Que el presidente de Venezuela es un dictador es una opinión que goza de una rara unanimidad en Colombia. Indiscutida e indiscutible entre los columnistas que cubren todo el espectro ideológico y político, de Salud Hernández a Antonio Caballero pasando por María Isabel Rueda o Antonio Morales Riveira, todos a una, como en Fuenteovejuna, coinciden en (des)calificar de esta manera a Nicolás Maduro. Entre la dirigencia política, tres cuartas partes de lo mismo: de Iván Duque a Jorge Robledo, pasando por todo aquel líder político al que ofrezcan la posibilidad de decir algo en público, la unanimidad es igual de completa y sorprendente. Porque bien se sabe que, en prácticamente cualquier otro tema, las diferencias entre todos los mencionados son intensas y con frecuencia sangrantes. Esta milagrosa unanimidad reclama con carácter de urgencia un análisis de politólogos y especialistas en técnicas y estrategias de persuasión social que saque a la luz sus motivos. Que yo, sin embargo, no voy siquiera intentarlo, porque lo que me interés decirle a esta Colombia unánime es que no son legítimos ni democráticos ni la actitud política ni los métodos con los que pretende liberar a Venezuela de Nicolás Maduro. Empiezo por la actitud política, que es de una fiera beligerancia. Se está tratando al gobierno de Maduro como a un enemigo mortal, al que hay combatir sin tregua ni cuartel y sin que importen los turbios o los violentos que sean los medios empleados para lograr su derrocamiento. Colombia, desde su independencia, no ha mantenido una actitud tan beligerante ni siquiera cuando los Estados Unidos de América promovieron la independencia de Panamá. O lo invadieron a fines del siglo pasado. No la mantuvo con respecto a la dictadura de Pinochet y no la mantiene con respecto al gobierno de facto surgido del reciente golpe de Estado en Bolivia.
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La ley del más fuerte o las coaliciones ´ad hoc´ de países, por más numerosas que sean, carecen de fuerza legal
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Esta incomprensible actitud beligerante explica que el gobierno de Colombia haya tomado decisiones políticas con respecto a Venezuela que violan el principio de no intervención en los asuntos internos de un país, reconocido por la Carta de las Naciones Unidas. Que tiene antecedentes tanto en los 21 puntos del Plan de paz presentado por el presidente Wilson en la Conferencia de Versalles de 1919, como en la admirable sentencia de Benito Juárez: “El respeto del derecho ajeno es la paz”. Principio que Colombia ha violado flagrantemente reconociendo como presidente del país hermano al diputado Juan Guaidó, pasando por alto el hecho de que ni la Constitución ni las leyes venezolanas le otorgan la facultad de autoproclamarse presidente en un mitin callejero. Cierto: se lo otorgan a la Asamblea Nacional, pero solo en ausencia absoluta del presidente de la República, que no es el caso, como el sainete de la extradición de Aida Merlano ha venido a demostrar con fuerza una vez más. Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela y cuenta con el respaldo de la administración pública, el poder judicial, las fuerzas armadas y la mayoría de los partidos políticos venezolanos. Y este hecho no lo cambia ninguna decisión del presidente Trump, por muy inconmensurable que sea su poder, ni porque no sé cuántos países digan que no reconocen la presidencia de Maduro. La ley del más fuerte o las coaliciones ad hoc de países, por más numerosas que sean, carecen de fuerza legal. Dura lex sed lex.
Si en realidad la Colombia unánime desea ardientemente el fin de la dictadura de Maduro lo que tiene que hacer es apoyar a quienes aceptan las vías democráticas y pacíficas para lograrlo. Que dicha Colombia apoye a los partidos de oposición que se sometan al calendario electoral actualmente vigente en Venezuela y participen en las elecciones a la Asamblea Nacional y las elecciones presidenciales previstas. Y exija al gobierno de Venezuela que en el Consejo Nacional Electoral estén representados dichos partidos y que ambas elecciones se realicen bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Lo otro, insisto, es intentar derrocar una dictadura con métodos antidemocráticos e ilegales. Y abrir la puerta a la guerra civil o una intervención militar extranjera.
