Aquí se trata, efectivamente, de la falta de democracia y libertades, de una situación negativa de los derechos humanos, de una incipiente lucha contra la opresión, pero también de la usurpación ilícita del poder, de la ocupación extranjera y de una dictadura de izquierdas carente de mandato. Se trata además de un bloqueo genocida, de elecciones presidenciales fraudulentas, de una invasión mercenaria ilegal de territorios soberanos y de la violenta represión de manifestaciones pacíficas. Sin embargo, al mismo tiempo se trata de la dignidad y la resistencia frente al agresor y fuerza para exigir justicia, del coraje que la gente está mostrando sin abastecimiento de agua, electricidad o suministros médicos, incluidos niños, mujeres, personas mayores y discapacitados, recordando que ante todo y sobre todo se trata de un pueblo que se le ha denegado la libertad y los derechos básicos y se reprime con violencia su lucha pacífica, así como de constantes actos de censura graves, del persistente desprecio del derecho internacional y de ocupantes agresivos cuyas actividades cotidianas locales se granjean el odio. Lo que vemos ante nosotros es un país ocupado y el rechazo total hacia la legislación internacional.
De hecho, sabemos de sobra que algunas potencias hegemónicas a costa de los valores democráticos protegen allí los intereses de las grandes empresas petroleras y otras estrechamente vinculadas al gobierno y a sus intereses nacionales se atribuyen hoy el derecho unilateral de intervenir repetidamente en los asuntos internos, tomando como pretexto la cooperación militar bilateral en Venezuela o con otros beneficios políticos en mente para conseguir el control sobre sus recursos naturales. Esto supone una auténtica intromisión extranjera en los asuntos internos de otros países. En la declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados y en la declaración y programa de acción de Viena se reconoce que toda medida destinada a quebrantar parcial o enteramente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Sin embargo, es asombroso esa parcialidad y sumisión de la Secretaría de las Naciones Unidas y de otros países latinoamericanos, que continúan aludiendo a los “buenos oficios”, en lugar de adoptar medidas para obligar a estos gobiernos ocupantes a retirarse de territorios soberanos de Venezuela. Todos han de entender que esta es una cuestión delicada Esa ocupación ilegal y el infierno de la dictadura comunista representan una verdadera amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región en su conjunto. La comunidad internacional ya no puede hacerse la vista gorda ante la conculcación de los derechos de este pueblo. Tiene el deber de condenar de la manera más enérgica el avasallamiento del más débil y más pequeño, de dar una respuesta al asunto de la ocupación y la aplicación de una política de colonialismo por parte de la Federación Rusa y otros países de territorio soberano venezolano y de una dictadura de izquierdas. Esta situación perjudica la seguridad internacional puesto que no es posible prever qué país será el próximo blanco de un comportamiento que realmente no favorece la cooperación entre los pueblos y las naciones.
El derecho a oponerse a las violaciones de los derechos fundamentales y luchar para librarse de la ocupación extranjera es un derecho natural e inviolable de todos los seres humanos, de todos los pueblos y de todas las naciones y no puede equipararse a una agresión militar. El presidente encargado tiene el derecho de oponerse a la agresión, ocupación e injerencia extranjeras y a luchar por su soberanía, su independencia y la dignidad de la población (Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993), así como a defender sus intereses nacionales y su integridad territorial, y el derecho de los venezolanos a regresar a sus hogares y propiedades (resolución 3236 (XXIX)). El derecho a oponerse a la ocupación extranjera es un derecho inviolable que está consagrado en el derecho internacional y consuetudinario, porque el derecho a la libre determinación es un derecho elemental dispuesto en los dos pactos internacionales de derechos humanos y una condición necesaria para el disfrute de otros derechos y libertades fundamentales. El derecho a la libre determinación entraña que se esté libre del colonialismo y denota el derecho de los Estados a determinar su estatus político y tener la libertad de procurar su desarrollo político, económico, social y cultural. Asimismo, en la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General se confirman los derechos de los pueblos y las naciones a la soberanía permanente sobre sus propios recursos naturales.
Exigimos que de verdad se ponga fin a la usurpación ilícita del poder, a la ocupación extranjera, a los brutales crímenes y al sufrimiento del pueblo, al que se debe otorgar la libertad mediante el derecho inalienable a la libre determinación; la inmediata y total eliminación de esta situación inaceptable injusta e insostenible, brutal, inhumana e inmoral. El derecho a la existencia y a la seguridad del Estado de Venezuela nos interesa mucho, lo exigen nuestros valores, nuestra conciencia colectiva humanitaria y nuestra democracia liberal occidental, dignidad que compartimos con todos los seres humanos de la Tierra, pues de lo contrario estaremos acabados. Por eso, queremos decir ¡basta! Basta de ocupación y de una dictadura de izquierdas y sus presuntos simpatizantes. Basta de esta violencia, agresión, dominación e inestabilidad. Rechazamos esa actitud inaceptable que viola los principios fundamentales del derecho internacional y es un ejemplo evidente de injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
Ya somos muchos los que exigimos que se ponga fin al colonialismo y la ocupación extranjera en Venezuela de forma rápida e incondicional, de atajar la violencia y de adoptar todas las medidas necesarias para restablecer plenamente los derechos políticos, y en particular que se niegue toda impunidad a agresiones criminales como las llevadas a cabo por maduro y sus secuaces, donde se están cometiendo los peores abusos de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, torturando y hasta asesinando a dirigentes y activistas políticos falsamente acusados. Esto también plantea serias inquietudes respecto de los derechos humanos. Aun así, con todo y que al parecer la paz y la estabilidad están más próximas que en cualquier otro momento en épocas recientes, los Estados Unidos y la Otan instan a la dictadura a dejar que su ciudadanía ejerza su derecho a la libre determinación en elecciones libres y justas, y a Rusia a sacar a sus militares de Venezuela, y los ministros de exteriores del G7 y la Unión Europea piden elecciones presidenciales “libres, transparentes y creíbles. Estamos seguros de que la población de Venezuela no renunciará por ningún motivo a su derecho a la libertad, autonomía y autogobierno, a reestructurar y reconstruir su economía y sus instituciones y a encarar los retos de la proliferación de las actividades militares con fines de lucro o el surgimiento paralelo de una industria privada internacional de guerra sobre los mercenarios (E/CN.4/2005/14).
