Cada día que pasa constatamos que el señor Maduro y los demás miembros de su régimen están decididos a mantener su dictadura comunista y su sistema de terror policial sin importarle los medios. Eso no es ninguna sorpresa, puesto que se trata de un régimen represivo, violento y enormemente cruel, que no muestra tolerancia alguna con la competencia política. Maduro no tiene tiempo para unas elecciones libres y limpias. Solo pasa por la charada. Esa es la verdad del asunto. Maduro y sus secuaces incumplen claramente los criterios respecto a una sana democracia debido a la ausencia de los derechos básicos de libertad de reunión, asociación y expresión, a las carencias humanitarias y democráticas, al uso arbitrario del poder estatal, a las numerosas detenciones y a problemas en lo referente a los derechos humanos y su supresión.
Las buenas noticias, sin embargo, son que el presidente usurpador y su régimen paranoico ya no disfrutan del apoyo entre la población general ni de la legitimidad y la aceptación por parte de la comunidad internacional. Las manifestaciones pacíficas que han congregado decenas de miles de ciudadanos manifestando su deseo de vivir en libertad, democracia y liberarse de las garras de la dictadura y que han hecho frente a la brutalidad —a pesar de las amenazas por parte del régimen, la ira de las milicias y los servicios secretos— son la prueba de la consolidación de fuerzas pluralistas en el país, y este es un avance positivo en este sentido. Estos acontecimientos constituyen un grave revés para aquellos que no están familiarizados con los principios de la libertad y la democracia. Los valientes ciudadanos en Venezuela están escribiendo la historia de su país. Lo están haciendo al derribar el muro de miedo y apatía que reinaba en Venezuela. Ya se han dado los primeros pasos, pero deben ser considerarse meramente iniciales. Eso, por supuesto, plantea la cuestión de qué hacer a renglón seguido.
Los venezolanos están esperando una expresión de solidaridad política de la comunidad internacional. Esto lo pidió el “presidente ad interim”, Juan Guaidó, que ha sido reconocido como un socio democrático por los líderes políticos de la comunidad internacional (por una mayoría abrumadora de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de la Unión Europea). La solidaridad política no es simplemente hacer declaraciones políticas, sino que también incluye la necesidad de formar una coalición inicial de potencias occidentales (incluyendo la OTAN) para intentar presionar al régimen y que, finalmente, se doblegue y caiga. Por esta razón, podría ser deseable proclamar abiertamente y hacer saber a nuestra ciudadanía que no aceptamos que una dictadura siga teniendo atenazado a ese hermano país. Lo que está ocurriendo en Venezuela nos atañe porque está ocurriendo en casa y podría ser peligroso para toda la región.
A la luz de estos graves problemas, nada tendría de extraño la intervención militar, el aislamiento de las autoridades en el poder y el embargo de armas con el fin de liberarse del régimen dictatorial y violento que le fue impuesto durante más de 20 años al pueblo venezolano, y en particular que Maduro pueda ser capturado y juzgado de acuerdo con el derecho internacional y aplicar las sanciones que afecten a los funcionarios del régimen y a los responsables de la violación de los derechos civiles y las libertades democráticas. La intervención militar puede surgir en respuesta a la represión del gobierno hacia los manifestantes que protestan en distintos lugares del país, exigiendo reformas democráticas, el ingreso de la ayuda humanitaria y a las necesidades de la población en el sector sanitario, así como a proteger de la represión a las fuerzas contrarias al régimen y a sus líderes.
La liberación del pueblo venezolano constituye el libre camino para un nuevo comienzo pacífico en el país. Comparto la opinión de que el gobierno estadounidense presione a la ONU para que autorice el uso de la fuerza contra las fuerzas leales a Maduro y solicite al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobar una resolución por la que se autorice la adopción de todas las medidas necesarias para "proteger a la población civil" y el establecimiento de una zona de exclusión aérea (muy similar a la Resolución 1973 a favor de la población líbica y contra el régimen de Gadafi). Desde luego no resulta aceptable que algunos países latinoamericanos y el mismo Vaticano continúen imperturbables sin siquiera pestañear su política de diálogo o “neutralidad positiva” con el régimen de Maduro, mientras se sigue violando flagrantemente los derechos humanos. Cualquiera que continúe apoyando incondicionalmente a Maduro y su dictadura no puede ser tomado por un socio serio de la América Latina.
Hemos de ser conscientes de que el propio dictador piensa que cuenta con el apoyo de patronos influyentes y amigos poderosos en el Kremlin, en China, en Irán y otros países. Hemos de ser conscientes de que la clave para resolver la situación en Venezuela no debe buscarse solamente en la propia Venezuela, sino que radica también en convencer a las autoridades citadas de que nosotros, como ciudadanos de la América Latina, consideramos a todas luces inaceptable la intromisión en los asuntos internos por parte de potencias extranjeras en el continente Americano, en particular contrarias a la Carta Democrática Interamericana y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ("América para los americanos"). Ahora bien, que nadie se llame a engaño: hemos de acudir en ayuda de estas fuerzas democráticas venezolanas que luchan contra Maduro y sus secuaces. La Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen que apoyar claramente a partir de ahora solo a las fuerzas democráticas de la oposición, al presidente ad interim”, Juan Guaidó y a las asociaciones ciudadanas y la sociedad civil. Muchas gracias por su atención.
