país número 23 del mundo en el que los homosexuales pueden casarse.
Además de eso, promovió importantes regulaciones a la megaminería. Ha manifestado abiertamente su posición contra el fracking y sobre la necesidad de que el país avance hacia una cultura de protección ambiental. Buscando lograr el entendimiento necesario para proyectar sus decisiones, magistrados como él, no se quedaron en sus despachos de Bogotá, sino que fueron, por ejemplo, hasta la selva amazónica para escuchar a las comunidades demandantes de protección y así poder resolver una tutela que enfrentaba a una minera canadiense y a 19 grupos indígenas ancestrales.
Jorge Iván Palacio no tuvo miedo de proponerle a la Corte declarar inexequible el acuerdo sobre bases militares con EEUU, como en efecto fue decidido mediante el auto A-288/10. Coordinó la Sala Especial de Seguimiento en salud a la tutela T-760 de 2008 que ha advertido el grave deterioro del sistema de salud en nuestro país y que lo llevó, por ejemplo, a visitar el Chocó el año pasado para verificarlo sobre el terreno.
Ha defendido la tesis que sostiene que las reformas constitucionales pueden rechazarse por sustitución de la Constitución y ha votó a favor de hundir la reelección presidencial, los actos legislativos que pretendían modificar la carrera administrativa y el conflicto de intereses de congresistas. Hasta el último momento de su paso por el máximo tribunal defendió los acuerdos de paz de La Habana y su constitucionalización.Votó en contra de la tortura animal y particularmente en la decisión que ordenó al congreso a legislar sobre las corridas de toros, so pena de prohibirse.
Hasta el último momento de su paso por el máximo tribunal
defendió los acuerdos de paz de La Habana y su constitucionalización
Su actuación en el campo del derecho constitucional del trabajo ha sido prolija, profunda e innovadora. Recientemente participó de la creación del derecho al fuero de maternidad extendido a compañeros o compañeras de la madre gestante y en 2011 fue ponente de la sentencia que dejó en firme los reintegros de los trabajadores de Ecopetrol S.A. despedidos durante la huelga de 2004. En esta última sentencia, además de ordenar al congreso legislar sobre el derecho de huelga para los trabajadores petroleros del país, confirmó la tesis de que las recomendaciones de la OIT son de obligatorio cumplimiento por el Estado colombiano. También existen sentencias del magistrado sobre estabilidad laboral reforzada y el debido proceso en las relaciones laborales.
Aunque, como era de esperarse, no todos los debates en favor de los menos favorecidos pudo ganarlos, vale la pena destacar algunos de sus salvamentos de voto, como los de las sentencias SU-555, la C-593 y la C-794, todas del año 2014. En la primera Palacio, junto con los magistrados que se retiran con él defendieron el derecho de negociación colectiva arrebatado por el acto legislativo 01 de 2015 que derogó el derecho a negociar aspectos pensionales. En la segunda, los mismos magistrados consideraron que la discriminación que había en materia de tercerización laboral en el artículo 34 del código laboral no era constitucional y en la tercera propusieron que el sector petrolero no es un servicio público esencial y que por lo tanto la ley no podía prohibir la huelga en ese sector económico de la sociedad.
Basta con este corto recorrido por la jurisprudencia constitucional en la que Palacio intervino, para encontrar que fueron siempre los excluidos y los trabajadores los beneficiarios de su laborioso paso por la Corte Constitucional.
Necesitamos en la Corte Constitucional (aunque más en la Corte Suprema de Justicia) juristas que le apuesten a los derechos de las mayorías excluidas, abogados convencidos del orden constitucional de 1991 y del desarrollo del Estado Social de Derecho. Esperamos que las ternas presentadas por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado sean conformadas por defensores de la constitución, de alta calidad moral, profesional e independencia. La sociedad civil debe hacerse parte de este proceso activamente.
La Corte Constitucional debe, más que nunca, ser guardiana de los derechos del pueblo colombiano, muchos magistrados de diversas disciplinas jurídicas y corrientes ideológicas han cumplido con lujo esa misión. El remplazo de los magistrados que se van de la Corte será un reto para sus nominadores y electores, es necesario seguir avanzando.
Buen viento y buena mar al Dr. Jorge Iván Palacio, ejemplo admirable de coherencia.
